Las preguntas que el alcalde no responde sobre el gran pelotazo urbanístico de Palma

PalmaEl pleno de Cort de este jueves ha estado marcado por la tensión y los reproches de los vecinos a un equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, con el alcalde Jaime Martínez al frente, que no ha sido capaz de concretar cuáles serán las principales afectaciones en Ciudad de la Ley de obtención de suelo, una norma que abre las puertas a un gran pelotazo urbanístico en Palma. La sociedad civil ha puesto en duda que esta ley sirva para generar vivienda asequible y ha dejado patente el gran malestar que genera la pérdida de suelo rústico.

¿Cuál ha sido la participación del equipo de Gobierno de Cort en el dibujo de una ley que implica la mayor transformación territorial en la historia reciente de la ciudad?

La pregunta la ha formulado Joan Casanovas en nombre del GOB. Es una de las cuestiones que la sociedad civil ha planteado y que pone de relieve la indignación ciudadana, tanto por el fondo de las medidas como por las formas, ya que no ha habido ningún debate previo con los representantes de los ciudadanos. Este vecino de Son Sardina ha expresado el sentimiento de miles de vecinos de las barriadas periféricas de Palma, que no entienden por qué, de repente, su entorno privilegiado, el pulmón de la ciudad, quedará recalificado de forma automática para hacer edificios de pisos.

Los vecinos consideran que habría que clarificar –una cuestión políticamente relevante– quien ha pisado tanto por hacer del suelo rústico de Palma un terreno urbanizable por decreto, sin ninguna de las tramitaciones que establece la legislación. Una recalificación en toda regla que vulnera los principios de la planificación territorial, como han recordado en el equipo de gobierno en diferentes intervenciones. Inicialmente, el Decreto ley de Marga Prohens sólo hacía referencia a intensificar los suelos urbanizables de Palma, pero a petición de Vox se incluyó también el suelo rústico, a partir de las conocidas áreas de transición.

¿Quién está detrás de esta petición de Vox, hoy con rango de ley? Vecinos y ciudadanos sospechan de un papel destacado del alcalde de Palma en el dibujo de este modelo. En cualquier caso, la pregunta tiene que ver también con un aumento de valor exponencial, de miles de millones de euros, que beneficiará a los propietarios de fincas rústicas, hoy perseguidos por las promotoras talonario en mano.

Ésta, junto con el incremento de la edificabilidad del suelo urbanizable de Palma, son las dos propuestas de la Ley que PP y Vox aprobaron en el Parlament para acabar con el problema de la vivienda en Palma, contra las que han cargado los colectivos ciudadanos que han intervenido en el pleno municipal, además de la oposición. El pleno de julio no ha aprobado la aplicación de la norma –no es de aplicación directa, sino que los ayuntamientos deben adherirse a ella–, aunque el debate político no se ha hecho esperar.

En todo caso, las preguntas ciudadanas y las espetadas por la oposición no han recibido ninguna respuesta clara por parte ni el alcalde ni del concejal de Urbanismo. "La izquierda no hizo casi nada por promover la vivienda pública", ha defendido el concejal Óscar Fidalgo, una reflexión que no ha apaciguado la indignación ciudadana y política.

¿Por qué se reúnen con promotores y no con los vecinos?

El Gobierno y los responsables municipales se reunieron desde el primer momento del mandato con constructores y promotores bajo el pretexto de resolver el problema de la vivienda, que ya ha alcanzado el estatus de emergencia. Pero los vecinos se piden cómo antes de aprobar una normativa tan importante, que creará miles de pisos en el suelo rústico y que aumenta un 45% la edificabilidad de lo urbanizable, no se han hecho reuniones para pedir propuestas y opiniones a los principales afectados: los residentes.

La constatación de que esta normativa es una pilotada urbanística –"la mayor pilotada urbanística", en palabras de Joan Casanova– es inevitable, porque los responsables municipales ni siquiera se han molestado en escenificar algo tan elemental como la participación ciudadana. Se sacrificará suelo que era para equipamientos para hacer pisos –la mitad de ellos de precio libre en el caso del suelo urbanizable– y el campo, que es el pulmón verde de la ciudad, sin que los vecinos hayan podido dar su opinión ni aportar otras soluciones al problema de la vivienda.

¿Cómo afectará realmente al suelo rústico?

