Prioridad nacional de darse prisa
Es muy interesante la entrevista que le hace Aina Vidal, aquí en ARA Balears, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Baleares. Porque después se hable mal de los madrileños, el magistrado Gómez, que es nacido en la capital de España, demuestra bastante más sensibilidad por estas islas castigadas que sus mallorquinísimos gobernantes, y quizás por eso lo hace de manera discreta, cuando se le pregunta qué piensa sobre la ley del gobierno Prohens que legaliza las viviendas en rústico que hasta ahora eran ilegales. Dice el juez Gómez: “Cuando se regularizan situaciones irregulares, urbanísticas o de otras, siempre hay el riesgo de generar una sensación de injusticia entre aquellos que han cumplido la norma desde el principio. Es una especie de amnistía, pero yo no puedo opinar más, porque, al fin y al cabo, depende de la voluntad del legislador”. Se expresa con suavidad para que no se le pueda acusar de perder la imparcialidad, pero se entiende bien qué quiere decir. No se puede evitar que el legislador legisle, pero eso no quiere decir que lo haga bien. En el caso del Gobierno no es que no lo haga bien: es que legisla una amnistía urbanística —una barra libre para construirlo todo— que es, evidentemente, injusta. Injusta, porque sacrifica el bien colectivo de todos para el beneficio particular de unos pocos.Para llevar esto adelante, el gobierno Prohens ha decidido hacer una ley que llaman ‘de aceleración de proyectos estratégicos’, que es una manera entre tecnocrática y caricaturesca de declarar que quieren darse prisa. Es una ley ómnibus, una de esas que aprovechan para introducir enmiendas a muchas otras normativas que, en principio, no tienen ninguna relación con el asunto que se legisla. Que un gobierno del Partido Popular haga leyes ómnibus es interesante, porque es una práctica que sus dirigentes han denunciado duramente cuando ha recurrido el gobierno de Pedro Sánchez: en algún momento han llegado a decir que eso demostraba que España se encuentra bajo el yugo de una dictadura (comunista, naturalmente). Después, es cierto que han modificado su actitud en relación con las medidas de esta naturaleza y han optado por negociar con el gobierno de España la opción de desglosarlas, para que no les volviera a pasar aquello de votar contra el incremento de las pensiones y convertirse en el Partido Impopular —perdón por el chiste.Ahora, con el de Prohens, el PP ya tiene un gobierno autonómico que hace su propia ley ómnibus, a fin de acelerar el proyecto estratégico de cimentar y asfaltar Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera enteras. El problema es que necesitan negociar su aprobación con los leales socios fascistas de Vox, que les obligan a negociar a trozos y volver a empezar de cero cada vez. Vox es como las tarjetas de crédito fraudulentas, que van cobrando intereses sobre los intereses, de tal manera que la deuda no solo no se llega a pagar nunca, sino que aumenta. Y, por descontado, para aprobar el segundo paquete de enmiendas ya han puesto sobre la mesa la prioridad nacional, un nuevo concepto surgido de los laboratorios de Vox que se ha estrenado en los acuerdos de gobierno de Aragón y de Extremadura y que significa endurecer las medidas y los discursos contra los inmigrantes, que hasta caen en la inconstitucionalidad. Pero calla, que la desprotección masiva del territorio de las Baleares que plantea la aceleración estratégica del PP patrio también lo es, de inconstitucional. Quién lo iba a decir de unos partidos y unas personas que durante tantos años se habían presentado como constitucionalistas —cosa que, aunque no lo supieran, quería decir que eran estudiosos del derecho constitucional.
