¿Qué nos jugamos los isleños en las elecciones de la Vivienda?

PalmaHay un antiguo cuartel militar en Palma que lleva más de dos décadas esperando convertirse en viviendas públicas. Es Son Busquets, un inmenso solar de propiedad estatal donde hoy hay previstos 831 viviendas protegidas. 20 años de anuncios, proyectos y discusiones entre administraciones que no han servido para poner los pisos a disposición de la ciudadanía. Mientras tanto, la vivienda ha pasado de ser un problema importante a convertirse en una emergencia social.

Es una imagen de lo que nos jugamos los isleños en unas elecciones generales marcadas por la crisis de la vivienda. También de lo poco que hemos conseguido resolver, independientemente de quién haya gobernado en Madrid, en el Consolat de Mar y en Cort. Porque en Son Busquets hay competencias estatales, autonómicas y municipales. Y lo que no hay son pisos.

“En Son Busquets hace dos décadas que hay un proyecto para hacer allí viviendas públicas”, lamenta el jurista y exdiputado Josep Melià. Considera que el caso resume hasta qué punto las Baleares tienen poco peso en Madrid, donde los grandes partidos estatales no siempre sitúan las necesidades de las Islas entre sus prioridades. Pero Melià tampoco perdona la inacción de las instituciones propias. Señala que el Ayuntamiento de Palma ha sido incapaz de aprobar el planeamiento urbanístico necesario y recuerda que, cuando era diputado, reclamó una ley específica para desbloquear el proyecto.

“El Gobierno fue bueno para hacerle una ley a Rafael Nadal”, reprocha, en referencia a la norma aprobada en 2012 para facilitar la construcción del Centro internacional de tenis de Manacor. Aquella ley no es una simple anécdota. La exposición de motivos reconocía que los trámites urbanísticos ordinarios no avanzaban y que hacía falta una ley para dar un impulso decisivo al proyecto. El Parlamento aprobó una norma específica que establecía las condiciones urbanísticas de la actuación.

Según Melià, aquel precedente demuestra que, cuando hay voluntad política, se pueden buscar soluciones extraordinarias. Se pregunta por qué no se ha actuado con una determinación similar para construir viviendas públicas en Son Busquets. La comparación pone sobre la mesa las prioridades institucionales. El jurista habla de desidia estatal, autonómica y municipal. Y anticipa que ahora, cuando la crisis de la vivienda ha estallado, los grandes partidos se la tirarán a la cabeza durante la campaña electoral.

El caso retrata una de las grandes contradicciones del modelo autonómico: las competencias se reparten, pero las responsabilidades no siempre quedan tan claras. Cuando una actuación depende de varios gobiernos, la discusión sobre quién tiene que hacer qué puede durar mucho más que las legislaturas.

El derecho a una casa

El profesor de Derecho Constitucional de la UIB Amir Al Hasani Maturano acostumbra a plantear a los alumnos desde el primer día una cuestión esencial. Para garantizar un derecho constitucional no basta recogerlo como un principio general: “Se debe desarrollar”.

Es una distinción fundamental para entender la crisis de la vivienda, que marcará los comicios del 29N. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero lo sitúa entre los principios rectores de la política social y económica. No tiene, por tanto, las mismas garantías judiciales que los derechos fundamentales.

Al Hasani considera que esta es una de las grandes carencias del sistema. Los derechos necesitan leyes que los concreten, obligaciones que se puedan exigir y recursos para hacerlos efectivos. “Ahora que hay tanta sensibilidad sobre el tema, conviene recordar a los gobiernos que hay que legislar para traducir en normas y políticas concretas un derecho que hoy vemos como imprescindible para actuar en un momento de emergencia como el que sufren las Islas”, señala.

El profesor subraya que los diferentes gobiernos no han desarrollado el derecho a la vivienda con suficiente ambición, pero sí otras cuestiones que, “por lo que sea”, han interesado más. Las Islas tienen las competencias de vivienda y urbanismo, pero Madrid conserva instrumentos decisivos: la legislación civil y de arrendamientos, las bases de la planificación económica, la fiscalidad estatal y una parte importante del patrimonio público. Por tanto, ¿qué nos jugamos en las generales? Entre otras cosas, las leyes que regulan el mercado del alquiler y los desahucios, y una cuestión política incómoda: ¿cómo es posible que el reconocimiento constitucional de un derecho haya convivido 40 años con la incapacidad de garantizar un acceso suficiente?

Competencias sin dotación

El reparto de competencias se articula principalmente a través de los artículos 148 y 149 de la Constitución y de los estatutos de autonomía. El 148 permite asumir determinadas materias; el 149 fija las que quedan reservadas al Estado –algunas exclusivas y otras que aceptan el desarrollo de normas o la ejecución autonómica. El sistema fue un avance histórico, pero, más de cuatro décadas después, todavía genera conflictos. Al Hasani apunta que el modelo es excesivamente abierto en determinados ámbitos y defiende una evolución “hacia una estructura federal que defina mejor las responsabilidades” de cada administración.