Una de las grandes preguntas sin contestar en el debate municipal ha sido cuántas hectáreas y cuánta población podrá albergar la periferia de Palma gracias a la nueva ley. Según MÁS por Palma, 142.000 personas. Pero el concejal Óscar Fidalgo ha intentado rebatir a los ecosobiranistas y al PSIB y les ha acusado de realizar cálculos precipitados. "La señora Truyol ha manejado tres cifras distintas en poco tiempo", ha dicho sobre la portavoz de MÉS por Palma, Neus Truyol.

La norma obliga a cumplir determinados requisitos y no todo el suelo rústico se puede edificar, pero ni Jaime Martínez ni su concejal de Urbanismo han concretado ninguna cifra, porque "los técnicos municipales necesitan mucho más tiempo para llegar a una conclusión". Ahora bien, en ningún momento negaron que el suelo rústico de Palma se llenará de edificios.

¿Por qué hacen caso a promotores y aparejadores y no al Colegio de Arquitectos?

Estos días los colegios de aparejadores y de arquitectos han discrepado, después de que estos últimos criticaran con contundencia el uso del suelo rústico cuando el término tiene suficiente suelo urbano y urbanizable. El decano de los arquitectos técnicos defendió que, si es necesario construir en suelo rústico, deberá hacerse para conseguir más vivienda "para los jóvenes".

El Colegio de Arquitectos insistió en la importancia de establecer un modelo de ciudad y de territorio y no acumular personas sin ninguna clase de planificación. Por este motivo, también criticaron que la Ley de obtención de suelo ignore los planes generales y recalifique terrenos a toda velocidad en aras de la creación de vivienda.

¿Tendrá Martínez el apoyo imprescindible de Vox para urbanizar el campo de Palma?

La Ley de obtención del suelo establece que los ayuntamientos deben decidir si quieren sacrificar suelo rústico, aunque tengan suelo de otras tipologías disponible. Hace unas semanas, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma Fulgencio Coll anunció que no aceptaría que hubiera pisos en suelo rústico mientras la ciudad no agotaba su suelo urbano y urbanizable.

La intervención de Coll sorprendió porque precisamente fue el partido de extrema derecha quien exigió a Prohens poner el suelo rústico dentro de la ley. Según fuentes conocedoras, Vox Palma recibió llamadas de votantes de barriadas de la periferia palmesana preocupados por una medida que saturará y congestionará zonas tradicionalmente tranquilas, como Son Ferriol y Son Sardina.

En el pleno de este jueves había una gran expectación sobre la postura de Coll. El portavoz de Vox dejó claro que no cambió de opinión y que Palma deberá agotar primero el suelo urbano y urbanizable. Esta posición de Vox preocupa al PP de Cort y al alcalde, según ha podido saber el ARA Baleares. Habrá que esperar a que la aplicación de la ley se lleve a aprobación en comisión y por pleno para comprobar en qué queda, pero de momento Martínez tiene un frente importante con esta cuestión.

¿Cómo se pueden ceder solares municipales a promotoras que cobrarán alquileres de 1.500 euros?

Otra pregunta formulada con indignación por los representantes vecinales en el pleno ha sido la cesión de seis solares municipales para realizar alquileres que, pese a ser supuestamente a precio limitado, rozan los precios de mercado, según denunció el PSOE. Aunque la concejalía de Urbanismo explicó al ARA Baleares que "las cifras que ha aportado el PSOE son incorrectas", la lectura de los pliegos de esta puja ha preocupado mucho a los ciudadanos.

Según ha denunciado el PSOE, los alquileres costarán entre 1.000 y 1.600 euros, ya que incluyen incluso el coste del IBI que deben pagar los inquilinos, así como los costes de comunidad, que pueden alcanzar los 233 euros mensuales. Según el portavoz socialista, Xisco Ducróss, "es una verdadera vergüenza calificar estos alquileres como públicos".

La Concejalía de Urbanismo insiste en que el IBI no se cobrará y que los precios se han aumentado por parte de la oposición para exagerar la realidad. Lo cierto es que se ha aprobado la cesión de los seis solares con el voto del PP y Vox y la indignación de los representantes vecinales presentes. La concejala de Podemos Lucía Muñoz ha dicho que "gobiernan para los poderosos".

¿Qué pasa con el agua?

Oposición y vecinos han hablado en genérico de recursos naturales, y hay uno, el agua, que sigue siendo un misterio. Tal y como avanzó el ARA Baleares, los números no cuadran porque los informes municipales que se elaboraron para la aprobación del Plan de ordenación urbana hablaban de falta de agua a partir del año 2027. Y esto calculando un crecimiento razonable, sin que se hubiera aprobado una ley que permite incrementar en un 45% el número de personas que vivirán miles, en el suelo rústico. Muchas preguntas todavía sin responder.