Las casitas junto al mar que Costas quiere derribar

Sant Lluís se opone al derribo de una de las 177 construcciones en el litoral catalogadas en Menorca, mientras que el Gobierno intenta por ley saltarse las directrices del Estado en contra del Constitucional, que ya lo ha impedido en Valencia

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Una caseta junto al mar en la costa menorquina.
22/11/2026 - 17:26 h

CiudadelaLa balada de Lucas, una de las melodías más conocidas del cancionero popular menorquín, refleja una realidad que cada vez está más lejos del día a día de la isla. Las tradicionales casetas junto al mar que se mencionan en la canción compuesta por José Luis Ortega Monasterio (1918-2004) están constantemente amenazadas por la Ley de costas, sin que todavía se haya conseguido garantizar su preservación. La reciente orden de derribo de la caseta Jaume d’Alcalfar, desobedecida por el Ayuntamiento de Sant Lluís, lo ha puesto nuevamente en evidencia.

El legado patrimonial dejado por las edificaciones construidas junto al mar a principios del siglo XX, y que acostumbraban a utilizarse como refugios de pescadores y para ir a pasar el día con familia o amigos, está en peligro. Así lo ha entendido la alcaldesa del municipio, la popular Loles Tronch, que al día siguiente de recibir la notificación ministerial ordenó paralizar la orden, a pesar de que Costas ya había adjudicado los trabajos de derribo por poco menos de 45.000 euros. El argumento de la alcaldesa es que se incumple la Ley de patrimonio histórico y que la caseta figura tanto en el inventario municipal como en el catálogo insular.

Realmente, sin embargo, no es así. A pesar de que se comprometió a ello -con acuerdo previo de pleno- en 2024, el Consell no ha actualizado el inventario y la caseta Jaume d’Alcalfar no aparece en el catálogo insular. “Si no, el Ministerio no pediría que se tirara al suelo”, apunta el diputado socialista Marc Pons.

Órdenes de derribo

Las órdenes de derribo de esta casita, construida en 1926, han sido reiteradas durante las últimas décadas. En 1975 se autorizó temporalmente, pero solo por un periodo de 15 años y a cambio de pagar 100 pesetas por cada uno de sus 57 metros cuadrados escriturados.

En 2006, transcurridos más de 30 años y ya con la nueva Ley de costas vigente, se inició un acta de reversión del edificio para recuperarlo e incorporarlo al dominio público marítimo-terrestre. El exjefe de la Demarcación de Costas en Baleares, Celestí Alomar, firmó una providencia en 2010, cuando la casita ya medía 87,54 m2, pero tampoco su usuaria, Bernardeta Stevens, hizo caso. Ahora, pasados ya 20 años desde el inicio de aquel procedimiento, Costas ha ordenado de nuevo el derribo y nuevamente la petición no ha sido atendida.

El Consell, también gobernado por el PP, ha reaccionado y llevará este mes a pleno una propuesta de urgencia en defensa de las casetas de orilla y para pedir a Costas y al Ministerio para la Transición Ecológica que se detenga el proceso de demolición iniciado contra la construcción litoral de San Luis. El conseller de Cultura, Joan Pons Torres, defiende que las casetas de orilla son “uno de los elementos más característicos y singulares del patrimonio etnológico y marítimo de Menorca” y forman parte de su memoria colectiva. El objetivo del gobierno insular es conseguir que “se abra una vía de diálogo” para hacer compatible la gestión del dominio público con su preservación. En 2024 ya aprobó un acuerdo unánime que instaba al gobierno de España a modificar la Ley de costas para preservar las catalogadas con cualquiera de las figuras que prevé la Ley de patrimonio histórico de Baleares de 1998.

A la asociación ciudadana constituida en 2023 en defensa de las casetas de orilla de Menorca no le consta ningún otro caso de demolición inminente, “pero sí de expedientes que están abiertos desde hace años” y de otros que están en riesgo por la caducidad próxima de sus concesiones. Lo dice el presidente, Gonçal Seguí, que teme que, sin una normativa que las proteja, otras casetas de orilla también se vean amenazadas en un futuro próximo por la administración estatal.

