La UIB alerta de la mercantilización de los estudios sanitarios frente a la llegada de grados privados

En un comunicado, la Facultad de Enfermería y Fisioterapia asegura que la formación debe responder a un diseño de país y de comunidad autónoma, "y no a una simple oportunidad de negocio"

El campus de la UIB.
ARA Balears
18/12/2025
4 min

PalmaLa Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB ha alzado la voz frente a la inminente implantación de estudios de Enfermería y Fisioterapia en universidades privadas en Baleares sin una planificación conjunta con la universidad pública ni con el sistema sanitario. En un comunicado. la Junta de Facultad advierte que la formación de profesionales sanitarios "debe responder a un diseño de país y de comunidad autónoma, y ​​no a una simple oportunidad de negocio".

El documento alerta de que la creación de nuevas universidades privadas sin coordinación con la UIB y el sistema de salud debilita "la capacidad colectiva de orientar la formación según las necesidades reales de salud de la población balear, y no según las lógicas de rentabilidad y de mercado". Por ello, la Facultad considera que "hay líneas rojas que no deberían traspasarse, si se quiere preservar un sistema educativo y sanitario justo, sostenible y de calidad".

En los últimos años, señala el comunicado, las Islas Baleares han vivido una proliferación de iniciativas privadas para impartir Enfermería y Fisioterapia, casi siempre como centros adscritos a universidades de fuera del archipiélago. Proyectos que, según la Facultad, se presentan con un discurso atractivo basado en la elevada demanda, la modernización y la falta de profesionales, pero que esconden "preguntas incómodas sobre modelo de país, equidad y uso de recursos públicos". Ante este escenario, la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB –la única facultad pública que forma enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas en las Islas– considera imprescindible abrir "un debate sereno pero contundente".

Más estudiantes, pero con límites reales

La Facultad reconoce que faltan profesionales sanitarios, pero recuerda que la UIB ha incrementado progresivamente los numerus clausus siempre que haya dispuesto de los recursos necesarios para garantizar una formación de calidad. Sin embargo, advierte que existen límites estructurales claros en un territorio insular con una red sanitaria finita.

La experiencia de otros territorios del Estado es, según el comunicado, clara: la expansión acelerada de titulaciones privadas de ciencias de la salud ha tensado la capacidad docente de los hospitales y centros de salud públicos, con más estudiantes por unidad, menos supervisión real y una presión creciente sobre profesionales que ya trabajan "al límite". En este contexto, la Facultad avisa de que pensar que se puede aumentar indefinidamente el número de estudiantes sin degradar la calidad formativa es "sencillamente, irreal".

Otro de los ejes centrales del comunicado es la equidad en el acceso a los estudios. La Universidad pública, recuerda la Facultad, se rige por el mérito académico, con notas de corte de Enfermería y Fisioterapia entre las más altas de la UIB. Por el contrario, los proyectos privados que se anuncian en Mallorca ofrecen notas de corte más bajas y matrículas elevadas, inalcanzables para muchas familias. La Facultad plantea una pregunta directa: ¿qué mensaje se transmite cuando una persona con mayores recursos económicos puede acceder a la misma titulación con una nota muy inferior a la que se exige en la universidad pública? Según el comunicado, esto no es ampliar oportunidades, sino profundizar en las desigualdades.

Prácticas clínicas y recursos públicos

El texto también pone el foco en lo que califica de competencia desleal y en el uso de recursos públicos. Cualquier grado de Enfermería o Fisioterapia necesita miles de horas de prácticas clínicas en hospitales, centros de salud y dispositivos sociosanitarios del sistema público, que asumen ya la formación de los estudiantes de la UIB. La inversión en estructuras docentes, supervisión y coordinación recae principalmente en el sistema público y, según alerta la Facultad, acaba beneficiando parcialmente a proyectos educativos privados con un objetivo legítimo de lucro. El comunicado se pregunta si es razonable que el sistema sanitario público se convierta "en la plataforma estructural de negocio de empresas educativas y grupos hospitalarios o inmobiliarios".

La Facultad también cuestiona el argumento de la falta de profesionales como justificación de la proliferación de grados privados. Según el comunicado, el problema de fondo no es tanto la falta de titulados como la carencia de condiciones laborales, salariales y vitales que permitan retenerlos. Muchos profesionales formados en las Islas emigran a otras comunidades o países con mayor estabilidad y reconocimiento. Sin mejorar estas condiciones, advierte la Facultad, formar a más graduados no resolverá el problema y puede convertir a la universidad en "una cadena de producción de profesionales para un mercado global".

Defensa del papel de la universidad pública

El comunicado reivindica que la universidad no sólo es una fábrica de títulos, sino un espacio de pensamiento crítico, investigación y compromiso con el territorio. La UIB, a través de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, destaca su trayectoria formando a profesionales para los ámbitos hospitalario, de atención primaria y sociosanitario con vocación de servicio público.

Por último, la Facultad fija "líneas rojas" claras: la formación en profesiones vinculadas a derechos humanos como la salud no puede quedar subordinada a la capacidad de pago ni a estrategias empresariales. Por eso reclama una planificación conjunta entre el Govern, la UIB y el Servicio de Salud; garantías de equidad; protección de la calidad formativa y el reconocimiento del papel estratégico de la universidad pública. En un contexto en el que la sanidad pública vuelve a ser reconocida como un pilar de la convivencia, el comunicado concluye que debilitar el modelo público "por la puerta trasera" es profundamente contradictorio y defiende que "defender la universidad pública no es corporativismo".

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