Vox detiene, desde Madrid, la destitución del investigado Pedro Bestard
El presidente del Consejo ha dado pasos para echar del cargo a su socio de gobierno, pero la dependencia de los populares de la extrema derecha se ha impuesto
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Palma“En el ámbito personal no estoy de acuerdo con lo que hizo el señor Bestard”. Explícito y sin matices, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha liquidado con esta frase una pregunta hecha por el ARA Balears. Tener a un vicepresidente investigado penalmente por un posible delito de malversación de fondos públicos en plena campaña electoral no es plato de buen gusto. Galmés se traga el sapo de tener que mantener a su socio de gobierno en el cargo a pesar de haber manifestado públicamente que no comparte su comportamiento en relación con el uso privado de vehículos públicos.
El PP del Consell de Mallorca se lamenta de no haber tomado la decisión de destituir a Pedro Bestard cuando, el pasado mes de mayo, se destapó el uso irregular de vehículos del departamento de Medio Ambiente para uso privado y actos de Vox. Así lo manifiestan fuentes de la institución insular, que remarcan la incomodidad de tener que compartir espacio y gobierno con un alto cargo imputado en plena carrera electoral y durante la recta final del mandato.
La posición de Pedro Bestard dentro del equipo de gobierno del Consell de Mallorca es difícil de defender públicamente, y Galmés, consciente de que la situación le perjudica, ha dado pasos para apartarlo del cargo. Para hacerlo, ha tenido que acudir a la dirección estatal de Vox. La interlocutora habría sido Montse Lluis, vicesecretaria estatal de acción de gobierno y coordinación parlamentaria del partido de ultraderecha, quien ha sido designada para controlar los cuadros territoriales. Según aseguran fuentes conocedoras, la conversación no habría concluido de manera satisfactoria para Galmés, a quien Lluis habría dicho que ahora mismo Vox no quiere ni oír hablar de una destitución del segundo cargo más importante –después de la presidencia del Parlament– que ostentan en Baleares. Las posibles alianzas postelectorales entre el PP y Vox serían uno de los argumentos esgrimidos.
El ARA Balears ha pedido al entorno más cercano de Pedro Bestard declaraciones públicas a raíz de la citación el próximo 9 de diciembre como imputado ante la jueza que investiga el caso de los vehículos públicos. La respuesta: silencio o aducir no haber sido notificado por parte de los juzgados, un extremo difícil de defender a medida que van pasando los días.
Sin embargo, fuentes del partido en las Islas Baleares aseguran que el político de Vox “participa en los actos” del partido de ultraderecha de la campaña electoral y que, en ningún caso, se le aparta.
El viaje para diseccionar el chivo
Lo que preocupa al entorno del presidente Galmés, según ha podido constatar el ARA Balears, es la complicada defensa “ética y estética” que suponen algunos de los episodios protagonizados por Bestard. Uno de los más difíciles de justificar y que ha levantado más polvareda en el ámbito interno es el viaje del vicepresidente segundo y su jefa de gabinete en uno de los vehículos públicos hasta Toledo para llevar un macho cabrío a un taller de taxidermia de trofeos de caza. La iniciativa no tuvo el visto bueno del personal del departamento, ya que, entre otras cosas, supuso el traslado del cadáver del animal dentro de un vehículo, con lo que ello conlleva en cuanto a las garantías sanitarias.
Otro de los momentos más críticos ha sido la dimisión de la secretaria técnica del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell, Magdalena Ribot. Ribot redactó un informe técnico sobre el uso de los vehículos oficiales por parte de Pedro Bestard, su superior político inmediato. El informe detallaba que el político de Vox tenía tres coches del Consell a su disposición exclusiva mientras otros 19 del departamento estaban inutilizados. También documentaba trayectos y gastos de gasolina que no encajaban claramente con la actividad institucional del vicepresidente segundo, e indicios de que los logotipos de los coches se habían retirado deliberadamente para pasar desapercibidos.
Fuentes conocedoras del caso apuntan que la publicación de este informe provocó una hostilidad hacia la secretaria técnica que derivó en un grave conflicto laboral que se iba complicando. Es por ello, y ante el temor de los populares a que la situación empeorara con una posible denuncia por acoso laboral, que un altísimo cargo del Partido Popular intervino para que Ribot pudiera ocupar una vacante en la gerencia de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares. El cargo de libre designación fue publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el pasado mes de octubre. El 22 de octubre, el Consell anunció el relevo de Ribot. Durante el último pleno del Consell, la portavoz socialista, Catalina Cladera, preguntó si la salida de Ribot tenía relación con presiones recibidas tras elaborar el informe. Bestard negó haberla cesado y dijo que “se dio de baja”, rechazó haberla acosado y amenazado y aseguró que no había ningún testigo ni documento que demostrara el posible acoso.
La situación de Ribot se habría agravado cuando, posteriormente, el secretario general del Consell concluyó que no había ningún elemento punible en la actuación de Bestard, porque no incumplía ningún reglamento. Un informe que, según fuentes técnicas del Consell, fue muy criticado internamente, porque “existe el reglamento de la decencia”.
Pedro Bestard acaparará todas las fotografías el próximo 9 de diciembre, cuando acudirá a declarar como investigado. El PSIB ha anunciado que se personará en la causa como acusación popular, y el Consell, que podría hacerlo, todavía no lo ha decidido.