Del manual de Menos Turismo a los abusos policiales: crónica de un intento fallido de criminalización de la protesta

PalmaSi la semana pasada parecía que una parte de la opinión pública había dado la espalda a la plataforma Menos Turismo, Más Vida después de que publicase el manual donde se animaba a pasar a la acción directa para protestar contra la masificación turística, los hechos de estos últimos días han provocado un giro de guion.

Y la situación no ha cambiado porque ahora a la sociedad isleña le parezca bien pintar inmobiliarias yendo encapuchados, sino porque si la acción directa de Menos Turismo rozaba el límite de lo que es aceptable para el grueso de la sociedad, la respuesta de la Guardia Civil, que ha esposado y detenido a dos jóvenes por unas pintadas, ha provocado la indignación ciudadana. Ahora mismo son muchos los que consideran que la benemérita ha traspasado los límites de lo que un estado de derecho entiende por garantías democráticas.

Así, la investigación por las pintadas contra cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí ya no gira únicamente en torno a unos presuntos delitos de daños contra el patrimonio. Las detenciones de dos jóvenes activistas, el operativo desplegado por la Guardia Civil, el contenido del atestado policial y la proyección pública que ha adquirido el caso han abierto un debate que va mucho más allá de los hechos investigados: la proporcionalidad de la respuesta policial, los límites de la investigación sobre los movimientos sociales y la posible criminalización de la protesta contra la turistificación.

El contexto en el que se han producido las detenciones también ha contribuido a alimentar el debate. Solo una semana antes, la plataforma Menys Turisme, Més Vida había hecho público un manual de acción directa con recomendaciones para participar en las movilizaciones contra la masificación turística, mientras que el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, advertía que los cuerpos y fuerzas del Estado investigarían y perseguirían las acciones contra negocios turísticos. Las detenciones han llegado, además, pocos días antes de la manifestación convocada para el 26 de julio bajo el lema ‘Mallorca al límite’, la tercera gran protesta contra el modelo turístico en poco más de un año.

Un atestado que apunta más allá de las pintadas

El atestado elaborado por la Guardia Civil, de más de 116 páginas, dedica una parte importante a reconstruir las presuntas pintadas contra cinco inmobiliarias de Santa María, pero también a contextualizarlas dentro del movimiento contra la turistificación. Las dos jóvenes son investigadas por los presuntos delitos de daños continuados, daños contra el patrimonio histórico —porque una de las pintadas se hizo sobre un Bien de Interés Cultural (BIC)— y pertenencia a grupo criminal.

La investigación incorpora seguimientos personales, vigilancias, fotografías, rastreos de redes sociales, análisis de relaciones entre las dos investigadas e intervención de los teléfonos móviles después de las detenciones. También dedica varias páginas a describir la organización de Menys Turisme, Més Vida y d’Arran Mallorca, presentadas como las principales estructuras del movimiento contra la turistificación.

Entre los elementos que más controversia han generado se encuentra la utilización de indicios de carácter ideológico. El atestado destaca, por ejemplo, que en el domicilio de una de las jóvenes había colgada una pancarta con el lema ‘SOS Residents. STOP Overturisme’ y llega a afirmar que este hecho “confirma sin ninguna duda la actividad delictiva”. A partir de esta identificación, los investigadores rastrearon sus redes sociales hasta localizar a una segunda joven, sobre la cual también practicaron seguimientos para confirmar su identidad.

La Guardia Civil también sostiene que los hechos fueron cometidos por al menos tres personas e identifica a un tercer investigado, el cual se encontraría actualmente en el extranjero. Entre los indicios que incorpora figura la presencia, en los alrededores de las inmobiliarias, de un vehículo propiedad de la madre de este joven.

Otro de los ejes de la investigación es el manual de acción directa publicado por Menys Turisme, Més Vida. Según los investigadores, las recomendaciones que contiene —como cubrirse el rostro y los tatuajes y seleccionar determinados objetivos— coinciden con la manera de actuar de las personas que realizaron las pintadas. La plataforma, sin embargo, rechaza esta conclusión y recuerda que el documento se publicó después de los hechos investigados.

“Es imposible que exista ningún patrón ni vinculación de unos actos previos con el hecho de la publicación del manual. Lo que se busca es crear falsas vinculaciones para criminalizar y reprimir de forma injustificada”, sostiene el portavoz del colectivo, Pere Joan Femenia. A su parecer, las movilizaciones contra la turistificación “han incomodado a sectores políticos y económicos” y los intentos de relacionarlas con conductas delictivas no son nuevos. Recuerda, en este sentido, que durante la manifestación del 2025 y también después de la protesta del Trenc de este verano ya se intentó, según dice, desviar el foco hacia unas pintadas ajenas a las convocatorias.

En este sentido, para Menos Turismo, Más Vida la estrategia era criminalizar la protesta contra el movimiento que cuestiona el modelo turístico. En una línea similar, el GOB ha defendido que la respuesta institucional al malestar social “no debería ser el miedo, la intimidación y la represión”, mientras que APAEMA ha calificado de “difícilmente justificable” el despliegue policial y ha advertido del riesgo de que actuaciones de este tipo generen un efecto disuasorio sobre la participación ciudadana.

