La zona escolar única: cuando la 'libertad' se convierte en desigualdad

Hay momentos del día definitorios de un pueblo o ciudad. Por las mañanas, cuando miles de niños y adolescentes llenan las calles para llegar a la escuela o al instituto, son el retrato más sincero de nuestro modelo urbano y educativo. Porque la escuela no es sólo un edificio: es comunidad, barrio e igualdad de oportunidades. Ahora, la Conselleria de Educación, en manos del PP y sostenida por Vox, quiere desmontar esta pieza fundamental de nuestra sociedad con una ligereza y una falta de argumentación estremecedoras. La propuesta de zona escolar única no es simple criterio administrativo, sino una amenaza directa a la equidad real del sistema.

La presidenta Prohens nos la vende como una ampliación de 'libertades'. Pero, en la práctica, ¿quién puede elegir? ¿Quién puede permitirse más trayectos, más tiempo para la conciliación y más peripecias logísticas? El lector ya lo ha adivinado: cuando eliminas la proximidad como criterio vertebrador, la libertad se convierte en competición. Y en esta carrera no todas las familias parten del mismo punto. Esta ocurrencia promueve más tráfico, más accidentes y más contaminación justo cuando deberíamos ir en sentido contrario: entornos seguros, movilidad activa y recuperar la confianza en la calle. La zona única no es neutra; es ideología pura, porque pretende reordenar su vida cotidiana. Tensiona pueblos, ciudades y carreteras –basta embolsados– y convierte el trayecto escolar en un problema permanente de movilidad.

El pedagogo Francesco Tonucci lo sintetiza así: el dominio del coche privado en las ciudades está superado y, sobre todo, es insoportable; los municipios han expulsado a los niños del espacio público y lo han convertido en una infraestructura hostil. Insiste en que la ciudad fallida es la que se empeña en concebirse únicamente para adultos en edad productiva, y no para los niños ni para las personas vulnerables. En 2016, yo mismo escribía en AHORA Baleares la crónica de lo que el italiano visibilizó de forma contundente durante su visita a Palma. Acudió al llamamiento del Ayuntamiento de Palma para reconocer a todos los centros educativos que, en ese momento, se involucraban activamente en el crecimiento de la red de caminos escolares seguros. Durante el encuentro pudimos subrayar los beneficios de estas iniciativas: fomentar la proximidad, la autonomía del alumnado y reducir trayectos innecesarios en vehículos a motor. Es terrible ver que ahora todo el trabajo de comunidades educativas enteras quede enterrado por una reforma que es todo menos pedagógica. Será porque a la ultraderecha le aterra que las relaciones que nacen en la escuela tengan continuidad en el barrio; que el alumnado aprenda desde la realidad cercana, y que la diversidad de la sociedad se reproduzca en el aula.

Pero lo peor suele ser siempre lo que no se ve a primera vista: la segregación. Una de las principales amenazas para la educación es romper la igualdad de oportunidades, adelgazando la escuela pública mientras engorda la privada. La zona única concentra alumnado vulnerable en unos centros y alumnado acomodado en otros, y alimenta diferencias académicas, de convivencia y de proyectos de vida. Cuando un centro se convierte en sinónimo de 'problemas' y otro de 'buen nivel', la ciudad comienza a separarse en dos velocidades. Y después sorprenderá que haya abandono escolar prematuro, familias que se resignen o docentes que tengan que hacer milagros con los recursos disponibles, cada vez más escasos. La segregación escolar se destapa como una fábrica de desigualdad y discordia urbana a largo plazo. Y, como si esto no bastara, se añade un ingrediente nuevo especialmente perverso: recuperar el criterio de antiguo alumno (dar puntos extra por vínculos familiares previos con el centro), que tiene una única intención: consolidar una 'selección natural' en los centros más solicitados y penalizar al alumnado recién llegado o sin redes familiares.

Lo preocupante es que todo esto se plantee sin una evaluación de impactos en términos de movilidad, educación, urbanismo y sociología. Por este motivo, los Socialistas de Mallorca hemos reclamado sin éxito informes técnicos previos antes de modificar la zonificación. No podemos improvisar con una decisión que altera la mañana y la tarde de miles de familias y que puede marcar trayectorias educativas enteras. Especialmente, cuando el pleno del Consejo Escolar de Mallorca se ha pronunciado explícitamente en contra, por no hablar de toda la normativa de obligado cumplimiento y en vigor que infringe: tres directivas del Consejo Europeo, cuatro comunicaciones y resoluciones de la Comisión Europea, tres resoluciones del Europarlamento, tres leyes estatales (la orgánica de Educación y la de los Planes de Movilidad Sostenible, tanto de las Islas Baleares como el de Palma. ¡Casi nada!

Si la Conselleria quiere hablar de mejorar una escolarización equilibrada, dotar de recursos a los centros con mayor complejidad, consolidar comisiones de seguimiento con indicadores públicos y desplegar un plan de entornos escolares saludables y seguros con medidas evaluables, nos encontrará: lo apoyaremos. Pero, desgraciadamente, se han negado a impulsar ninguna de estas iniciativas diciendo que los socialistas lo que queremos es que todos los niños vayan a la escuela a pie. Reduccionismo y carencia de credibilidad, que se certifican en cada pleno con buena parte de las intervenciones del PP y de Vox. La corrección no es difícil: recuperar una zonificación coherente con el territorio, poner la equidad en el centro y escuchar –en serio– lo que nos dicen pedagogos, docentes, familias, urbanistas y, sobre todo, los niños. Porque cuando la educación pierde el norte, el precio no lo paga un consejero: lo paga toda una generación.