Las familias del CEIP Son Pisà, sobre la llegada de Roldán: "La solución no puede ser trasladarlo de centro a centro"

PalmaLas familias del CEIP Son Pisà han expresado su “profunda preocupación” por la incorporación al centro de Miquel Roldán, el docente mallorquín condenado judicialmente por acoso a un menor, una situación que, aseguran, ha generado “alarma e inquietud” dentro de la comunidad educativa.

En un comunicado, los padres y madres remarcan que la seguridad, el bienestar y la protección de los niños “han de ser siempre la prioridad” dentro de cualquier entorno educativo. Por ello, reclaman a la administración educativa información “clara y transparente” sobre las medidas adoptadas y las garantías existentes para asegurar un entorno seguro para el alumnado.

Las familias piden a la Conselleria de Educación que revise el caso y adopte las medidas necesarias para preservar la confianza de la comunidad educativa. En este sentido, consideran que la respuesta institucional no puede limitarse al traslado del docente entre centros, sino que ha de implicar “una revisión profunda” y actuaciones que ofrezcan “respuestas claras y seguras”.

El comunicado también plantea la necesidad de abrir una reflexión más amplia sobre la normativa vigente y posibles mejoras, y expresa la voluntad de continuar trabajando con la dirección del centro y las instituciones para garantizar el bienestar de los niños.

Un caso que reabre el debate

La incorporación al CEIP Son Pisà se enmarca en el caso del docente Miquel Roldán, condenado a un año de prisión por acoso a un exalumno menor de edad, una sentencia que fue confirmada por la Audiencia de Palma.

A pesar de la condena, el tribunal no decretó la inhabilitación para ejercer la docencia al considerar que los hechos no estaban directamente vinculados a la actividad profesional, hecho que le ha permitido continuar trabajando en centros educativos.

Los hechos se remontan a partir de 2020, cuando el docente mantuvo contacto con un exalumno menor con quien había coincidido años antes, e inició una conducta de acoso con mensajes insistentes y propuestas de encuentros, hasta el punto de que el menor mostró miedo y se estableció una orden de alejamiento.

Protestas y polémica previas

El caso ya había generado una fuerte polémica a principios de curso, cuando Roldán fue destinado al CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina. Su presencia desencadenó una respuesta inédita de las familias, que durante once días dejaron de llevar a los niños a clase como medida de protesta.

Además, la Consejería de Educación había llegado a plantear una evaluación psiquiátrica para determinar la idoneidad del docente para trabajar con menores, pero esta no se llegó a hacer y finalmente se retiró, hecho que ha incrementado las críticas y la sensación de falta de medidas preventivas.

El caso también ha llegado al Parlament, donde se ha iniciado la tramitación de un posible cambio legislativo para impedir que personas condenadas por acoso a menores puedan ejercer en profesiones con contacto habitual con niños, si no hay una inhabilitación expresa.

En este contexto, la incorporación al CEIP Son Pisà vuelve a situar el debate sobre los límites legales y la protección de los menores en el centro de la agenda educativa y política de las Islas.