Memoria de Mallorca reúne en 24 horas el dinero para pagar los costes judiciales del proceso contra la Feixina

PalmaLa asociación Memòria de Mallorca ha anunciado que, en poco más de 24 horas, ha reunido los 3.223 euros que necesitaba para hacer frente al pago de los costes judiciales del proceso que emprendió contra el monumento de la Feixina de Palma, según ha informado la entidad mediante un comunicado. La asociación destacó que la respuesta ciudadana fue "inmediata, generosa y emocionante", lo que permitió recaudar íntegramente la cantidad exigida gracias a las aportaciones de personas comprometidas con la memoria democrática.

Por este motivo, Memoria de Mallorca ha dado por cerrada la campaña solidaria y ha expresado su agradecimiento "inmenso y sincero" a todas las personas que han colaborado económicamente o han difundido la iniciativa. La entidad remarcó que el apoyo recibido refuerza la idea de que la defensa de espacios públicos libres de simbología franquista no es una causa aislada, sino un compromiso colectivo con los valores democráticos.

En este contexto Memoria de Mallorca denuncia la protección judicial del monumento fascista de la Feixina, levantado en el crucero Baleares e "inaugurado por el dictador Franco", y la condena económica impuesta a la entidad por defender su retirada. La entidad ha reiterado su intención de seguir trabajando "con determinación" por la retirada de simbología franquista de los espacios públicos y por la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición.

En octubre del 2022 el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de la protección del monolito y condenó a Memoria de Mallorca a pagar 3.223,71 euros para compensar los costes del proceso. La entidad expresó su "profundo desacuerdo con la protección judicial de un monumento fascista inaugurado por el dictador Franco, que sigue ocupando un espacio público y democrático". La presidenta de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, consideró que "es una vergüenza que una sociedad democrática condene a una entidad por intentar mantener un espacio limpio de símbolos franquistas".