El informe del Gobierno por no limitar el precio del alquiler está lleno de errores

PalmaEl Gobierno recibió en diciembre de 2025 los resultados de un informe de la Fundación de la Universidad Rovira i Virgili (URV) que le daba la razón en lo que se refiere a la limitación de los precios de alquiler que permite la normativa estatal. Según las conclusiones del estudio, limitar los precios de los alquileres en Baleares sería contraproducente porque agravaría las dificultades de acceso a la vivienda. La Consejería de Vivienda invirtió 15.519,46 euros en este estudio, firmado por el catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO, Sergio Nasarre, y el profesor de Metodología de Análisis de la URV Santiago Ariste. Pero el informe está lleno de errores: más de la mitad de las tablas que facilita contienen equivocaciones. Los porcentajes están mal realizados en 13 de las 25 tablas aportadas para reforzar su tesis, según los cálculos de este diario, contrastados con expertos.

El texto, titulado Informe sobre la conveniencia de introducir un sistema de control de renta de los alquileres residenciales en las Islas Baleares, ha sido citado en varias ocasiones por los representantes del Ejecutivo. Entre ellos, el consejero de Vivienda, José Luis Mateo, quien en el pleno del 10 de febrero arremetió contra la Ley estatal de vivienda, que permite, desde hace tres años, limitar los precios de los alquileres en las Islas, aunque el PP se niega a hacerlo. "Hacemos lo necesario con medidas para atacar el problema principal, que es la falta de oferta, y no acudiendo a fórmulas mágicas, que confunden a la ciudadanía y limitan precios, algo que sabemos que no funciona", aseguró en el pleno. "De hecho, un informe encargado por el Gobierno -continuó en respuesta a la diputada del PSIB Mercedes Garrido- a un grupo de expertos, a los que usted supongo que quiere desprestigiar, expertos de la cátedra UNESCO de Vivienda de la URV, [...] recomienda no intervenir los precios en las Islas y advierte, además, de que se invierte."

En efecto, el informe, de 51 páginas, concluye que los controles de renta reducen "la disponibilidad de viviendas para alquilar", intensifican "la competencia por las unidades no sometidas a una regulación tan estricta" y generan "distorsiones distributivas que afectan de forma desigual a hogares con distintos niveles. Se ampara en la "literatura internacional y nacional" y destaca, además, que cuando se endurece la normativa "parte de la oferta migra hacia modalidades menos reguladas". Basándose en cifras de Catalunya, donde sí se aplica la Ley estatal, asegura que "cualquier intervención que restrinja la libertad de precios sin acompañarse de medidas expansivas de la oferta corre el riesgo de agravar los problemas existentes".

Con todo, la mayor parte de los porcentajes de incrementos y disminuciones en la evolución de los pisos alquilados, fianzas de alquiler residencial y temporal y el precio medio del alquiler presentan errores de cálculo. Por ejemplo, cuando el estudio presenta una evolución del índice del número de viviendas alquiladas de mayor superficie entre los municipios de más de 20.000 habitantes. Así, habla de un incremento de estos inmuebles del 42,5%, el 50,1% y el 62,9% en Alcúdia, Calvià y Ciutadella entre 2011 y 2023, cuando fue (según los datos del gobierno español recogidos en el mismo documento) del 73,79%, el 100%. El fallo se repite en el cálculo para los municipios de más de 20.000 habitantes. También respecto al número de fianzas de alquiler residencial por municipios y islas. Por ejemplo: se habla de una disminución del 65% del número de fianzas en Eivissa entre 2020 y 2024, cuando el porcentaje que corresponde es el 39,4% y del 161,5% en Formentera, cuando es del 61,76%. Por lo que respecta al alquiler temporal, el error se repite. Se habla de un incremento del número de fianzas del 45,8% en Eivissa, del 76,9% en Formentera, del 68% en Mallorca y del 65,8% en Menorca entre 2020 y 2024. Los cálculos correctos son 84,62%, 333%, 212,5% y 19. Errores similares se repiten también en los cálculos de la evolución de los precios de alquiler y precios de las fianzas.

