Consejo de Mallorca

La Fiscalía investiga a Pedro Bestard por malversación en el uso de los coches oficiales

El grupo socialista presentó una denuncia después de que se hiciera público que empleaba los vehículos sin justificarlo

Llorenç Galmçes y Pedro Bestard
11/08/2026 - 11:30 h.
2 min

PalmaLa Fiscalía de las Islas Baleares ha abierto diligencias contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), por presunta malversación en el uso de los coches oficiales de la institución, tal como ha adelantado Última Hora y ha confirmado el ARA Balears tras acceder a la diligencia del ministerio público. El grupo socialista presentó una denuncia después de que se hiciera público que Bestard usaba estos vehículos para su uso personal, al considerar que podría haber cometido malversación de caudales públicos continuada, prevaricación y falsedad documental.

En la denuncia, los socialistas acusaban a Bestard de emplear una serie de vehículos de la institución insular para uso privado y de manera exclusiva en algunas ocasiones, además de generar gastos sin autorización, entre ellos, de gasolina. Además, detallaban que se habían podido ver estos coches en actos de Vox, e incluso aparcados delante del domicilio del mismo Bestard. Además, señalaban que no estaban correctamente rotulados, lo que impedía su identificación como vehículos públicos, lo que consideran que puede demostrar una intención expresa del mismo Bestard de mantener en secreto que los utilizaba. De la misma manera, advertían que el departamento de Medio Ambiente que dirigía Bestard había dispuesto de menos coches para desarrollar sus funciones. En paralelo, se refirieron a los informes internos que, a pesar de que constataron el uso privado de los vehículos por parte de Bestard, lo exoneraron de una sanción, e insistieron en que solo habían analizado la situación entre 2025 y 2026, y que habría que investigar también qué hacía antes de esa fecha.

Por todo ello, el PSIB considera que Bestard podría haber cometido malversación por destinar el "patrimonio público" a "usos privados"; prevaricación, por "la adopción consciente y arbitraria de decisiones relativas a la asignación exclusiva de recursos públicos al margen de cualquier procedimiento y cobertura jurídica"; además de falsedad documental por la "carencia reiterada de documentación justificativa" y la "incorporación posterior de documentación a los expedientes y las posibles contradicciones entre las explicaciones facilitadas y la documentación examinada". Por todo ello, pide a la Fiscalía que lo investigue.

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