El fracaso de un sistema que debería proteger
Musa llegó a la cita de la entrevista nervioso. No había dormido porque había pasado la noche escribiendo qué quería explicar exactamente sobre su historia. Necesitaba tener las piezas del puzle ordenadas. Avisó al centro de menores que cumplía 18 años. Nadie atendió su advertencia y, cuando la Policía certificó su partida de nacimiento, lo echaron a la calle. El sistema lo rechazó y perdió cualquier oportunidad de acceder a la red de recursos públicos. Su caso no es único. Según su relato, y como han constatado trabajadores del tercer sector, un amigo suyo acabó implorando, presa del llanto y el miedo, a la puerta de una entidad solidaria para que lo dejaran dormir bajo techo. Le hicieron un sitio que no tenían.
Mientras Vox difunde un discurso de odio que criminaliza a los que llegan en patera, los asocia con la delincuencia y los culpa de consumir recursos como la sanidad pública –como si cualquiera que compra y consume no estuviera pagando impuestos–, el PP oscila entre la decencia y la responsabilidad social y no perder de vista los votos que puede robar al socio de los exabruptos.
Más allá de las peleas de toda la legislatura, los organismos responsables de la tutela de menores y de su emancipación ignoran las fallas del sistema. En el IMAS no valoran “casos particulares”, como si eso no fuera de personas. Y el Gobierno reconoce de manera velada las consecuencias de que la demanda sea mayor a los recursos disponibles. No dudo del trabajo comprometido, valiosísimo, difícil y sobrecargado de los que velan por la protección de los menores y de su paso a la vida adulta, pero testimonios como el de Moussa que recoge el ARA Balears deberían promover una investigación entre las fundaciones del tercer sector con actuaciones cuestionables.
El sistema debe velar por el cumplimiento de los protocolos, incluso cuando esta gestión está externalizada. Debe averiguar si los menores están recibiendo la información y los recursos que la Administración ofrece y depurar responsabilidades.
La solidaridad ciudadana es admirable, pero no debería ser el sustituto de las obligaciones políticas. Nadie ha respondido a las preguntas de Moussa, que si hoy tiene un hogar y un futuro no es gracias a las instituciones. Si fuera por ellas, estaría en la calle.
