El sector náutico alerta: siete de cada diez pequeñas empresas de chárter cerrarán por las nuevas regulaciones del Gobierno

La nueva Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de Baleares (APANIB) –que representa a las pequeñas y medianas empresas del sector del chárter náutico profesional– ha advertido este jueves que siete de cada diez pequeños negocios de chárter de las Islas podrían cerrar debido al Decreto del Gobierno que regula la actividad de este tipo de embarcaciones. Según ha denunciado APANIB, la nueva normativa prohíbe la venta por plazas individuales, una modalidad legal que se desarrolla en el resto de comunidades autónomas. Además, prohíbe el acceso a las rampas públicas, obliga a los chárteres a tener un amarre para poder operar y deniega la inscripción de nuevas embarcaciones.

Según consideró el presidente de APANIB, Álvaro Aguirre, la normativa pone a todas las empresas de chárter "en un saco de ilegalidad" y les provoca pérdidas de dinero. Según aseguró, aproximadamente 800 trabajadores de Baleares están afectados por esta medida. Además, ha añadido que el Ejecutivo "no ha dado tiempo" a las empresas para adaptarse a la normativa.

Por su parte, el vicepresidente de la asociación, Àlex Mestre, ha considerado que la legislación introduce medidas inéditas y restricciones sin justificación ni técnica ni ambiental. "Hablamos de restricciones que dañan el mercado y la reputación de quien cumple la ley, que no aportan mejoras ambientales, ni tampoco incrementan la seguridad marítima, porque un mismo barco, con el mismo patrón, el mismo seguro y las mismas inspecciones, no cambia su impacto en el mar para vender plazas individuales o para alquilarse completo. mercado", ha insistido.

APANIB ha interpuesto diferentes recursos ante la justicia para reclamar en contra de esta normativa. Por el momento, según ha informado la asociación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un requerimiento previo que cuestionaba el Decreto "para detectar una desproporción de la prohibición de la venta por plazas, por la idoneidad de la norma para efectos ambientales o de seguridad, por una posible invasión de competencias estatales (Marina Mercant) y operadores". Según han explicado fuentes de la entidad, el Govern está obligado a dar una respuesta a la CNMC en un plazo máximo de dos meses. Los profesionales del sector confían en que así sea y que la problemática se haya solucionado antes del inicio de la próxima temporada.