La batalla jurídica y la mediática

El abogado que representa a las detenidas, Josep de Luis, también cuestiona la dimensión que ha adquirido el caso, aunque evita entrar todavía en el fondo de la investigación. Recuerda que la Guardia Civil no necesita autorización judicial para practicar una detención, pero sí que cualquier actuación debe respetar el principio de proporcionalidad. “Cuando todo esto haya pasado, veremos si esta proporcionalidad existía o no”, explica.

La defensa insiste en que su estrategia implica exclusivamente los tribunales y no el debate público. “Ahora mismo nuestra lucha está dentro de los juzgados, no en la calle”, asegura. Por ello, considera que la mediatización del caso no ha partido de las investigadas. “Quien ha generado esta guerra mediática no son las detenidas”, afirma. El abogado también revela que, si el padre de una de las jóvenes no hubiera contactado con él y la defensa hubiera quedado únicamente en manos del letrado de oficio que las asistía inicialmente, “hoy seguramente tendríamos una sentencia condenatoria”. Según explica, el primer abogado les recomendaba llegar a un acuerdo.

El letrado también sostiene que la gestión comunicativa de la operación no responde a la manera habitual de trabajar de la Guardia Civil, ya que considera que el cuerpo no acostumbra a hacer este tipo de atestados, un hecho que considera más propio del servicio de Inteligencia de la Policía Nacional. “Me chirrió mucho el atestado, porque los informes suelen estar bien hechos, se limitan a documentar los hechos y no entran en valoraciones ni establecen relaciones de ningún tipo”, comenta. Al preguntarle por la filtración del atestado, el cual, en pocos minutos, casi todos los medios tenían, se limita a responder: “Quien ha gestionado todo esto no estaba aquí en la época de José Ramón Bauzá, porque sabría que los fuegos no se apagan con gasolina”, afirma.

La protección del patrimonio como argumento

Para entender y ubicar los hechos a menudo hay que compararlos con otros similares. Si supuestamente el delito más grande que han cometido estas jóvenes son los daños al patrimonio, concretamente a un BIC, hay que revisar cuáles han sido las recientes actuaciones en estos casos. Consultadas diversas fuentes, no consta ningún precedente público reciente en las Baleares en que unas pintadas sobre un BIC hayan derivado en una actuación policial de este alcance: detenciones en los domicilios, confiscación de teléfonos móviles, una investigación que incorpore seguimientos personales y la acusación de pertenencia a grupo criminal.

Uno de los antecedentes más recientes que también comparte connotación política es el caso de la pintada ‘Arruix sionistes’ en la fachada de Ca n’Oleo, también BIC, y, además, una de las sedes más emblemáticas del Gobierno. A pesar de todo, el procedimiento acabó archivado pocos días después. En el caso contra la torre de los jardines de Natzaret en marzo de 2026, sí que hubo juicio, pero el investigado fue citado a declarar, no detenido en arresto domiciliario, ni hubo seguimientos policiales, ni confiscaciones de dispositivos electrónicos ni acusaciones de pertenencia a grupo criminal.

Claramente, estas diferencias han salido al debate público y plantean una pregunta: si el criterio aplicado en Santa Maria responde exclusivamente a la protección del patrimonio o si confluyen otros elementos vinculados al contexto sociopolítico en el que se han producido los hechos.

En este sentido, fuentes de Patrimonio del Consell de Mallorca recuerdan que el centro histórico de Palma está declarado como BIC. Esto implica que cualquier pintada que se haga dentro de este ámbito constituye, potencialmente, un daño sobre un BIC. Las mismas fuentes señalan que las administraciones disponen habitualmente de numerosas denuncias para este tipo de actuaciones y que las fuerzas policiales disponen de herramientas para identificar a los autores, como catálogos de firmas y grabaciones de las cámaras de videovigilancia del centro histórico. Aun así, no es habitual que estas investigaciones adquieran una dimensión pública comparable a la del caso de Santa Maria.

Igualmente, considera que la calificación de delito contra el patrimonio histórico no es, por sí misma, un elemento excepcional. Recuerda que cualquier pintada sobre un inmueble incluido dentro de un conjunto histórico declarado BIC puede encajar dentro de esta tipificación penal y apunta que, si el criterio aplicado en este caso se extendiera de manera homogénea, miles de pintadas que aparecen cada año en el centro de Palma deberían ser objeto de investigaciones similares.

A pesar de todo, la causa continúa bajo instrucción judicial y las dos jóvenes se encuentran en libertad provisional. Será el procedimiento penal el que deberá determinar si los indicios recogidos por la Guardia Civil sostienen las acusaciones formuladas. Sin embargo, el caso ya ha superado el ámbito estrictamente judicial. Las más de cien páginas del atestado, el peso que adquieren los vínculos ideológicos con el movimiento contra la turistificación, la coincidencia temporal con la convocatoria del 26 de julio y el alcance del operativo han convertido una investigación por unas pintadas en un debate sobre los límites de la protesta social, la respuesta del Estado ante los movimientos ciudadanos y la proporcionalidad de las herramientas empleadas para perseguir determinados delitos.