Los grillos de la Guardia Civil en Santa Maria: ¿Proteger los BIC o perseguir el mensaje?

El centro de Palma es un Bien de Interés Cultural (BIC). Entero. Y además del olor a pis que dejan muchos turistas de calidad, a los cuales es habitual ver orinar dentro de los callejones, hay actuaciones concretas y lesivas contra el patrimonio. Cientos. Entre ellas, pintadas sistemáticas. En algunos lugares, como el convento de Santa Magdalena, incluso hay carteles que recuerdan la condición de BIC y que animan a comportarse y no continuar pintando. Realmente es importante que la población entienda que hay que respetar el patrimonio.

Seguramente con este propósito, el de preservar el patrimonio declarado BIC, la Guardia Civil ha hecho en Santa Maria el despliegue más grande que se recuerda en las Islas por la denuncia de un particular a quien le han pintado la pared. No se puede, en ningún caso, defender que nadie pinte la pared del vecino, sea BIC o no.

Entonces, ¿es cuestionable la actuación de la Guardia Civil en el caso de las dos detenidas este miércoles pasado en Santa Maria?

Para responder a esta pregunta nada mejor que mirar qué ha pasado hasta ahora. Por ejemplo, en el caso de las recurrentes pintadas en edificios BIC del centro de Palma. Según los datos municipales en lo que respecta específicamente al centro histórico, el Ayuntamiento anunció una actuación para eliminar cerca de un millar de grafitis en 331 inmuebles, de los cuales 46 eran edificios catalogados. La Policía Local, y hay que reconocer que desde la llegada del alcalde Jaime Martínez ha sido una prioridad, ha investigado y, hasta incluso perfilado, a los autores. Es de agradecer que se investigue, como ha hecho la Policía Local de Palma, quiénes son las personas que de manera sistemática agreden los bienes públicos. Y se hace. Sin el mismo nivel de señalamiento, persecución, ni esposamiento.

Algunos lo hacen de manera recurrente y, por eso, la policía genera fichas, los va identificando y hace un seguimiento. Porque son reincidentes, en algunos casos. Y, en cambio, no consta que en ningún momento se les haya considerado parte de un grupo criminal, como sí ha hecho la Guardia Civil con dos jóvenes que habrían pintado o participado en las pintadas en inmobiliarias de Santa Maria.

Está claro que es un problema. Porque también según datos del Ayuntamiento de Palma, en 2025 Emaya eliminó 9.282 grafitis en Palma en fachadas, en el mobiliario urbano y en la vía pública. Entonces, ¿cuál es el motivo de tratar como miembros de un grupo criminal, esposar y señalar como nunca se había hecho a dos jóvenes, cuando miles de pintadas se hacen anualmente, cientos de ellas sobre BIC? Y muchas, por parte de reincidentes. ¿Por qué unos son simples infractores y las dos jóvenes son consideradas criminales?

La Guardia Civil tiene la respuesta en su informe. Estas jóvenes están en relación con un movimiento que al parecer ahora también es criminal, el de Menos turismo y más Vida, que es considerado prácticamente terrorista por parte de algunos colectivos por haber cometido la ingenuidad y, sin duda, la acción reprobable de republicar un manual más viejo que la hostia de acciones no violentas.

¿Ha pasado en algún caso que las pintadas sobre BIC hayan tenido componente político o ideológico? De nuevo la historia reciente nos ayuda a entender. En diciembre de 2024 apareció una pintada en Can Oleo (BIC) con un lema claramente ideologizado: 'Fuera sionistas'. El Ayuntamiento de Palma abrió un expediente sancionador al promotor de la concentración, pero posteriormente el procedimiento acabó archivado tras el recurso presentado. El debate no es si una pintada sobre un edificio protegido debe ser tolerada —evidentemente que no—, sino si el criterio aplicado es coherente en todos los casos y si la respuesta institucional depende también en realidad del contexto político del momento.

No consta ningún precedente público reciente en las Baleares en que una pintada sobre un BIC haya derivado en una actuación de este nivel: detenciones, confiscación de móviles, acusación de pertenencia a grupo criminal y una gran proyección pública del caso. Con una escenificación de la persecución y con calificativos de delincuencia organizada.

La pregunta es muy evidente. ¿A quién quiere proteger la Guardia Civil? Porque si es el patrimonio, resulta que en los otros casos los grilletes no aparecen. Tampoco se recuerda que cuando alguien amplió el agujero de la fachada principal del edificio catalogado de Santa Maria que ahora nos ocupa para poner un escaparate de casas de lujo hubiera alguna detención. Quizás incluso se hizo con licencia. Es conocido que el Consistorio de Santa Maria no destaca por su rigor en materia territorial —chaletismo—, y, por lo tanto, quizás también la parte patrimonial es un poco floja.

Si durante los años de la corrupción descontrolada se hubiera dedicado tanta cámara y seguimiento nocturno a los verdaderos actores de las pilotadas urbanísticas, hoy no tendríamos el panorama de destrucción territorial que nos rodea. De hecho, fue pinchar unos cuantos teléfonos por parte, precisamente, de la Guardia Civil y las conversaciones entre Eugenio Hidalgo y sus colaboradores eran el guion de la película de la destrucción del litoral en el caso andritxol a cambio de favores, comisiones y toda clase de irregularidades. O el caso de la carretera de Manacor, archivado por dilaciones de la justicia, en que funcionarios y cargos de UM robaban hasta material de la obra para hacerse chalets. Aquí no hubo tiempo, por lo que sea, ni presupuesto, por lo que sea también, para seguir a quienes se embolsaron dinero público. Hoy, los mallorquines todavía pagamos la factura de aquel sobrecoste indecente.

Nadie tiene derecho a pintar la propiedad de otro para expresar una protesta. Pero una democracia madura no puede permitir que la contundencia del Estado dependa del mensaje que hay detrás de una pintada. Si el patrimonio es la excusa, la protección debe ser igual para todos. Y si el problema es el mensaje político, entonces ya no hablamos solo de preservar piedras, sino de cómo gestionamos el conflicto social. La única diferencia apreciable es que, en este caso, nos sobrevuela una crítica al modelo económico y turístico de las Islas. Un modelo depredador que, además, genera mucha frustración entre los jóvenes. Porque ven que cualquier oportunidad de tener una vivienda digna se desvanece, mientras quienes trafican con las casas y pisos que deberían ser para ellos se hacen millonarios. ¿Tiene derecho nadie a pintar una pared por este motivo? Claro que no. ¿Se deben investigar los hechos? Claro que sí. Pero si los poderes públicos solo responden con represión a la crítica por ser incapaces de ofrecer futuro a los jóvenes, estamos bien arreglados.