Baleares rozará el récord de déficit fiscal de la última década en 2025

PalmaLas Islas Baleares rozarán este 2025 el récord de déficit fiscal de la última década. Estos son los cálculos de la Consejería de Economía y Hacienda, que prevé que la diferencia entre lo que las Islas aporten y lo que reciban será de 570,4 millones de euros. Un déficit sólo superado en el 2020, año de pandemia, en el que el balance fue de 579,5 millones de euros. En las puertas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en las que el gobierno español explicará su propuesta de reforma del sistema de financiación, la Conselleria advierte que las Islas son uno de los territorios más perjudicados por el reparto actual.

Los datos entregados por el departamento al ARA Baleares se basan en la diferencia entre lo que las Islas reciben con el fondo de competitividad y lo que aportan a los fondos de garantía y suficiencia. Los años en los que esto ha sido más descompensado han sido, además de los dos citados, en 2019 (cuando la diferencia fue de 543 millones de euros), 2021 (489) y 2018 (468). Mientras que el mínimo en la última década se dio en 2016, cuando Baleares tan sólo recibieron 115,7 millones de euros menos de los aportados. En 2017, la cifra fue de 181 millones, y en 2022, de 186,5 millones, mientras que en 2023 ascendió a 213 y en 2024 ascendió a 371,9 millones de euros. El cálculo es complejo y basado en múltiples variables, pero fuentes del departamento detallan que la aportación de la Comunitat depende de su capacidad fiscal, es decir, de lo que vaya recaudando a través de impuestos como el IVA y el IRPF. Debido a la gran afluencia de turistas, el IVA que se recauda en las Islas se dispara. Pero, en cambio, después la población flotante (personas que emplean los servicios públicos aunque no vivan en el territorio, como los turistas o trabajadores de temporada) no se tiene en cuenta para el reparto de recursos.

Esta es una de las quejas que el vicepresidente primero y consejero de Economía y Hacienda, Antoni Costa, trasladará previsiblemente al encuentro con la vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Mientras el ejecutivo de Pedro Sánchez promete que todas las autonomías se beneficiarán de su propuesta para reformar el sistema (caducado desde 2014), los varones del PP y también algunos del PSOE (como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page) asisten a la reunión desde la desconfianza. Principalmente, porque la propuesta se ha fraguado a partir de las negociaciones bilaterales que han mantenido los representantes del gobierno español y ERC.

La delegación del gobierno español en Palma aseguró que la propuesta de Sánchez comportará, si se aprueba, que las Islas reciban otros 412 millones de euros. Con todo, Hacienda esperará a conocer los detalles de la iniciativa antes de posicionarse en ella. Costa ya advirtió el pasado viernes de que no es una cuestión de cifras sino de conocer en qué posición quedarían las Islas en relación al resto de territorios del Estado. También advirtió que el Gobierno rechazará cualquier planteamiento que comporte forzar a la Comunitat a subir impuestos (el Ministerio anunció medidas contra el dumping fiscal de los territorios gobernados por el PP), lo que definió como una "línea roja total".

"No permitiremos ataques a la autonomía que tiene las Islas Baleares para bajar los impuestos", insisten fuentes del departamento: "La voluntad por parte de la ministra de establecer mínimos de tributación de impuestos como el de sucesiones y donaciones es inaceptable". "El gobierno de España no puede pretender imponer la recuperación de este impuesto y subvertir la voluntad que expresó una clara mayoría de los ciudadanos en las urnas el pasado 28 de mayo del 2023", argumentan: "Aún menos cuando el Partido Socialista es aquel que se llama federalista, y no hace más que mostrar su centralismo jacobino". En este sentido, acusan a Sánchez de "atacar uno de los núcleos del Estado autonómico".

"Sánchez no recoge ninguna de las reivindicaciones de las Islas"

Sin embargo, fuentes del departamento explican ahora que el conseller asistirá al CPFF con "espíritu constructivo, ganas de negociar y agradeciendo que, al fin, el gobierno de España haya iniciado el melón de la reforma" del sistema de financiación. Sin embargo, también remarcan que, "si por parte del gobierno de España mañana no hay espíritu negociador y ya debe dar el 'sí' o 'no' a la propuesta, el Govern votará claramente no", porque no recoge "ninguna de las reivindicaciones" del Ejecutivo balear.

Una cuestión principal por el Gobierno Prohens (a diferencia de otros territorios donde el PP gobierna) es la aplicación del principio de ordinalidad, que establece que cada comunidad reciba por parte del Estado en el mismo orden en que haya aportado a la caja común. Según los últimos datos publicados en 2021 (un cálculo de la aplicación del sistema de financiación que elabora la Generalitat), en términos de capacidad fiscal Baleares está en segunda posición (después de Madrid), con una aportación de 3.248 euros por habitante al sistema. Pero después de la aplicación del modelo de financiación, los recursos que reciben las Islas las derriban hasta la novena posición: 2.910 euros por habitante.

La presidenta del Gobierno, Marga Prohens, ha reivindicado la aplicación de este principio de manera insistente, aunque también ha rechazado cerrar filas para pedirlo con Catalunya, como le propuso el presidente catalán, Salvador Illa, en una visita a Palma el mes de noviembre pasado. Sea como fuere, fuentes de la Conselleria de Economia lamentan que, en la propuesta que ha puesto ahora el ejecutivo español sobre la mesa, se hayan "intentado encajar las piezas porque sólo en Catalunya, de facto", se aplique este principio.

Sea como fuere, todavía se conocen pocos detalles de la propuesta del Ministerio de Hacienda. También trascendió que el peso de la insularidad en el cálculo de la población ajustada (que determina el número de habitantes de cada comunidad en relación con sus necesidades y el coste de los servicios que necesitan) ha disminuido y que pase del 0,6 al 0,5. "Es incomprensible que para el gobierno de España vivir en unas islas suponga hoy menos necesidades de gasto que ayer", insiste el departamento, quien también critica que no se hayan incluido en la propuesta las variables de la población flotante y el crecimiento poblacional. "Para las Islas, son fundamentales para reflejar nuestras necesidades de gasto actual", remarcan.