Tres chalets ilegales dentro de un espacio protegido: siete años esperando su derribo mientras hacen negocio turístico

Tres viviendas ilegales continúan sin ser derribadas dentro del ANEI de Sant Salvador, en Felanitx, a pesar de que hace años que las administraciones ordenaron su demolición. Las edificaciones, situadas en la zona de Firella, dentro de una misma parcela, han sido explotadas como alojamiento turístico durante años y, según Terraferida, todavía se siguen alquilando a visitantes.

La entidad ecologista ha presentado una nueva denuncia ante la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) para reclamar que se actúe sobre las tres construcciones, situadas en la parcela 157 del polígono 27, dentro de uno de los espacios naturales protegidos más importantes de Mallorca.

El caso no es nuevo. Las primeras construcciones datan de principios de los años noventa y, a final de aquella década, el Ayuntamiento de Felanitx ya les había abierto expedientes sancionadores. Años después, el GOB también denunció la existencia de las viviendas ilegales.

Pero el momento clave llegó en 2017. Aquel año, la ADT anunció que iniciaba los trámites para demoler las tres edificaciones. El organismo público ya señalaba entonces que las viviendas, además de ser ilegales, se explotaban comercialmente mediante alquiler turístico.

Nueve años después de aquel anuncio, las tres casas continúan sin ser derribadas.

Ilegales, dentro de un ANEI y con negocio turístico

La situación es especialmente significativa porque no se trata simplemente de unas construcciones pendientes de regularización. Las tres viviendas se encuentran dentro del Área Natural de Especial Interés de Sant Salvador, un espacio que dispone de protección ambiental.

Según Terraferida, dos de las tres viviendas ya se alquilaban a turistas como mínimo desde hace quince años y estaban anunciadas en internet. Ahora, la entidad asegura que ha recibido información de vecinos que apunta que la actividad turística ha continuado durante los últimos años, a pesar de los expedientes abiertos y el anuncio de demolición.

Así, mientras las administraciones han ido acumulando expedientes y procedimientos, las edificaciones han continuado generando actividad económica. Una situación que Terraferida considera especialmente grave porque la explotación turística se ha producido sobre unas construcciones que se encuentran dentro de suelo protegido y que el ADT ya había previsto derribar.

El historial se remonta a principios de los años noventa. Según la entidad, las construcciones fueron creciendo dentro de la misma parcela hasta configurar un pequeño complejo inmobiliario y turístico que a finales de los noventa ya se comercializaba con el nombre de Rohiba.

Una demolición que acumula años de retraso

Terraferida atribuye la demora, en buena parte, a los diferentes recursos y procedimientos interpuestos por la propiedad ante la justicia ordinaria. Según la entidad, esta vía ha permitido alargar el proceso durante años y ha impedido que se haga efectiva la demolición anunciada por la ADT.

El resultado es que una década después de la apertura del expediente y nueve años después de que la ADT anunciara los trámites para derribarlas, las casas todavía ocupan un espacio natural protegido.

Y el caso tiene una derivada especialmente controvertida: durante este tiempo, según Terraferida, las viviendas han continuado vinculadas al alquiler turístico.

La entidad ecologista denuncia que este tipo de situaciones evidencian las dificultades de las administraciones para ejecutar las demoliciones cuando los propietarios disponen de recursos para mantener abiertos procesos administrativos y judiciales durante años.

El caso de Sant Salvador pone sobre la mesa, por tanto, una doble contradicción: unas construcciones declaradas ilegales continúan ocupando un espacio natural protegido y, al mismo tiempo, han podido ser explotadas turísticamente durante años.

Terraferida reclama que se haga efectiva la demolición y que la protección de los espacios naturales no quede limitada a una declaración sobre el papel. Para la entidad, la protección solo es efectiva cuando las administraciones tienen capacidad para impedir que las ilegalidades se consoliden y, sobre todo, que acaben convirtiéndose en negocios rentables.