Simonet defiende su gestión de la granja de Llucmajor atacando al gobierno de Armengol: "¿Nadie veía las 127.000 gallinas?"

Presionado por la oposición, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, defendió su gestión de la situación de la granja de gallinas de Llucmajor y cargó contra el Gobierno de Armengol por "no actuar". Simonet ha explicado que entre 2016 y 2021, la explotación tenía 127.000 gallinas. "¿Nadie las veía?", ha pedido. En este sentido, recordó que la actividad de la granja comenzó en 2016 con 40.000 gallinas, pero añadió que en 2023 se abrió un expediente sancionador por el aumento de la capacidad de la explotación.

Avícola Son Perot, la empresa promotora de la explotación avícola de Llucmajor, solicitó la legalización de las instalaciones y la autorización para una capacidad de 135.696 gallinas tras recibir una sanción impuesta por el órgano ambiental del Gobierno. En agosto se desestimó la autorización ambiental integrada de la granja y se resolvió que debía reducirse su capacidad a una tercera parte (40.000 gallinas). Al respecto, Simonet detalló que ya se han sacado de la explotación un total de 36.000 animales y que está previsto que a finales de este mes salgan las 52.000 restantes. "El trabajo que han hecho los funcionarios y la Dirección General es adecuado, es correcto, no se han cometido errores", ha insistido.

La izquierda cuestiona la actuación del Gobierno

Los representantes de MÉS por Mallorca, el PSIB y Unidas Podem han cuestionado la actuación del Govern hacia la explotación. Por su parte, el diputado del PSIB, Marc Pons, criticó que la Conselleria suspendiera los expedientes sancionadores cuando Fiscalía abrió diligencias. A su juicio, no existe ningún informe jurídico y técnico que avale la decisión de suspender el expediente. "No debía paralizarse", consideró Pons, quien cuestionó si se pretendía que la actividad continuara "como si nada". Además, agregó que no existen motivos, porque no hay ningún procedimiento judicial abierto.

En respuesta a Pons, Simonet ha expresado su "tranquilidad total" y ha remarcado que los expedientes se volvieron a activar una vez que la Fiscalía concluyó que no había delito. Por su parte, el diputado de MÁS por Mallorca Ferran Rosa alegó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable podría haberse tramitado con mayor celeridad tras la aprobación de la Ley balear sobre las macrogranjas, ya que se establece una distancia mínima de este tipo de explotaciones con los núcleos de población de dos kilómetros. "Me sorprende que tarden meses en hacer esto", dijo, al tiempo que pidió por qué no se emitió un informe que señalara que la instalación no era viable cuando se cambió el marco normativo.

El diputado de Unides Podem José María García se ha pedido por qué la instalación sigue abierta, subrayando que "parece increíble" que sea así. Por último, el diputado del Partido Popular Jacobo Varela defendió que el Ejecutivo "ha hecho lo que tocaba, lo que era aplicar la ley con rigor técnico, transparencia y voluntad de poner orden donde tiempo atrás ha habido dejadez".

Cronología de inspecciones y sanciones

El consejero ha expuesto la cronología de los hechos, empezando por las denuncias que se interpusieron en abril de 2023 relacionadas con el estercolero y los olores que dieron lugar al inicio de un primer expediente sancionador. Durante 2024, continuaron las inspecciones en las explotaciones por parte de la Conselleria y del Seprona por estas cuestiones. Asimismo, en septiembre del mismo año se dictó una resolución que partía de los informes técnicos de medidas cautelares sobre la granja.

Simonet ha explicado que en ese momento la Fiscalía abrió diligencias a raíz de las informaciones que la Conselleria había trasladado y, entonces, los servicios jurídicos del departamento que dirige Simonet decidieron suspender el procedimiento sancionador, aunque las medidas cautelares no. Meses después, la Fiscalía comunicó que no existían indicios de delito contra el medio ambiente. En mayo de 2025 se aprobó el plan de desescalada en las 40.000 gallinas y se suspendió temporalmente la producción de huevos y se reiniciaron los expedientes sancionadores que estaban parados.

La Conselleria considera que ambos expedientes sancionadores son "firmes". Uno está parcialmente pagado por la empresa y el otro se liquidará si la empresa no presenta recurso contencioso. Sobre las imágenes de cadáveres y malas condiciones de los animales en la granja publicadas en medios de comunicación en mayo de este año, Simonet ha expuesto las acciones e inspecciones que se llevaron a cabo.

Los técnicos determinaron que las condiciones "no eran buenas" en general en todas las explotaciones, pero que una de las naves presentaba problemas "serios". Se detectaron ocho hechos sancionables y se tomaron medidas como la prohibición de comercializar los huevos o el precinto de las instalaciones. En junio se inició el proceso sancionador, cuya multa podría alcanzar los 200.000 euros. El juzgado de instrucción número 11 abrió diligencias previas por el posible delito contra bienestar animal y, por ello, la Conselleria suspendió la tramitación del expediente sancionador. Las medidas cautelares sí se cumplen. Simonet ha indicado que el Govern no se ha personado, pero que no se descarta esta posibilidad.