La memoria no se puede derogar

El pasado día 10, el Parlamento de las Islas Baleares consumó la derogación de la ley de memoria democrática con los votos del Partido Popular y de Vox. Es sin duda uno de los días más tristes de nuestra historia reciente, porque esta decisión no nace del consenso ni del rigor histórico, sino del sometimiento del Gobierno a las exigencias de la extrema derecha.

Lo digo con tristeza, no con rabia. Tristeza de ver cómo una parte de nuestra democracia retrocede y cómo el Partido Popular ha acabado doblegándose a las exigencias de Vox para derogar una ley que tenía un objetivo tan elemental como dignificar a las víctimas y reforzar la calidad democrática de nuestras instituciones.

La derogación se ha justificado con argumentos que se repiten una y otra vez: que la ley era partidista, que sólo recordaba a unas víctimas y que servía para reabrir heridas. Pero todos estos argumentos parten de una falsa premisa que conviene desmontar.

La primera es la forma en que se explica el origen del conflicto. A menudo, se presenta la Guerra Civil como si hubiera sido una tragedia inevitable, una especie de violencia entre bandos equivalentes que se enfrentaron en igualdad de condiciones. Pero la historia no comienza ahí. En España había un gobierno democráticamente elegido, la Segunda República, surgida de elecciones y legítima frente a la ciudadanía. Lo que ocurrió en 1936 no fue un simple conflicto entre iguales: fue un golpe de estado militar contra un régimen democrático. Éste es el punto de partida real. Y a partir de ahí se desencadena una guerra y, después, casi cuarenta años de dictadura.

Como todas las guerras, la Guerra Civil fue desastre humano. Hubo violencia, muerte e injusticia a ambos lados. Pero hay una diferencia fundamental que a menudo se olvida o quiere olvidarse: después de la guerra, el franquismo construyó un estado que honró, conmemoró y dignificó a sus muertos. Durante décadas, los vencedores tuvieron reconocimiento público, monumentos, homenajes y exhumaciones. Mientras, los derrotados –aquellos que defendieron la democracia republicana y las instituciones legítimas– quedaron condenados al silencio, a las fosas comunes y al olvido, mientras la represión franquista seguía durante décadas con prisión, persecución y nuevas ejecuciones.

Ésta es la gran diferencia que explica la existencia de las políticas de memoria. No se trataba de reescribir la historia ni hacer una ley de bando. Se trataba de reparar un enorme desequilibrio histórico: el hecho de que miles de personas asesinadas por la represión franquista siguieran desaparecidas o sin reconocimiento institucional.

La ley de memoria democrática de las Islas Baleares –la que el Parlament derogó el pasado martes– no era una ley contra nadie ni una ley partidista. Era una ley que reconocía TODAS a las víctimas sin excepción, tanto las de la Guerra Civil como las de la dictadura, independientemente de su adscripción política. Precisamente aquí estaba su valor democrático: reconocer el sufrimiento de todos y reparar una injusticia histórica que durante décadas había condenado sólo a una parte de las víctimas al silencio y al olvido.

La ley permitía, entre otras cuestiones, identificar a personas desaparecidas, reconocer públicamente el sufrimiento de muchas familias e incorporar esta parte de nuestra historia a la educación ya la memoria colectiva. No era una ley de revancha. Era una ley de dignidad.

Por eso su derogación es tan grave. No sólo por lo que significa para las víctimas y sus familias, sino por el mensaje político que envía. Derogar una ley de memoria democrática sobre la base de falacias históricas y discursos simplistas no es avanzar hacia la convivencia. Es, por el contrario, volver a imponer el silencio sobre una parte de nuestra historia.

Y todavía hay una imagen que resume bien lo ocurrido el martes en el Parlament. Durante el debate sobre la derogación de la ley de memoria democrática, la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, no estaba. No asistió al debate, no escuchó a las víctimas ni los argumentos de los grupos parlamentarios. Apareció sólo al final, en el momento de la votación, con una media sonrisa en la cara. No sé si esa sonrisa era una manera de reírse de las víctimas, de la palabra dada –porque ella misma había asegurado que esta ley no se derogaría– o simplemente de la ciudadanía de estas islas. Lo que sí sabemos es que ese gesto simboliza muy bien lo ocurrido: un Gobierno que no ha querido dar la cara ante una decisión profundamente injusta y que ha preferido doblegarse ante las exigencias de la extrema derecha antes que defender la dignidad de las víctimas y la calidad democrática de nuestras instituciones.

El Parlamento puede derogar una ley, pero no puede borrar la memoria. Por mucho que algunos intenten volver a enterrarla bajo el silencio, la memoria democrática seguirá viva en la sociedad, en las familias y en todas aquellas personas que saben que una democracia digna no se construye sobre el olvido, sino sobre la verdad, la justicia y el reconocimiento.