Repartidores sin papeles: "Se quedan con parte de mi sueldo"

Las personas en situación irregular han encontrado en la mensajería una forma de subsistir que les obliga a aceptar condiciones laborales precarias

Un repartidor de Glovo con la mochila de la empresa y su bicicleta, en el centro de Palma.
28/08/2025
5 min

PalmaEs lunes y el día ha tenido una parte positiva y otra negativa para Álex: ha podido encontrar abierto el supermercado de su barrio –normalmente llega a su casa cuando ya ha cerrado–, pero apenas ha ganado 25 euros por casi doce horas en la calle repartiendo paquetes. "Es el día más flojo de la semana", certifica. Por la mañana acude a un local en Palma donde ordena las cajas, como haría cualquier cartero.

Cuando decidió emigrar a España desde Latinoamérica, sus conocidos le dijeron que podría sobrevivir con ese trabajo. Nadie le reclamaría la documentación. Se ganaría el pan sin papeles, pero necesitaría una bicicleta eléctrica para cubrir las distancias. De repente a su llegada, invirtió sus ahorros: 1.400 euros.

Álex tiene el casco de Glovo –la plataforma más famosa de entrega de comida y productos– y coloca los paquetes en una maleta de Glovo. Le pagan en mano. "Sí, señor, en un sobre", asegura. El trato es un euro por paquete librado. El mes pasado, de sus anotaciones precisas, se desprendía que había repartido 1.000 pero en el sobre faltaban 200 euros. "Yo no todo lo que reparto en una aplicación. Ellos tienen un registro, al igual que yo, pero, a la hora de cobrar, toca agachar la cabeza porque te dicen que, si no te gusta, te busques otro trabajo. O directamente te recuerdan que dónde lo encontrarás si no tienes papeles", explica. Según su relato, trabaja con unas 40 personas repartiendo en el centro de Palma con rutas establecidas. "La inmensa mayoría es latinoamericana y todos estamos en situación irregular", asevera.

Sanción del gobierno español

El reparto de paquetería y comida se ha convertido en una forma de subsistir de los inmigrantes sin papeles, expuestos a unas condiciones laborales precarias como las que describe Álex. De hecho, el gobierno español –a través de Extranjería– ha impuesto esta semana una sanción de 847.640 euros a la multinacional Glovo por tener trabajando en Sevilla a 64 extranjeros que carecían de la autorización de residencia y trabajo en España. La infracción fue detectada durante una inspección laboral y está calificada de "muy grave" por la Ley de la extranjería. El ARA Baleares contactó con Glovo para averiguar si los mensajeros de paquetería donde está Álex eran o no trabajadores de la empresa, o formaban parte de una subcontrata en la que hubieran delegado el servicio. Ni lo confirmaron ni lo negaron. Tampoco han facilitado la cifra de trabajadores de la multinacional ni ningún dato de empresas subsidiarias con las que operan en las Islas.

"El problema de las subcontratas es que no sabes cuántas hay. Nosotros no sabemos si son diez o cien, y no tenemos manera de averiguarlo", reconoce el portavoz sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Glovo, Javier Pérez.

La multinacional, fiscalizada por la Justicia y el gobierno español, prometió contratar a partir del 1 de julio a los también llamados "riders", para poner fin a un modelo de negocio basado en los falsos autónomos. De hecho, una práctica extendida hasta ahora ha sido el alquiler de cuentas que identificaban a los repartidores a personas en situación irregular que no pueden trabajar de forma legal. Antes las anunciaban en las redes sociales. Ahora es más frecuente cerrar el acuerdo por recomendación o intermediación de alguien. Álex asegura pagar al propietario de la cuenta 350 euros mensuales y se queda con el resto del salario. Oficialmente, la relación laboral de la empresa es con el titular. Hace un tiempo, Glovo implantó un sistema de identificación facial para asegurarse de que quien trabajaba para la empresa era su propietario, pero dejó de hacerlo. "Ya no existe ese control para evitar la suplantación. La empresa lo implementó únicamente para cubrirse la espalda ante Inspección de Trabajo, para poder decir que tenía un sistema de vigilancia frente al fenómeno del alquiler de cuentas, pero había maneras de esquivarlo. El dueño se conectaba para la foto, salía de la cuenta, entraba lo que la tenía, entraba lo que la tenía. cerrar cuentas alquiladas. Miraba hacia otro lado. Le ha convenido porque los repartidores autónomos legales no querían trabajar con estas condiciones en la empresa.