¿Cómo puede afectar esto a las conclusiones del estudio? El economista especializado en vivienda y actualmente consejero electo del PSIB en Menorca, Eduard Robsy, ha detectado, en primer lugar, los errores, que este diario ha confirmado. "Sorprende la cantidad de errores aritméticos en cálculos sencillos. Nada mal por un trabajo de primer nivel a partir del cual tomar la decisión más importante en materia de vivienda que debe adoptar esta comunidad autónoma", comenta. Sin embargo, el experto considera que es necesario enmendar el texto en su conjunto. "No sólo es que esté mal calculado, es que se basa en indicadores que no son válidos para derivar consecuencias", argumenta. "Básicamente, el informe se lo inventa todo: dice que en Catalunya no ha funcionado —ignorando todos los informes contrarios a su tesis— y después dice que en Baleares tampoco funcionaría, pero no hay un esfuerzo por confirmar que hay un comportamiento paralelo y que el paralelismo se rompe con la declaración de zonas tensionadas". "Es un puro ejercicio de dogmatismo y soberguería", lamenta el socialista.

Una omisión "relevante"

En este sentido, Robsy señala que la elección de los datos del estudio es "sesgada" y la metodología del informe, "dudosa". "Emplea datos y municipios según la conveniencia y no separa sus posibles efectos acumulados", dice: "No hay ninguna argumentación sólida en el trabajo que demuestre de forma indudable el fracaso de la declaración de zonas tensionadas en las ciudades donde se ha aplicado y menos aún para justificar sus conclusiones". Añade, además, una omisión "relevante" al texto. "En ningún momento se alude a que en 2019 la duración mínima de los contratos de alquiler pasó de tres a cinco años (a siete en el caso de propietarios personas jurídicas)", apunta. Esto, dice, debería haberse tenido en cuenta para calcular la evolución del número de contratos de alquiler: porque no necesariamente se firman menos por la limitación de precios, sino que esta variable también puede haber reducido su cifra. "El estudio también apunta a que el aumento de ofertas de alquiler de temporada responden causalmente a la aprobación de la Ley por el derecho a la vivienda, cuando este trasvase se produce mucho antes", remarca. "Las Islas merecen un informe independiente, basado en datos sólidos y contrastados, planteado con rigor y con una metodología cuantitativa solvente", insiste.

El doctor en Geografía y experto en turistización, Ivan Murray, también es crítico con la metodología del informe. "He quedado bastante asustado", dice. "Se toma una muestra muy pequeña, intenta extraer conclusiones aunque no pueden ser estadísticamente significativas y el diseño metodológico presenta dudas", expone. También apunta a discrepancias entre el texto y las conclusiones del informe. "Analíticamente, este estudio no distingue entre la tipología de contratos de alquiler", explica, y considera que debería ir más "al por menor" de los datos. "La literatura académica no suele estar sobre blancos o negros, sino un debate", apunta. "La regulación de los precios es una medida importante, pero debe acompañarse de otro abanico de medidas, aunque tiene un efecto y los propios autores del informe lo admiten", añade.

El catedrático de Geografía de la UIB e investigador en el ámbito del turismo Macià Blàzquez también discrepa de las conclusiones del informe. "Proponer ampliar la oferta y no aplicar restricciones a los mecanismos del mercado es no querer aceptar ninguna limitación ambiental o social, menospreciando la equidad social o las fronteras planetarias", apunta. "El informe legitima el relato de las leyes de desprotección del territorio del Gobierno del PP con el apoyo de Vox: la creación de proyectos residenciales estratégicos en suelo rústico o la legalización de inmuebles en suelo protegido", considera. Critica, además, que descarte la eliminación de Airbnb como opción para descender significativamente los precios de los alquileres "sin apoyo estadístico". El informe que hicieron el propio Blázquez, Murray y Maria Antònia Martínez para la UIB, advierte, "lo refuta".