El Trenc de Menorca está en la Albufera del Grau

PalmaLa Ley ómnibus no solo amenaza el Trenc. En Menorca, donde la movilización ciudadana en defensa de los espacios protegidos comenzó en los años 70, también hay un paraje natural que podría verse alterado por la casuística política imperante en el Consolat de Mar, la antigua urbanización –abortada a tiempo– de Shangri-La, en el Parque Natural de la Albufera del Grau.

El coordinador del GOB en Menorca, Miquel Camps, recuerda que durante el último medio siglo han sido varios los intentos de legalizar las poco más de 40 construcciones fuera de ordenación que se encuentran diseminadas por la zona de mayor protección territorial de la isla. “Quien lo ha intentado siempre ha topado con una estructura potente de conservación, pero la nueva ley, que permite alterar directamente espacios de relevancia ambiental como este, lo podría facilitar de ahora en adelante. Es muy peligroso que una decisión tan importante pase a depender ahora de un acuerdo del Consell de Govern”, explica Camps.

“La coyuntura actual, con un Gobierno que ha permitido legalizar cientos de edificios ilegales en rústico, hace temer que también se quiera dar cobertura a estas construcciones en la albufera”, admite. “El precio que tienen ahora, fuera de ordenación, es muy diferente del que podrían alcanzar en el mercado inmobiliario si se legalizan”, añade Camps, quien recuerda que “el proceso de legalización impulsado por el actual Gobierno ya ha hecho multiplicar el valor de muchas fincas rústicas, ahora reconvertidas en chalets, que se levantaron hace 40 años en Menorca sin ningún tipo de permiso”.

Las modificaciones impulsadas en este sentido por el ámbito político –remarca– “no son nada casuales. Si se abarata, no es por una pretendida agilización administrativa, ya que la situación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que rige estos espacios se modifica cada 15 años. Está claro que si algo se mueve es porque hay una intención detrás”.

La urbanización de Shangri-La se consiguió frenar en los años 70, cuando todavía no había leyes autonómicas que protegieran los espacios naturales, pero fue tarde para impedir que se levantaran algunas construcciones. Cerca de medio centenar aún siguen en pie, 50 años después, dispersas en el corazón del Parque Natural de la Albufera del Grau, en el centro de la Menorca declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.

Todas se encuentran fuera de ordenación en una zona de máxima protección y las hay que, incluso, se alquilan a turistas. Obtuvieron la licencia pertinente aprovechando los vacíos normativos y aún se pueden mantener en este lugar al menos durante 12 años más. El plazo de 50 años que la administración accedió a darles en 1988 se agota en el año 2038, momento en que todas estas viviendas deberán ser expropiadas y derribadas.

Pero la dudosa situación urbanística de algunas de estas construcciones ha puesto en alerta al Consell de Menorca, que ha detectado unos pocos chalets acogidos a licencias concedidas en 2013 y 2014, cuando el Plan Territorial Insular (PTI) ya restringía la actividad turística en el campo a los edificios anteriores a 1960.

La consejera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, ha puesto su punto de mira en la albufera a la hora de perseguir el alquiler turístico ilegal en Menorca y ya ha dado de baja 21 de las 34 licencias concedidas en la zona. Otras 12 están en trámite, a la espera de que cumplan plazos para poder darlas también de baja. Solo una casa ha podido justificar la actividad y, por tanto, será la única de las existentes que se podrá alquilar legalmente a turistas.

“Encantadora casa en el centro de la naturaleza y del Parque Natural más importante de Menorca, con una amplia diversidad de especies animales”, publicita la inmobiliaria Engel & Völkers, que ofrece una de estas casas con piscina de 110 metros construidos y 900 de parcela como “la mejor opción para quienes buscan tranquilidad, poder pasear por la naturaleza y, a la vez, estar cerca de la playa y de las comodidades que ofrece una ciudad”. La Albufera, de hecho, se encuentra a solo siete kilómetros de la ciudad de Maó.

Medidas de desprotección

La Ley ómnibus también facilita ahora que se puedan plantear nuevos crecimientos de población en las Baleares sin disponer de lo que hasta ahora era preceptivo, el informe de Recursos Hídricos que garantizaba si se dispondría o no de suficiente agua para abastecer los futuros núcleos. El GOB lo ve directamente como “un suicidio, y más en la situación actual en el caso de Menorca, donde la mayoría de masas de agua están sobreexplotadas o contaminadas. Es una forma de desbloquear proyectos que se encuentran parados por informes que no se autorizan porque no hay suficiente agua. Y si el Gobierno lo promueve es por el compromiso que debe tener con algún privado, no porque haya ningún interés público real”.

No es la única afectación de los últimos cambios legislativos sobre el territorio protegido de las Islas. “Se retrocede al reducir plazos de exposición, en transparencia, al rebajar la Red Natura 2000…”, se queja Camps. Pero también la reciente modificación de la Ley de Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental (LECO) permite que se deje cazar en los islotes y barrancos y que los incendios forestales deliberados dejen de ser considerados como una infracción grave. “Son cambios que no tienen ninguna lógica y que avanzan en desproteger, no en simplificar”, concluye.

El intento frustrado del PTI

También en Menorca el Consell insular ha dado pasos en este mandato para desproteger la isla. La modificación del Plan Territorial (PTI) que el gobierno del PP promovió el año pasado y que detuvieron los mismos técnicos de la institución pretendía, como advirtió la misma secretaria, “alterar el modelo de Menorca”. El documento, que iba firmado por la consellera de Ordenación del Territorio y del que los populares después se retractaron, cambiaba 95 de los 140 artículos del Plan y modificaba “de manera sustancial los objetivos y principios fundamentales” del PTI.

Se facultaba al mismo Consell y a los ayuntamientos de la isla a delimitar y ordenar nuevos núcleos rurales y a permitir viviendas en todo el suelo rústico, a excepción del protegido. También daba luz verde a implantar hoteles en el campo sin estar ligados a la actividad agraria, levantaba la prohibición de campos de golf y de instalaciones deportivas que supongan un gran consumo de agua y abría la puerta a crear rutas con vehículos eléctricos en el suelo rústico. Asimismo, se pretendía favorecer nuevos equipamientos alrededor de las zonas turísticas saturadas, hasta que la secretaria alertó que no estaba justificado y que hacerlo “podía suponer una desprotección del territorio”.

“Lo que se quería modificar era muy preocupante”, remarca Miquel Camps. “Quitaba toda clase de garantías, no limitaba la construcción de piscinas, permitía convertir en vivienda cualquier edificio en rústico e, incluso, añadía la creación de nuevas plazas al estudio de carga turística. Las intenciones que vemos en el Consell y el Govern a escala de territorio son muy preocupantes”.

Un año después, sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna propuesta de modificación del PTI, ni siquiera después de firmar un convenio con el Consell de Mallorca que parecía requerir el aval técnico de una institución externa a las modificaciones que el personal de la casa se resistía a amparar. Hasta ahora no ha trascendido que el Consell de Menorca haya hecho uso de él.

Así que este verano las movilizaciones ciudadanas se centran más en poner freno a la creciente masificación turística que en avisar preventivamente a la clase política del rechazo que pueden provocar determinadas actuaciones. La multitudinaria manifestación en defensa de El Trenc ha ayudado, sin embargo, a tomar conciencia de que no se puede bajar la guardia.