Pero una cosa es asumir competencias y la otra ejercerlas con recursos suficientes en una comunidad con grandes necesidades de inversión, añade Melià. Considera que las Baleares tienen una dotación insuficiente y que esto limita la posibilidad de impulsar políticas contundentes en lo que respecta a Vivienda, Sanidad y Educación. “Ahora mismo son el epicentro del bloqueo social que sufrimos”, afirma. La comparación con el País Vasco, que tiene un sistema de concierto económico diferente al régimen común, le resulta “aclaridora”, propia de un modelo que “funciona mejor”.

El economista menorquín Guillem López Casasnovas, especialista en financiación autonómica y catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra, también denuncia las limitaciones del sistema. No se trata solo de repartir los ingresos de otra manera, sino de ajustar los recursos a las necesidades reales. “Que no se reconozca la inmigración dentro de la financiación autonómica es un error que se debe solucionar”, dijo en una entrevista al ARA Balears, en referencia a la llegada de población nueva y la atención que requiere. También advierte que las propuestas de reforma no tienen suficientemente en cuenta el coste de la vida, un factor decisivo en las Islas. En las generales se deciden mayorías que pueden modificar el sistema de financiación.

El poco peso de las Islas en Madrid

El dinero no es el único problema. López Casasnovas pone el dedo en la llaga de otra cuestión que también denuncia Melià: el poco peso político de las Baleares en Madrid y la falta de presión para influir en las decisiones estatales. “Vivimos peligrosamente del turismo y de una política sumisa de Madrid”, advertía el economista en la mencionada entrevista. Todavía fue más explícito al comparar el peso político de los territorios: “La presión que los partidos de Cataluña han hecho en Madrid, en las Baleares no la hemos vivido nunca”. También lamentó que “el Parlamento nunca haya pedido las cuentas del déficit fiscal”.

La crítica no se dirige solo a Madrid. También interpela a los partidos mayoritarios de las Islas y a la dependencia de las direcciones estatales. Melià comparte esta visión desde una perspectiva política favorable a más autogobierno. Señala que el predominio de fuerzas de obediencia estatal condiciona la defensa de los intereses específicos de las Baleares. Las competencias recogidas en el Estatuto no son toda la respuesta: también cuenta quién negocia, con qué fuerza y qué prioridades defiende.

Sanidad y Educación: ¿quién lo paga?

Sanidad y Educación son competencias asumidas por la comunidad autónoma, pero el Estado sigue regulando aspectos esenciales de las mismas. El Gobierno gestiona los hospitales y los centros educativos, mientras que Madrid mantiene competencias sobre las bases y la coordinación general de la Sanidad y sobre las normas básicas del sistema educativo. Melià advierte que el crecimiento demográfico de las Baleares ha aumentado la demanda de servicios públicos sin que la financiación se haya adaptado lo suficiente a esta realidad. López Casasnovas pone un acento en ello: los servicios públicos deben poder atender la llegada de población nueva, porque sin una integración adecuada se pone en riesgo la cohesión social.

La población crece y hacen falta más profesionales, escuelas y centros de salud. Pero la comunidad no tiene plena autonomía fiscal ni normativa para decidir sobre los instrumentos que condicionan esta respuesta.

Atrapados por el coste de vida

Melià denuncia que el elevado coste de la vivienda dificulta cubrir y mantener plazas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Baleares. La rotación de los agentes perjudica la continuidad del servicio y el conocimiento del territorio. “En las generales nos jugamos decisiones estatales sobre plantillas, retribuciones y recursos” para garantizar que los agentes se puedan establecer aquí.

Con la Justicia pasa lo mismo. Melià denuncia que el precio de la vivienda también “dificulta cubrir plazas de funcionarios judiciales en Baleares”, mientras que Al Hasani advierte que el sistema no se adapta lo suficiente a las diferencias territoriales del coste de la vida. La falta de personal y la rotación repercuten en el servicio que reciben los ciudadanos.

Aeropuertos, la puerta de entrada

Es uno de los ejemplos más evidentes del debate sobre las competencias: el Gobierno tiene competencias en turismo y ordenación territorial, pero no controla las principales infraestructuras que condicionan la conectividad aérea. Recientemente se ha comprobado cómo “toda la sociedad ibicenca ha dicho no a la ampliación y ha sido ignorada”, recuerda Melià. En las generales se tendría que decidir si se mantiene este modelo de gestión aeroportuaria o si se modifican las normas para dar más participación a las instituciones insulares, sin que se permita que “puertos y aeropuertos eludan cualquier control urbanístico o ambiental de la comunidad donde impactan”, dice. Para sorpresa de nadie, “no hay intención entre las grandes formaciones de tocar el modelo actual”, sentencia Melià.