El PP balear dice no a la fórmula del PP gallego para limitar el precio del alquiler

PalmaEl PP ha votado este martes en el pleno del Parlamento en contra de una proposición de ley del PSIB que establecía el mecanismo para que los ayuntamientos pudieran pedir la declaración de zona tensionada y limitar los precios del alquiler. Hasta aquí todo encaja en las medidas que defiende el partido de Marga Prohens, que apuesta por el aumento de la oferta de vivienda como mecanismo para bajar los precios, a pesar de que la escalada del coste no se detiene (los socialistas hablan de un aumento del 30% del alquiler y de un 40% del precio de compra desde que comenzó la legislatura). Una aclaración: la iniciativa no implicaba que el Govern hiciera ninguna declaración de zona tensionada, sino que permitía a los ayuntamientos declarar en ellas sus municipios. Esta es justamente la vía que encontró la Xunta del popular Alfonso Rueda para aplicar la Ley estatal de vivienda en Galicia, una medida que habían reclamado ayuntamientos como La Coruña y Santiago de Compostela. De hecho, el texto de la proposición del PSIB parte precisamente del modelo gallego, y es este el modelo que el PP balear ha rechazado en el pleno del Parlamento, donde ni siquiera se ha tomado en consideración (Vox también ha votado en contra), de manera que no se ha abierto la tramitación que habría permitido hacer enmiendas y negociar.

Durante el debate, la diputada del PP Margalida Pocoví ha reprochado a los socialistas que quieran aplicar medidas que han fracasado en Cataluña. Pero el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha dejado claro que el modelo que se ha seguido para esta proposición de ley ha sido el del gobierno del PP en la Xunta, que en diciembre de 2023 modificó la Ley de vivienda de Galicia para crear un procedimiento que permitiera solicitar la declaración de zona tensionada. Tanto el modelo gallego como la propuesta del PSIB exigen justificar la petición con datos sobre el mercado de la vivienda y elaborar un plan con medidas correctoras y un calendario. La declaración tiene una duración de tres años y se puede prorrogar si continúan las circunstancias que la justificaron.

"Nosotros no declararemos zonas tensionadas. Si un ayuntamiento lo pide, lo valoraremos", declaró en febrero de 2024 Alfonso Rueda sobre este procedimiento. Un mecanismo que también defendió la diputada del PP de Galicia María Ángeles Freire en diciembre de 2023: "Desde el primer momento, la Xunta de Galicia indicó que no declararía de oficio zonas de mercado residencial tensionado, pero también señaló que no será un obstáculo para que se declaren en aquellos ayuntamientos que así lo deseen".

Las diferencias

La diferencia más importante respecto al modelo gallego es que, a pesar de que la Xunta del PP habilitó a los ayuntamientos para que pudieran pedir la declaración de zona tensionada, no les dio un derecho automático a obtenerla: el gobierno gallego se reservó la última palabra, en función de cómo afecta la petición a la política autonómica de vivienda. En cambio, la proposición del PSIB dice que, cuando la petición la haga un ayuntamiento, el Gobierno "declarará la zona solicitada como zona residencial tensionada" después de acreditar los requisitos legales para hacerlo.

En Galicia los municipios deben crear una mesa sectorial para trabajar la propuesta, con sectores como los administradores de fincas, los agentes de la propiedad inmobiliaria y los promotores. Esto desaparece en el texto de los socialistas baleares, que simplifican el procedimiento municipal. El PSIB también presentaba la posibilidad de que el Ibavi propusiera declaraciones de zonas tensionadas en "ámbitos territoriales homogéneos" de las Baleares. En cambio, la fórmula del PP gallego parte siempre de la petición de un municipio. Además, la proposición de ley que ha rechazado el PP balear permitía que se pudiera financiar la construcción de vivienda pública con recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

¿Qué municipios gallegos han limitado el precio del alquiler?

A estas alturas, A Coruña y Santiago de Compostela han sido declaradas zonas tensionadas a petición de sus ayuntamientos y en ellas se aplican las limitaciones del precio del alquiler previstas por la ley estatal. A Coruña lo solicitó a finales de julio de 2025 y el mes de agosto el alquiler medio era de 735 euros (los datos sobre vivienda en Galicia son del Observatorio de la Vivienda de esta comunidad). En cambio, en enero de 2026 el precio medio era de 663,9 euros. En el caso de Santiago, la declaración se incorporó a la relación estatal en julio de 2026 cuando el precio medio de los nuevos contratos era de 672 euros al mes, un 2,5% más que en 2025. En este punto, cabe remarcar que los nuevos contratos de alquiler que se firmaron en Palma en 2025 tuvieron un precio medio de 1.581 euros, según el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, que proporciona datos al Gobierno.