El Gobierno quiere ahogar el órgano consultivo de la comunidad educativa: "Lo hace con nocturnidad y alevosía"

PalmaEl Gobierno pretende modificar el funcionamiento del Consejo Escolar de las Illes Balears (CEIB) sin informarle previamente. El CEIB, máximo órgano de participación de la comunidad educativa de las Illes Balears, ha rechazado en diversas ocasiones propuestas del Ejecutivo. El cambio se quiere introducir mediante una enmienda al decreto ley que acelera proyectos estratégicos para la transformación económica de las Illes Balears, aunque el decreto no tiene ninguna relación con la función consultiva educativa. El objetivo es reducir los plazos del CEIB para emitir informes, un proceso clave para que pueda analizar y hacer aportaciones sobre la normativa y proyectos de la Conselleria d’Educació. Aunque, habitualmente, la mayoría de propuestas de contenido se desestiman y las de carácter formal son las que sí que se acaban incorporando.

Actualmente, los informes ordinarios tienen un plazo máximo de 60 días hábiles desde la recepción de la solicitud y el ponente dispone de hasta 40 días hábiles para revisar toda la documentación, preparar el informe y entregarlo al presidente del CEIB. Posteriormente, la comisión permanente y el pleno revisan el informe antes de la aprobación definitiva. La vía de urgencia, reservada para casos excepcionales, permite tramitar informes en un máximo de 20 días hábiles, con un plazo hasta la emisión del informe de un mes.

La tarea del CEIB es exigente, porque los informes implican revisar punto por punto toda la documentación, discutir aportaciones con todos los consejeros y asegurar que el informe final refleje un consenso sólido sobre la política educativa de las Illes Balears. Algunos consejeros recuerdan tramitaciones maratonianas, como por ejemplo el decreto de educación inclusiva que impulsó el gobierno del Pacto y que la Consejería de Educación de Antoni Vera guardó dentro de un cajón para hacer su propia normativa.

La enmienda popular establece plazos más cortos: el CEIB debería resolver cualquier consulta en un mes, mientras que los plazos para casos específicos serían de 30 días hábiles. Estos casos incluyen los anteproyectos de ley que el Gobierno presente al Parlament, los proyectos de decreto y las órdenes en materia educativa y las normas generales sobre construcciones y equipamientos escolares. En el caso de informes con urgencia, el plazo se reduciría a 15 días hábiles, aunque en situaciones de complejidad especial se podría solicitar una prórroga al consejero competente. En caso de que la enmienda pase el corte y se apruebe, el CEIB tendrá tres meses desde la entrada en vigor del artículo 6 bis para adaptar su reglamento interno a estos nuevos plazos.

Se prepara la respuesta

Las reacciones del CEIB no se han hecho esperar. Fuentes autorizadas del órgano han expresado su crítica con contundencia: “Lo hacen con nocturnidad y alevosía, sin comunicárnoslo y sin ninguna consulta previa. Ahora hacemos consultas legales, porque consideramos que esta modificación debería haber pasado por el CEIB. Lo que modifican es una ley educativa y, por este motivo, debe pasar por el CEIB y tener el informe preceptivo correspondiente”. Además, añaden que “ es vergonzoso, porque actúan a espaldas de la comunidad educativa, con una actitud de menosprecio total hacia nuestra tarea. No creen en la participación. Pretenden hacer lo que quieren sin dar pie a la participación efectiva”. Hay que recordar la entrevista de la presidenta del CEIB, Pepita Costa, con el ARA Balears: "La Conselleria hace política educativa sin escuchar a la comunidad educativa y es un problema", apuntó.

Especialistas y miembros habituales del CEIB señalan que los plazos actuales ya son ajustados, porque los ponentes deben revisar toda la documentación, acordar las aportaciones con el resto de consejeros y preparar un informe completo. Reducir estos márgenes de tiempo podría poner presión sobre la profundidad y la calidad de las revisiones, aunque el texto permite excepciones en casos complejos.