Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, destruida.
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Pedro Sánchez ha destacado, a nivel europeo, como uno de los líderes más contundentes a la hora de condenar el genocidio que Israel está ejecutando en Gaza, y de reconocer un futuro estado palestino. Los hechos, cada vez más extremos, le están dando la razón. Ante las evidencias, Francia y Alemania han empezado a cambiar su posición. Pero el posicionamiento político internacional de Sánchez en este terreno no corresponde del todo con los hechos internos.

Si en abril fueron sus socios de gobierno quienes le forzaron a cancelar contratos de material militar producido por empresas israelíes, ahora el ARA ha comprobado que, en la práctica, se han seguido haciendo encargos y tratos diversos por parte de la administración central del Estado, y de otras administraciones. Además, pese a la promesa de Sánchez de revertir la adjudicación más abultada –la de munición para la Guardia Civil, que finalmente fue de 5,4 millones, según consta en el BOE–, del desenlace de este episodio no se ha tenido más noticia. ¿Realmente se ha revertido?

En todo caso, ya la espera de si efectivamente el gobierno español se ha echado atrás en esa compra, el incumplimiento más reciente del compromiso de la Moncloa de no volver a hacer compras a empresas que comercien con material militar y de defensa de Israel ha consistido en dos contratos firmados por la Autoridad Portuaria de Ferrol a cargo. de los que formalizado hace tan sólo dos semanas, el 2 de agosto.

Este contrato, ciertamente menor, como el resto de los que han hecho y siguen haciendo administraciones españolas, se vehicula a través de Guardian Homeland Security, empresa fundada por exagentes especiales de Israel y distribuidora dentro de España de los principales fabricantes de material de seguridad y defensa israelíes. Tiene sede en Madrid y forma parte del grupo Guardian Holdings, con sede cerca de Tel Aviv. Se da la circunstancia de que Guardian Homeland Security no actúa como una empresa comercial neutra, sino que desde sus cuentas en las redes sociales emite mensajes explícitos en apoyo a la actuación del ejército israelí en Gaza y avala tesis islamófobas de la extrema derecha mundial.

Entre las diversas administraciones del Estado que han tenido tratos consta también la Generalitat de Catalunya. Entre 2019 y 2024, los Mossos d'Esquadra adquirieron a esta firma diversos materiales: desde almohadillas de repuesto para cascos hasta elementos que los agentes utilizan para prácticas de tiro. El ARA ha tenido acceso a los expedientes y las cifras: en total fueron seis contratos por valor de 57.818 euros, durante los mandatos de los gobiernos de Quim Torra, primero, y de Pere Aragonès, después. Solo hay un contrato formalizado después del 7 de octubre del 2023, día de los ataques de Hamás que desataron la ofensiva de Israel y el inicio de la masacre en Gaza. La conselleria de Interior dice que son compras ejecutadas y pagadas y, por tanto, no reversibles, y se compromete a no hacer más. Es necesario exigir al gobierno de Pedro Sánchez que también actúe en consecuencia, sin excepciones ni dilaciones, con un embargo real de compras de material bélico.

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