Los docentes estallan contra Educació: "Al cabo de 30 años, hemos cobrado 565.700 euros menos que los sanitarios"

PalmaLos docentes de Mallorca han hecho sentir su malestar delante del Parlamento mientras se hacía el pleno. La Junta de personal docente no universitario, formada por los sindicatos del sector, leyó un comunicado en el que denunció la gestión de la Conselleria de Educación y la "falta de verdad" del conseller Antoni Vera. Durante la lectura, los sindicatos han silbado, lo que ha generado un ruido que se ha sentido claramente en el hemiciclo en señal de protesta. De forma simultánea, también se han realizado concentraciones en Ibiza y en Menorca.

Según se explica en el manifiesto, que ha hecho la presidenta de la Junta, Catalina Bibiloni, la gestión de la fecha final de las oposiciones de 2026 ha sido "la gota que ha colmado el vaso" por la falta de negociación de la Conselleria. Además, los docentes subrayaron que el Acuerdo Marco de mejora de la enseñanza pública de 2023 "no se ha aplicado en toda su extensión, pese a que la Administración asegure que se ha ido ejecutando".

Entre los puntos pendientes, la Junta ha recordado la disposición adicional tercera de la Ley de Educación de las Islas Baleares (LEIB), que recoge que "en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, la administración educativa debe elaborar un plan que tenga como objetivo la reducción progresiva de las ratios máximas establecidas en la normativa básica para permitir una min".

También han subrayado la necesidad de poner en marcha el Plan de infraestructuras educativas 2023-2027 para reducir el número de alumnos y llegar al 20%, tal y como recoge el Acuerdo, y han reclamado un seguimiento efectivo de su aplicación. En cuanto a la carrera profesional, la Junta afirmó que "queda muy lejos del redactado del Acuerdo de mejora", y recordó que la coyuntura económica positiva, la finalización de una temporada turística de récord y la buena recaudación de la Administración "deben permitir una mejora significativa y urgente de la carrera profesional docente y la equiparación con el resto de funcionarios". Según la Junta, después de 30 años de trabajo, un docente ha percibido 565.700 euros menos que un trabajador de sanidad y 141.075 euros menos que otros funcionarios públicos, una diferencia que han calificado de "grave discriminación salarial".

Derogación del Plan de segregación lingüística

El profesorado también ha criticado el Plan de segregación lingüística del conseller Antoni Vera y ha pedido su retirada, "ya que es una propuesta que no ha recibido el apoyo de ningún agente social ni ha sido consensuada con ningún miembro de la comunidad educativa", y que "se ha convertido en un mecanismo de financiación de la escuela concertada". En paralelo, exigieron la puesta en marcha urgente del punto 30 del Acuerdo de 2023 para implementar "un plan de choque de medidas socioeducativas para promover un mayor uso de la lengua catalana en los centros educativos", que vaya más allá del "aumento de las horas de PALIC y de la dotación de dinamizadores lingüísticos".

Otros puntos que los docentes han denunciado incluyen la reducción de la burocracia, el plan de climatización ante situaciones extremas de frío y calor, la mejora del Fondo Social, la revisión de la función tutorial –"¿Dónde están los 60 euros de complemento de tutoría que se debían percibir a partir de septiembre de 2025?" "el año sabático retribuido".

Por último, la Junta expresó su disconformidad con la política educativa del Partido Popular y alertó de que los pasos hacia la privatización "ya no tendrán vuelta atrás", incluyendo la etapa 0-3, la formación profesional, el desmantelamiento de la red de centros de profesorado, la aparición de una entidad de formación ligada a un centro religioso. También criticaron la reducción de zonas de escolarización en Palma, que "supondrán un aumento de la segregación escolar".

En la conclusión del comunicado, la Junta reivindicó que "es el momento de rectificar y situar la escuela pública, su profesorado y toda la comunidad educativa en el centro de las políticas educativas" y reivindicó "una enseñanza pública de calidad, inclusiva y en catalán que sea un elemento primordial para la cohesión social, el aprendizaje,".