Para quién se ha hecho la ley de Costas?

prohens visitó Formentera dos veces en poco tiempo durante la precampaña y la campaña electoral. Y el principal mensaje estaba estudiado: “Arreglaremos el tema de los xibius y las casetas” en dominio público.

‘Arreglaremos’ quería decir ‘haremos las normas que hagan falta para legalizar negocios que han hecho fortunas y construcciones familiares que hace años que no tienen ningún permiso para ocupar el suelo que es de todos’. Pero se obviaba entonces lo mismo que se obvia ahora con la nueva ley de costas que el Gobierno ha registrado en el Parlament en formato de proyecto: eso depende del Estado.

Ninguna comunidad autónoma ha conseguido parar un derribo si Madrid, que conserva parte importantísima de la autoridad dentro del dominio público, aplica la Ley de Costas.

La norma balear copia el argumento que usó el PP en el País Valenciano: inventar el valor patrimonial de estas edificaciones, la mayoría xibius sin ningún interés más allá del negociazos que hace años que ofrecen. Se podrá discutir si en Formentera se debería haber hecho una partición con una franja más pequeña, por aquello de ser una isla de menor tamaño. Pero, mientras esto no cambie, la ley es la misma para todos, y comunidades como la valenciana, que ya han recorrido parte del camino, saben que los tribunales estatales tumban estas aventuras.

Entonces, ¿qué pretenden con la ley balear de costas? Lo mismo que el resto de comunidades gobernadas por el PP que la han hecho similar: ganar tiempo y esperar que caiga Sánchez para tocar, como hicieron en el pasado, una de las leyes más importantes del Estado. La norma que se quieren cargar lo dice bien claro: en el dominio público solo debe haber aquello que no puedes poner en ningún otro sitio. No es el caso de un bar.