El PSIB justifica el veto de Madrid a la cogestión aeroportuaria: "Avisamos de que tenía debilidades"

PalmaEl gobierno español ha vetado la tramitación de la proposición de ley para la cogestión aeroportuaria alegando que podría perjudicar a Aena económicamente. El Congreso de los Diputados no la podrá debatir y votar si la Mesa, presidida por Francina Armengol, no levanta este veto. El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, no ha aclarado este lunes si la socialista lo intentará o no, pero sí que ha insistido en la posición del partido contraria a este texto. "Avisamos de las debilidades y flaquezas que había en este texto", ha asegurado: "Dijimos que había un alto riesgo de que naufragara".

Pons ha recordado que el PSIB ya se abstuvo durante la votación de la iniciativa en el Parlament, porque consideraba que invadía competencias estatales. "Nuestro planteamiento es de cogestión aeroportuaria en la línea de la del País Vasco, un modelo que se está planteando también con Cataluña", ha dicho: "Es viable". Ha evitado valorar que el argumento del gobierno español para impedir que se debata la proposición de ley impulsada por MÉS per Mallorca con el PP es que, si se aprobase, perjudicaría a Aena económicamente. Pero ha dicho que "es una empresa privada, que cotiza en el IBEX 35 con participaciones públicas".

Prohens: "El PP quiere que se tramite"

La presidenta del Gobierno, Marga Prohens, ha cargado contra el gobierno español por este veto. "El PP quiere que siga la tramitación", ha dicho después de las jornadas parlamentarias que el PP ha llevado a cabo esta mañana. "El gobierno del PSOE, que este verano se ha manifestado contra la saturación, dice que no se puede debatir la ley", ha lamentado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, el líder de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerado que los argumentos que ha dado el ejecutivo del Estado son "falsos" porque se basan en datos de ingresos por parte de la red aeroportuaria que son una especulación y, además, corresponden al ejercicio de 2026, cuando la norma entraría en vigor más allá de 2027. Los ecosoberanistas son los impulsores de la normativa y han asegurado que disponen de los apoyos de los miembros de la Mesa de SUMAR para levantar el veto.