Sociedad civil y partidos denuncian una actuación "desproporcionada" en las detenciones de las activistas de Santa Maria

PalmaLa plataforma Menos Turismo, Más Vida ha denunciado que las detenciones de las dos jóvenes investigadas por las pintadas contra diversas inmobiliarias de Santa Maria responden a una estrategia de "represión" y de "criminalización de la protesta" contra el movimiento que cuestiona el modelo turístico de Mallorca.

El portavoz de la plataforma, Pere Joan Femenia, considera que detrás de la actuación policial hay "intereses políticos y económicos" orientados a frenar las movilizaciones contra la turistificación. Según ha afirmado, las acciones impulsadas por el colectivo durante los últimos años, y especialmente este 2026, "han incomodado a sectores políticos y económicos", y sostiene que ya desde el 2024 se intenta criminalizar el movimiento.

Femenia también ha rechazado la tesis de la Guardia Civil que vincula las pintadas investigadas con el manual de acción directa publicado por la plataforma. "Es imposible que exista un patrón y una vinculación de unos actos previos a la publicación del manual con la misma publicación. Lo que se busca es crear falsas vinculaciones para criminalizar y reprimir de forma injustificada", ha asegurado.

El portavoz también ha afirmado que no es la primera vez que, a su parecer, se intenta relacionar las movilizaciones contra el modelo turístico con conductas delictivas. Como ejemplo, ha recordado la manifestación contra la masificación turística de 2025 y la protesta celebrada este mes de julio en Es Trenc, casos en los que considera que la atención se desvió hacia unas pintadas que, según defiende, no estaban relacionadas con las movilizaciones. "Se están centrando esfuerzos, dinero y equipos de investigación para fomentar esta criminalización", ha afirmado.

Femenia también ha reivindicado la protesta social como una herramienta de transformación y ha asegurado que muchas reivindicaciones inicialmente cuestionadas acaban siendo asumidas con el paso del tiempo. En este sentido, ha recordado las primeras denuncias contra el alquiler turístico o la ocupación de sa Dragonera. "Quizás en un futuro entenderemos que la protesta es necesaria ante la incompetente gestión política para legislar sobre algún problema social", ha concluido.

Las declaraciones de la plataforma se suman a las de diversas entidades sociales que también han cuestionado la proporcionalidad de las detenciones y han advertido del riesgo de criminalizar la protesta social.

El GOB ha defendido que las detenciones no se pueden desvincular del contexto social, territorial y ambiental que vive Mallorca. La entidad considera que el malestar generado por la masificación turística, la crisis de acceso a la vivienda, la presión urbanística y la degradación del territorio explica el aumento de las movilizaciones contra el modelo económico actual.

En este sentido, el GOB afirma que existe una "evidente desproporción" entre la atención que reciben estos hechos y la respuesta institucional ante las agresiones continuadas al territorio, al paisaje o al derecho a la vivienda. La entidad sostiene que la respuesta al descontento ciudadano "no debería ser el miedo, la intimidación o la represión, sino más debate público, más escucha y más capacidad de dar respuesta a los problemas reales que vive la sociedad".

Además, rechaza que la defensa del territorio, del derecho a la vivienda o la crítica al modelo turístico sean objeto "de estigmatización o de sospecha permanente" y considera que convertir este conflicto en una cuestión de orden público "no resolverá ninguno de los problemas que lo han hecho emerger". Finalmente, el GOB anima a la ciudadanía a participar en la manifestación "Mallorca al Límite", convocada para el próximo 26 de julio.

Por su parte, APAEMA ha expresado su "profunda preocupación" por lo que considera una actuación desproporcionada. La entidad evita pronunciarse sobre los hechos investigados, pero considera "difícilmente justificable" que unas presuntas pintadas derivaran en un dispositivo policial de estas características, con las dos activistas trasladadas engrilladas y expuestas públicamente.

Según la asociación, esta actuación puede generar un efecto disuasorio sobre las personas que participan en movimientos sociales y transmite un mensaje que va más allá de los hechos investigados. También manifiesta su preocupación por la difusión de imágenes de las dos jóvenes, perfectamente identificables, y recuerda que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que debe ser preservado en cualquier procedimiento.

El presidente de APAEMA, Miquel Coll, ha afirmado que "nos parece una vergüenza que se quiera atemorizar a la población para que no proteste contra el modelo turístico. Una sociedad democrática debe saber escuchar las voces críticas y afrontar los conflictos desde el diálogo, no desde el miedo".

La polémica también ha llegado al Congreso de los Diputados. El diputado de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha registrado la solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, para que den explicaciones sobre las detenciones.

Vidal considera que los hechos son "de una gravedad extraordinaria" y denuncia cualquier vulneración de los derechos fundamentales o intento de criminalizar un movimiento social que defiende el derecho a la vivienda y el territorio. "El derecho a la protesta es un pilar básico de cualquier democracia", ha afirmado.

También Podem ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior para exigir explicaciones sobre la actuación de la Guardia Civil. La formación cuestiona la proporcionalidad del dispositivo policial, reclama conocer qué criterios justificaron las detenciones, el uso de esposas y la intervención de los teléfonos móviles, y pregunta si existen investigaciones específicas dirigidas contra personas o colectivos vinculados al movimiento contra la turistificación.

Asimismo, Podem muestra su preocupación por las declaraciones atribuidas a fuentes policiales en las que se afirmaba que "quienes cometan delitos contra los intereses turísticos en Mallorca serán detenidos". La formación considera que la defensa del derecho a la vivienda y la denuncia de la especulación inmobiliaria forman parte del ejercicio legítimo de los derechos de participación y protesta y reclama que cualquier actuación policial respete escrupulosamente los derechos fundamentales.