El PSIB acusa a Lafuente de favorecer sus intereses empresariales con la modificación de la Ley de puertos

PalmaLa modificación de la Ley de puertos que PP y Vox han presentado este martes en el Parlament ha puesto al conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, en el punto de mira. El portavoz adjunto del grupo del PSIB, Marc Pons, le ha acusado de tener intereses empresariales "directos" en esta modificación. El motivo es que el consejero ha heredado el 33% de la propiedad de la sede social del Puerto de Addaia, en Menorca.

Lafuente pidió un turno de intervención en el que se mostró dispuesto a despejar dudas sobre sus posibles intereses en la modificación de la ley, y acusó a Pons de hacer "injurias veladas". "Manifiesto mi total disposición a todos los grupos de manifestar mi situación patrimonial respecto de lo que pueda tener relación con el sector, que se reduce a la muerte de mi padre, que tenía participaciones en una sociedad", ha defendido. "Ni he comprado ni he vendido acciones en una empresa determinada, ni he participado en ningún consejo de administración", ha insistido: "En política no todo vale". Fuentes de la conselleria han explicado además que, por ahora, Lafuente todavía no ha aceptado formalmente la herencia.

Sin embargo, Pons ha recordado que la Ley de buena administración y buen gobierno establece el deber de inhibición o abstención de los miembros del Gobierno y altos cargos en la toma de decisiones en las que tengan o puedan tener intereses personales. Pidió varias veces a Lafuente que aclarara si se abstuvo en la votación de la modificación en el Consejo de Gobierno. El conseller no respondió a esta pregunta, pese a insistir en mostrarse dispuesto a dar "toda la información". "¿Quién gestiona el Puerto de Addaia?", ha insistido Pons: "Hay una relación directa".

Con relación al contenido específico de la norma, Pons ha criticado especialmente que permita alargar cincuenta años la concesión a determinadas marinas (empresas privadas que gestionan puertos deportivos) cuando ya gozan de 15 o 20 años, lo que no se permite a los clubes náuticos. "Algo chirría del discurso de la economía liberal", ha dicho.

La intervención de Pons ha indignado a la bancada del Govern, que le ha reprochado las críticas al conseller. "Qué vergüenza", le espetó fuera de micrófono el vicepresidente primero, Antoni Costa. La norma continúa su tramitación en el Parlament gracias a los votos de PP y Vox. El PSIB, MÁS y Més por Menorca también han votado en contra.