El GEN-GOB alerta que la ley agraria puede favorecer la urbanización y el turismo en el suelo rústico
El grupo ecologista pide eliminar la disposición que permitiría regularizar edificaciones anteriores a 1991, incluso en espacios protegidos
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PalmaEl GEN-GOB ha presentado alegaciones al Proyecto de Ley Agraria de las Islas Baleares porque considera que el texto desvirtúa el objetivo de fomentar la actividad agrícola y favorece usos turísticos y urbanísticos del suelo rústico. La entidad sostiene que la norma puede consolidar la terciarización del campo y dificultar la competitividad del campesinado, además de generar desigualdades entre islas, especialmente en el caso de Ibiza, sometida a una elevada presión turística.
Una de las principales críticas se centra en la posibilidad de destinar edificaciones agrarias a alojamientos turísticos y de regularizar construcciones anteriores a 1991 en suelo rústico, incluidos espacios de especial protección. El grupo ecologista considera que estas medidas pueden invadir competencias de los consejos insulares y de los ayuntamientos en materia de ordenación territorial y urbanística, y también debilitar las restricciones vigentes sobre los usos del territorio.
Las alegaciones también alertan de la sustitución de determinadas autorizaciones ambientales por declaraciones responsables, que, según el GEN-GOB, reduciría el control previo sobre actividades con posibles efectos sobre los ecosistemas. La entidad advierte de los riesgos para los acuíferos, la biodiversidad y los bosques maduros, especialmente si se impulsan aprovechamientos forestales y de biomasa sin garantías ambientales suficientes.
Por todo ello, el GEN-GOB reclama retirar los aspectos del proyecto que considera contrarios a la protección del suelo rústico, suprimir la vía extraordinaria de legalización de edificaciones anteriores a 1991 y recuperar las autorizaciones ambientales cuando sean necesarias. También pide respetar la autonomía insular y municipal, mantener la fuerza vinculante de la normativa ambiental e incorporar garantías específicas de protección climática y de la biodiversidad.