La propuesta de ley que les pidió el consejero del Mar, Juan Manuel Lafuente, para poder legislar desde las Baleares sin contradecir la Ley de costas y avanzar así en su protección “ya hace meses que está en el Parlamento”.

Estos días, de hecho, se ha llevado a aprobación en el hemiciclo la toma en consideración de la nueva ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral, que en principio debe garantizar para siempre las casetas de orilla, pero no es seguro que se llegue a tiempo a aprobarla antes de que acabe la legislatura. En este sentido, el diputado popular Sebastià Mesquida ha echado en cara a la izquierda que “se oponga a una ley que pretende proteger elementos tan representativos de nuestra identidad como las casetas de orilla. Merecen ser preservadas y no condenadas a desaparecer”.

Pero los precedentes no invitan al optimismo. El Tribunal Constitucional acaba de aprobar el recurso presentado por el gobierno de España contra la ley valenciana que pretendía proteger determinadas construcciones tradicionales en su litoral que Costas quiere derribar. La resolución judicial, conocida este octubre, invalida la normativa autonómica que el gobierno valenciano había aprobado para dar una cobertura jurídica a los núcleos etnológicos de la Colonia Babilonia, en Guardamar de Segura (Alicante). Estas construcciones han quedado expuestas al avance creciente del mar y Costas ha ordenado su derribo dentro del dominio público.

Inventario de casetas de orilla en el litoral

En Menorca, hay 177 casetas de orilla, pero no todas están catalogadas. La mayoría, 75, están ubicadas en el término municipal de Mahón; 32, en Sant Lluís; 26, en Es Mercadal; 18, en Ciutadella; 17, en Es Castell; 5, en Alaior; 3, en Es Migjorn Gran, y 1, en Ferreries. Además de realizar el inventario, también aprobó en 2024 un acuerdo unánime que instaba al gobierno de España a modificar la Ley de Costas con el fin de preservar las que estén catalogadas con cualquiera de las figuras que prevé la Ley de patrimonio histórico de las Baleares de 1998. Pero el Estado no ha hecho su trabajo.

En 2022 se derribaron dos casetas de orilla, las últimas de las cuales se tiene constancia que se hayan tenido que demoler en la isla. El Ministerio se negó a prorrogar la concesión porque se habían reconvertido en viviendas, un uso que no está permitido en el litoral, pero sí alargó la autorización a otras, con títulos concesionales anteriores a la Ley de Costas de 1988, que todavía se emplean para guardar barcas o en ellas mantienen alguna actividad vinculada a la pesca o el marisqueo.

La alarma saltó un poco antes, en 2021, cuando Costas notificó a los concesionarios de las casetas de orilla de la cala Sant Esteve (Es Castell) que revocaba la prórroga de la que disfrutaban y ordenaba la demolición de las construcciones. Este hecho movilizó al entonces consejero de Cultura, Miquel Àngel Maria (PSM-Més per Menorca), preocupado por lo que entendía que era “una amenaza en toda regla contra el patrimonio histórico y etnológico de Menorca”.

Gracias a esta inquietud, el Consell insular y el Ayuntamiento de Mahón –ambas instituciones gobernadas entonces por la izquierda– detuvieron el derribo de dos casetas que la Autoridad Portuaria tenía previstas en el puerto de Mahón. Se trata de ‘na Nena’, catalogada en la cala del Fonduco, y la que era propiedad del empresario Santiago Pons Quintana en la zona de la Solana, en el puerto de Mahón.

Ahora es el PP, a las puertas de las elecciones generales, el que ha movido ficha en este sentido. Se tendrá que comprobar si, pasados los comicios, el tema vuelve a estar en la agenda de los grandes partidos y, sobre todo, si se superan las trabas legales con Costas para conseguir, al fin, garantizar por ley la protección de este bien patrimonial e identitario de Menorca.

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