Acusan a Corte de vulnerar derechos fundamentales en el desalojo de la antigua cárcel

PalmaLa Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Mallorca (PAH) ha acusado al Ayuntamiento de Palma de vulnerar derechos fundamentales con la intención de desalojar a las personas que residen en la antigua prisión de Palma sin ofrecerles una alternativa residencial. La entidad ha criticado las palabras del alcalde, Jaime Martínez, sobre el desalojo del inmueble, ya que es "inaceptable" que, en un contexto de crisis de la vivienda, se expulsen a familias en situación de extrema vulnerabilidad que ocupan este recinto público abandonado en la carretera de Sóller.

La plataforma ha recordado que el acceso a una vivienda digna es un derecho básico que debe ser garantizado por la administración local, sobre todo para personas en exclusión social. PAH Mallorca también ha advertido que la falta de una alternativa residencial no sólo agrava la emergencia social de los afectados, sino que les sitúa en una situación de mayor precariedad e indefensión.

Según la organización, la actuación municipal en la antigua prisión de Palma por parte del Consistorio incumple su obligación de velar por los derechos humanos, constitucionales y autonómicos de cerca de 200 personas que ocupan el inmueble de propiedad municipal. Por ello, ha exigido la paralización del desalojo y ha pedido al Consistorio que, con medios propios o en colaboración con entidades sociales, impulse medidas que permitan la integración "llena" de las personas afectadas.