Más del 75% del profesorado de Baleares alerta de un aumento de la conflictividad en las aulas

El exceso de burocracia, los ratios elevados y la falta de apoyo de la Administración marcan el malestar del profesorado.

Inspección carece de poder para intervenir en la disciplina de los centros concertados.
ARA Balears
12/01/2026
3 min

PalmaMás de tres cuartas partes del profesorado de Baleares alertan de que en los centros educativos del Archipiélago se ha consolidado un clima "conflictivo y complicado", marcado por un aumento de las agresiones verbales y físicas tanto por parte del alumnado como de las familias. Ésta es una de las principales conclusiones de una encuesta estatal elaborada por el sindicato STEI, en la que han participado más de 1.200 docentes de Baleares y más de 13.000 en todo el Estado.

En concreto, el 78,9% de los docentes de Baleares afirma percibir conflictividad en los centros educativos. Además, el 79,4% asegura haber aumentado las agresiones verbales –y puntualmente físicas– por parte del alumnado, mientras que el 75% sostiene que este incremento también se da en el caso de las familias. Estos datos se acercan a la media estatal, donde el 82,6% del profesorado describe el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y el 83,1% detecta un aumento de las agresiones procedentes del alumnado. Por lo que respecta a las familias, el 76,7% de los docentes de todo el Estado también constata un incremento de estas situaciones.

La encuesta pone también el foco en la percepción que tiene el profesorado sobre las políticas educativas. En las Islas Baleares, el 60,5% de los docentes considera que las administraciones no apuestan de forma clara por la escuela pública y que, en cambio, favorecen procesos de privatización. Esta visión es aún más extendida a nivel estatal, donde el 75,7% del profesorado opina que las administraciones no refuerzan suficientemente el sistema público de educación.

Las condiciones materiales y laborales constituyen otro de los grandes motivos de malestar. En Baleares, el 74,4% de los docentes afirma que no dispone de los recursos necesarios –espacios, materiales y tecnología– para garantizar una educación de calidad. Esta misma carencia es denunciada por el 75,7% del profesorado del conjunto del Estado. Además, casi la totalidad de los docentes, tanto en Baleares (96,8%) como en España (95,7%), alerta de que el exceso de burocracia administrativa les resta tiempo para dedicarlo a la labor pedagógica.

Aulas saturadas

Los ratios elevados en las aulas son otro de los factores más criticados. El 91,5% del profesorado de Baleares considera que el número de alumnos por aula no permite una atención adecuada a la creciente diversidad del alumnado, una opinión compartida por el 91,8% de los docentes a escala estatal. Esta situación, según la encuesta, tiene consecuencias directas en la calidad educativa y el bienestar del profesorado.

El estudio también evidencia el impacto de la sobrecarga laboral en la vida personal y emocional de los docentes. En Baleares, el 77,4% asegura que el exceso de jornada afecta negativamente a la conciliación familiar y su equilibrio emocional, un porcentaje muy similar al registrado en el conjunto del Estado (77,8%).

En cuanto al reconocimiento social e institucional, los datos reflejan un fuerte sentimiento de desprotección. Un 67% del profesorado de Baleares no se siente apoyado por las administraciones educativas, mientras que esta percepción se eleva hasta el 85,8% a nivel estatal. Igualmente, el 87,9% de los docentes del Archipiélago considera que la sociedad no valora suficientemente su trabajo, una opinión compartida por el 88,3% del profesorado de todo el Estado. Sin embargo, en Baleares el 50,8% de los docentes cree que las familias de su alumnado sí reconocen su labor, una percepción más optimista que la registrada a nivel estatal, donde el 46,3% considera que las familias no valoran el trabajo docente.

Finalmente, la encuesta pone de manifiesto el malestar salarial del colectivo. En Baleares, el 87,4% de los docentes afirma que su salario no es adecuado, una percepción que también es ampliamente compartida en el Estado, donde el 88,3% considera insuficiente la actual remuneración y el 91,9% denuncia que los sueldos no se han revalorizado de acuerdo con el aumento del IPC de los últimos años.

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