El coste invisible de los turistas

No es un debate fácil. Hablar del coste de la atención sanitaria a los turistas obliga a moverse en una línea fronteriza fina y delicada. Por un lado, el principio de universalidad de la sanidad, que garantiza que cualquier persona que lo necesite debe ser atendida; por otro lado, la obligación que tiene quien debe asumir el coste de esta atención.

En Baleares, el IB-Salut reconoce que entre enero y julio de este año los turistas han generado una deuda de 2,6 millones de euros con la sanidad pública. Son asistencias que deberían haberse pagado y que resulta difícil recuperar. La cifra, bastante importante, quizás no explica la dimensión del problema. Porque la deuda que se factura y que queda registrada es solo la parte visible de un agujero invisible. También hay asistencias que no llegan a facturarse. Profesionales sanitarios explican que, sobre todo fuera del horario habitual, tienen que atender a turistas que llegan sin documentación o sin tarjeta sanitaria, y ellos no tienen los medios ni las herramientas necesarias para identificarlos y tramitar el cobro. Algunos pacientes acaban partiendo sin que la asistencia quede registrada. Y lo que no se registra tampoco se puede cobrar.

Esto tiene una doble consecuencia: por un lado, genera inseguridad entre unos profesionales que tienen como prioridad atender al paciente y no hacer tareas administrativas que no les corresponden. Por otro lado, convierte en indeterminado el coste que acaba asumiendo la administración autonómica. Son dineros que dejan de ingresarse en un sistema que requiere más profesionales, más recursos y más capacidad para responder a la demanda creciente.

El IB-Salut asegura que “la mayor parte” de las facturas acaban cobrándose. Pero no concreta cuál es la “mayor parte” ni puede cuantificar aquello que no llega a facturarse porque la visita no se ha registrado. Y esto, en unas islas que viven eminentemente del turismo, no es aceptable. No porque se deba poner en cuestión el derecho de cualquier persona a recibir asistencia, sino porque este derecho exige un sistema bien organizado que permita garantizarlo sin convertir en invisible una parte de los costes. Hay que saber qué cuesta la atención sanitaria a los visitantes. Y hay que establecer protocolos claros, también en las guardias nocturnas, para que los profesionales sepan qué deben hacer.

El caso del barcelonés retenido en un hospital de Tailandia hasta que no abone los 65.000 euros de la intervención que le han practicado es la otra cara, extrema, de esta cuestión. No se trata de importar un modelo que pueda comprometer la atención universal, sino de entender que los sistemas sanitarios también deben tener mecanismos para garantizar que los costes que corresponden a terceros no acaben diluidos en las cuentas públicas. Baleares no pueden permitirse que el coste sanitario del turismo sea una incógnita. Si el turismo es una actividad económica esencial, también lo debe ser saber qué cuesta al conjunto de la sociedad. Lo que no se registra no desaparece, simplemente lo pagamos todos.