El catalán no es el problema, el problema es Vox
Cada vez que la extrema derecha habla de lengua, conviene traducir su discurso. Cuando dice flexibilidad, significa eliminación; cuando habla de eficacia del servicio público, significa que los ciudadanos ya no podrán ejercitar sus derechos lingüísticos; y cuando califica los certificados de catalán de titulito excluyente, lo que realmente les molesta es que la lengua propia de este país siga teniendo presencia en la vida pública.
El acuerdo entre PP y Vox para rebajar el requisito de catalán en las oposiciones de docentes, para las plazas de difícil cobertura, se presenta como una solución pragmática a un problema técnico; hay plazas difíciles de cubrir y facilitar que se ocupen. Pero ya les tenemos demasiado tomadas las medidas y sabemos que este relato es un subterfugio, porque la falta de docentes es tan grave que ya se realizan trámites de adjudicación urgentes sin pedir el requisito de título, ni el requisito de catalán, ni el máster de formación del profesorado. El problema de carencia de profesionales reclamaría otras medidas como mejorarles las condiciones laborales, ofrecerles incentivos económicos o facilitarles el acceso a la vivienda. Lo que se hace, en cambio, es mucho más simple: señalar al catalán como culpable. Y esto es especialmente grave teniendo en cuenta el contexto sociolingüístico en el que nos encontramos y que según las últimas encuestas de usos lingüísticos, el catalán retrocede de forma sostenida en las Islas Baleares; entre los jóvenes, a pesar de haber sido escolarizados en catalán, el uso social es aún menor. Es decir, el problema real es la situación de debilidad estructural de la lengua catalana en nuestro país. En este contexto, debilitar aún más su presencia en la administración y en la escuela no es una medida técnica, es una decisión política con consecuencias muy claras, acelerar su proceso de sustitución lingüística.
Las declaraciones del conseller de Educación, Antoni Vera, lo confirman. Vera justifica la eliminación del requisito de catalán, en plazas de difícil cobertura, como una posibilidad de captar profesionales, pero él mismo admite que no tiene ninguna prueba de que el requisito lingüístico sea la causa de la falta de docentes, es decir, se toma una decisión que afecta a derechos fundamentales sin evidencia de que el problema sea el catalán. Repiten el mismo engaño que utilizaron para eliminar el requisito de catalán en la sanidad pública. La trampa es buena de descubrir, el mensaje implícito es que se puede venir a trabajar a la escuela pública de las Islas Baleares sin ningún compromiso con la lengua propia del territorio y eso, señor conseller, no es abrir posibilidades, es normalizar la idea de que el catalán es prescindible, cuando el Gobierno de las Islas Baleares debería poner todos los medios a su alcance para defenderla, protegerla y promocionarla acto de voluntarismo.
Pero hay otra realidad que a menudo se esconde. Hace décadas que los proyectos lingüísticos de los centros educativos no se cumplen con el rigor necesario y la inspección educativa, que debería garantizar su aplicación, hace años que no interviene de manera efectiva. Es decir, antes de renunciar a exigir ningún requisito, lo necesario debería asegurarse de que el marco legal vigente se cumple.
El relato es tan simple como efectivo; repetir una y otra vez que el catalán expulsa talento hasta que alguien acaba creyendo que la lengua del país es un obstáculo para el progreso. La realidad es exactamente la contraria; el requisito lingüístico no excluye a nadie: garantiza derechos. Lo que plantea Vox no es una solución puntual, es una pieza más de un proyecto político de persecución lingüística mucho más profundo, con el objetivo de hacer desaparecer la lengua catalana del mapa. Es el precio que el Partido Popular paga a gusto por satisfacer el odio obsesivo y enfermizo de sus socios de gobierno, contra la lengua catalana, a cambio de un puñado de votos.
Por eso el debate no es técnico, es político y también es democrático. Porque lo que está en juego no es sólo una lengua, sino el derecho de los ciudadanos a vivir plenamente. La lengua propia de estas islas no es un obstáculo, es un patrimonio colectivo y un derecho. Y, sobre todo, el catalán no es un muro. El muro es la intolerancia de aquellos que no soportan que estas islas tengan una lengua propia.
