"Una masa hostil"

La Policía Nacional ha vuelto de las vacaciones de agosto con los deberes de septiembre hechos: un bonito informe interno (pero inmediatamente remitido a los juzgados) sobre la manifestación del pasado 26 de julio en la que los manifestantes aparecen como los culpables de las cargas policiales, y siete personas en concreto son señaladas como las instigadoras del choque. El delegado del gobierno, Alfonso Rodríguez, fue conminado a dimitir como responsable político directo de aquel episodio de brutalidad policial. Había motivos más que sobrados para pedirla, esta dimisión, aunque, por otra parte, era bien previsible que Rodríguez no dimitiría, y no lo hizo. Al contrario, obtuvo el apoyo de Pedro Sánchez en persona después de su visita a Felipe VI “para despachar” en Marivent: el presidente y el jefe del estado español son sin duda dos conspicuos conocedores de la realidad social de las Baleares, que saben mejor que nadie aquello que necesitamos los ciudadanos de estas afortunadas islas. Por su parte, al día siguiente de la manifestación. Rodríguez no tan solo no dimitió, sino que encargó este informe policial que ahora llega cargado de culpas para todo el mundo menos para la Policía. Efectivamente, una sorpresa nunca vista.

No se trata solo de echarles la culpa a los ciudadanos, sino sobre todo de criminalizar la protesta. De poner un movimiento social absolutamente legítimo, que ha llevado a cabo movilizaciones siempre ejemplares desde el punto de vista cívico, bajo la sospecha del extremismo, la intolerancia y la violencia. Tenemos que recordar necesariamente el caso de las dos activistas de Santa Maria que fueron detenidas, con grilletes y todo, y acusadas de pertenencia a una supuesta “organización criminal” por unas pintadas en la pared. Y hay que recordar también que, aquellos mismos días, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil advirtieron que actuarían –se supone que de manera contundente– contra aquellos “que ataquen los intereses turísticos”.

Tal dicho, tal hecho. El asunto, en resumen, consiste en golpear primero, y luego incriminar a los que han recibido. Es un guion bien conocido desde el 1 de octubre de Cataluña: en aquella ocasión fue directamente Felipe VI (que también conoce profundamente la realidad social catalana) quien bendijo específicamente las cargas policiales contra ciudadanos que participaban en un referéndum. En el año 2017, los informes policiales y las declaraciones ante los tribunales siguieron un guion: los agentes se habían tenido que enfrentar a "tumultos" y habían tenido que actuar con una fuerza "proporcional". Las palabras clave eran 'tumulto' y 'proporcional'. En el informe sobre los golpes de porra del 26-J en Palma, que dejaron más de 20 heridos, con golpes en la cabeza incluidos, los policías cuentan que fueron rodeados por "una masa hostil" que los desplazaba hacia la avenida de Antoni Maura, y que tuvieron que actuar también "proporcionalmente". Para ser unos policías tan entrenados y tan valientes, que –según suelen decir– darían sus vidas para proteger las nuestras, hay que decir que se asustan con mucha facilidad: tanto en Cataluña como aquí se asustaron de unos manifestantes pacíficos, y recurrieron a una violencia que después tienen que justificar con falsos testimonios, medias verdades y mentiras completas. Políticamente, para el PP y Vox, un éxito: el informe policial es la trampa que criminaliza las protestas contra la turistificación y la masificación, y el desgaste se lo come un PSIB-PSOE empeñado en cerrar filas alrededor de un delegado del gobierno que no sabe hacer su trabajo.