Esto es lo que cuesta ir al médico en las Baleares

PalmaIr al médico, hacerse una prueba, entrar por Urgencias o pasar una noche ingresado no implica tener que sacar la cartera cuando se tiene derecho a la asistencia sanitaria pública. Pero que el paciente no pague en el momento de recibir la atención no quiere decir que sea gratuita. Cada consulta, cada prueba, cada tratamiento y cada ingreso tiene un coste que asume el sistema público y que, en última instancia, se paga con los recursos de todos. Las tarifas oficiales del IB-Salut permiten poner cifras a esta factura invisible y entender mejor el valor de los servicios sanitarios al alcance de todos.

La normativa fija los precios públicos de las prestaciones sanitarias en determinados supuestos, principalmente cuando hay terceros obligados al pago y cuando los usuarios no tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo a la Seguridad Social. No son los precios que paga una persona con derecho a la asistencia pública cuando va al centro de salud y al hospital, sino las tarifas con las que el sistema valora los servicios. Estas cantidades permiten ver qué hay detrás de la atención sanitaria.

Una primera consulta de Atención Primaria está valorada en 84 euros y una consulta sucesiva, en 43 euros. Si son necesarias pruebas complementarias, los importes suben hasta los 107 y 53 euros, respectivamente. Una consulta de enfermería tiene una tarifa de 30 euros y llega a los 54 si incorpora pruebas. En el caso de una visita médica a domicilio, el precio puede alcanzar los 158 euros cuando también son necesarias curas de enfermería y pruebas complementarias. Son las atenciones más habituales, pero muestran que incluso una visita aparentemente sencilla moviliza profesionales, instalaciones, material y recursos públicos.

349 por urgencias no hospitalizadas

El coste es más importante cuando el paciente llega al hospital. Una primera consulta de atención especializada está valorada en 154 euros y una sucesiva, en 92. Una atención a Urgencias hospitalarias que no acaba en ingreso tiene una tarifa de 349 euros, mientras que determinados servicios de hospital de día o de atención en boxes de urgencias llegan a los 723 euros. Una intervención quirúrgica ambulatoria tiene un precio de 1.085 euros y el uso del quirófano puede llegar a los 2.202 euros cuando una operación se alarga hasta cuatro horas.

La hospitalización hace crecer aún más la factura. Un día de ingreso está valorado en 1.092 euros y una estancia de hospitalización quirúrgica, en 1.394. Si el paciente necesita una unidad de cuidados intensivos, una unidad especial o una unidad de críticos, la tarifa llega a los 2.094 euros. Estos importes incluyen buena parte de los recursos necesarios para atender al paciente, como la asistencia médica, los cuidados de enfermería, la medicación, determinadas pruebas, la alimentación y la estancia.

Hay situaciones más complejas. El IB-Salut sitúa entre 3.370 y 7.812 euros los procesos hospitalarios relacionados con migrañas y otras cefaleas, mientras que una hemorragia intracraneal puede alcanzar los 15.076 euros y un accidente cerebrovascular con infarto, los 13.389, entre otras atenciones. Un traumatismo craneal que deriva en coma profundo puede alcanzar los 80.531 euros. En los casos más complejos, las cantidades superan ampliamente los 100.000 euros: un trasplante hepático o intestinal puede alcanzar los 138.297 euros y un trasplante cardíaco o pulmonar, los 177.735 euros. Un trasplante de médula ósea puede superar los 133.000 euros.

Estas cifras no quieren decir que un ciudadano tenga que pagar estas cantidades cuando necesita asistencia sanitaria: en España es universal y gratuita. Precisamente una de las funciones de la sanidad pública es garantizar que una persona pueda recibir una operación, un tratamiento o una atención de urgencia sin tener que asumir directamente el coste. La factura, sin embargo, existe. La pagan los presupuestos públicos y, por tanto, el conjunto de la ciudadanía.

Conocer el coste de los servicios sanitarios puede ayudar a tomar conciencia de la importancia de hacer un uso responsable de ellos. Ahora bien, esta responsabilidad no puede recaer únicamente sobre el usuario. No tiene sentido pedir al paciente que evite acudir a Urgencias si, cuando necesita una consulta de Atención Primaria, se encuentra con centros donde las citas pueden llegar a darse con una demora de hasta dos semanas, a pesar de que la normativa establece que deberían ofrecerse en un plazo máximo de 48 horas. En estas situaciones, el paciente puede acabar acudiendo a Urgencias porque es la única vía que tiene para recibir atención en un plazo que considera razonable.

La responsabilidad del usuario también existe, incluso en situaciones en las que no siempre es fácil atribuirle la culpa. Por ejemplo, un paciente pide cita con el médico de cabecera por un dolor y se la dan para diez días después. Cinco días más tarde ya se encuentra bien y, simplemente porque la cita queda lejos en el tiempo, no piensa en anularla. Cuando llega el día, no va y el centro registra una ausencia que ha impedido que aquella franja horaria pudiera ser aprovechada por otro paciente. Hacer un uso responsable del sistema sanitario implica, por tanto, una responsabilidad compartida: que los ciudadanos utilicen los recursos con criterio y que la Administración garantice que se dispone de los recursos y de la capacidad para atender a los pacientes cuando lo necesitan.