El abogado experto en derecho laboral, José Manuel Raya, coincide en el análisis del sindicato. "Glovo siempre ha funcionado de forma muy salvaje. Son conscientes de la situación. Tienen todo el control, pero le pierden porque no quieren ejercerlo. Es un colador de economía sumergida, además, difícil de detectar. Su modelo de negocio es la precariedad; una empresa de paquetería que se aprovecha porque no paga los salarios del ramo", . Según el experto, la ley rider obligó a la empresa a realizar ajustes porque, antes de que el gobierno español legislara para proteger los derechos de los trabajadores, "no tenía a nadie en régimen general". Según Raya, la estrategia es "ir adaptando el modelo de negocio" sin importar las demandas. "Las luchan judicialmente, pero, mientras tanto, siguen ganando dinero. Si entran en un sistema legal, no es rentable. Por eso, creo que acabarán cerrando en España". El abogado no duda de que la plantilla funciona como un trabajador contratado. "Los pedidos, clientes, precios y medios de producción son de Glovo. Por tanto, son trabajadores por cuenta ajena. Hay control y dirección empresarial", argumenta.

Edwyn reparte comida de Glovo en patinete. Está en situación irregular y llegó a España con el contacto para alquilar una cuenta desde su país natal. Paga 400 euros al propietario por él. El sueldo establecido es el salario mínimo interprofesional, por al menos 24 pedidos repartidos al día. A partir de ahí, recibe tres euros extra por cada una. Entre esto y las propinas, puede facturar 2.000 euros al mes, a los que hay que descontar el alquiler de la cuenta y la mitad de los 700 que paga por una habitación que comparte con su hermano. "Yo manejo la cuenta aunque no sea mía", reconoce, mientras se coloca el casco para entregar un pedido de comida rápida. "Asumo que todo el mundo saca dinero de nosotros, pero cualquier cosa es mejor que seguir viviendo en mi país", confiesa.

Los números de Álex no salen como los de Edwyn. Con los paquetes no recibe propinas. Apenas le queda nada, no ya por vivir, sino por comer, después de que sus empleadores se apropien de un 20% de sus ganancias. "Da rabia, porque quien está al sol y bajo la lluvia somos yo, pero somos consciente de que estamos en otro país de manera irregular, y toca callar. Hacen con nosotros lo que quieren. Buscan su beneficio, pero, como estamos en negro, no les importamos. Nadie me impide detener y comer, pero sé que, si paro, no entra plato. deshidratarme y llena la botella en las fuentes públicas, porque los 80 céntimos que me costaría comprarla cada día es mucho para mí a fin de mes. Acabas exhausto de cansancio y pensar tu vida en paquetes entregados", confiesa. Cena al llegar a casa y también es la primera vez que orina desde que se levanta. "He pedido a bares para entrar en el baño y me han dicho que no. Tampoco puedo permitirme consumir nada. Así que me toca esperar", añade.

De la furgoneta al patinete

Sebastián trabajaba para el gobierno en su país natal. Lo encarcelaron tres meses por negarse a cumplir una orden que afectaba a la integridad de un menor. Decidió emigrar con su familia. En el patinete, lleva una maleta de Glovo llena de paquetes de AliExpress, el gigante chino de comercio electrónico. "No trabajo para Glovo. Solo lo compré porque es muy práctica para las cajas", revela. Sus empleadores vienen cada mañana con una furgoneta y le descargan lo que debe repartir. Edwyn no tiene papeles, ni contrato, ni sabe para quien trabaja. El contacto, como en tantos otros casos, le llegó por un conocido. Como Álex, el pago es de un euro por reparto. Tiene asignado un código postal y termina cuando todos los compradores reciben su pedido. "La vida es dura, pero no peor que en mi país. Tengo que alimentar a mis hijos y nadie me contratará. Es la única manera de sobrevivir hasta que pueda solicitar un permiso de residencia por arraigo. No hay nada más que aguantar y dar gracias a Dios", resume, antes de subir al patinete y serpentear, bajo el sol.

Los nombres de los trabajadores son ficticios para preservar su identidad.

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