La limitación en el turismo en Menorca queda sólo en palabras
El gobierno del PP en el Consell insular agotará el mandato sin haber restringido todavía el número de camas ni de vehículos permitidos en las carreteras
CiudadelaEste verano tampoco se aplicarán medidas concretas para frenar la saturación y limitar la llegada de turistas y coches a Menorca en plena temporada. Tanto el renovado Plan Territorial Insular (PTI) como el nuevo techo turístico, fijado en el estudio de carga preliminar con 107.917 plazas, no se han llevado todavía a aprobación. Y eso que la afluencia de visitantes no deja de aumentar durante el verano pero también fuera de la temporada. El 2025 fue, de hecho, el primer año en el que la cifra de residentes empadronados en la isla nunca descendió de los 100.000 habitantes, ni siquiera en diciembre.
Aún así, el equipo del Partido Popular que gobierna en minoría el Consell de Menorca, con el apoyo externo de la consejera expulsada de Vox, tampoco dispondrá todavía de los mecanismos físicos y legales necesarios para restringir la afluencia de vehículos. Los repetidos anuncios del PP a lo largo del mandato se quedaron así, sólo en palabras y no en hechos. Será, seguramente, la última isla en tomar medidas para restringir el acceso y poner límites a la saturación, aunque también la única que, desde hace tres años, ya dispone de una herramienta legal que lo posibilita, la Ley de reserva de la biosfera aprobada en 2023 por el Parlament balear.
Ya hace nueve meses, el pasado junio, que el Consell presentó el estudio que debe concretar el número de vehículos que sobran en la red viaria. La conclusión sorprendió a todos, ya que fijó el límite con 120.000 coches, cuando la presión máxima diaria que registraron en 2024 las carreteras de Menorca fue de 122.170 vehículos, sólo un 1,8% por encima de este techo.
La cifra, que incluye tanto el parque móvil de la población residente como la flota de vehículos que desembarca en los puertos de Ciutadella y Maó, ya ha sido rebatida tanto por los ecologistas como por las propias empresas de alquiler (leva a caro), disconformes con la idea de limitar su entrada "sin disponer de un diagnóstico real".
Como los residentes disponen de unos 86.000 vehículos, cabrían todavía 34.000 para los visitantes hasta llegar al nuevo límite de 120.000 fijado por el Consell. De éstos, los leva a caro lo llaman mover en temporada alta un máximo de 13.000 y sólo en el puerto de Ciutadella desembarcan 200.000 en todo el año, una media de 600 diarios.
Año cero y adjudicación desierta
En cualquier caso, el gobierno del Consell sí ha dado sus primeros pasos para, al menos, disponer en un primer momento de todos los coches que tienen entrada en la isla a través de los puertos comerciales de Maó y Ciutadella. Sin embargo, el informe interno que justifica la necesidad de contratar ya la instalación de las cámaras de lectura automática de matrículas en los puertos menorquines habla de una "implementación progresiva" de restricciones en la llegada de vehículos.
La propuesta técnica deja claro que en este "año 0" sólo se recogerán y analizarán los "datos reales de flujos de entrada" de coches para llevar a cabo, ya "en una fase posterior, el control efectivo del acceso, una vez desplegado el marco normativo correspondiente".
El contrato, que consiste en el suministro e instalación de los equipos, incluidas las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha del sistema, tiene un coste inferior a los 15.000 euros. Pero, por ahora, la adjudicación se ha declarado desierta y el concurso ha quedado en suspenso a la espera de disponer de las correspondientes autorizaciones de la Autoridad Portuaria y Puertos de las Islas Baleares, que todavía deben decir el punto exacto de dónde deberán instalarse los equipos.
Aunque el Consell invitó a tres empresas a formular oferta, una de ellas (Tradesegur) no la ha presentado y las aportadas por las otras dos licitantes (Saima y Caitba) no se consideran válidas o no cumplen con la totalidad de las prestaciones exigidas por la administración insular. La de esta última no contempla sólo la ejecución de la obra ni la instalación eléctrica necesaria.
Doble 'no' en el Parlamento y en el Consejo
Hace unos días, el Parlamento ya rechazó, con los votos en contra de PP y Vox, la proposición de ley presentada por el PSOE con el objetivo de poner en marcha la limitación este mismo año y así reducir la afluencia de vehículos privados y "los riesgos, los impactos y la saturación" que provoca. Los socialistas querían que se aprobara ya el reglamento para hacerlo posible, con un régimen sancionador para garantizar su cumplimiento y "mejorar la calidad de vida de los residentes", pero los populares se opusieron. Un contrasentido en opinión del diputado Marc Pons, que no entiende cómo el propio partido en el gobierno en Palma y Menorca ha podido aprobar leyes similares en Formentera e Ibiza.
Pero, según recuerda el diputado Josep Castells (Más por Menorca), la isla ya dispone de una ley específica, la de reserva de la biosfera, para poder limitar la entrada de coches. Una normativa que el anterior gobierno de izquierdas en el Consell y en el Parlament ya aprobó en el 2023, pero que todavía no se ha aplicado en este sentido.
"La limitación comienza este año", apuntan tanto el presidente Adolfo Vilafranca como el diputado popular Jordi López Ravanals, sin precisar que, realmente, las medidas que se preparan para este verano consistirán, en principio, sólo en recoger datos y no en restringir.
El debate vuelve a plantearse este lunes en el pleno insular, donde Més per Menorca defiende una propuesta para instar al gobierno del PP a "aprobar de forma inmediata un sistema de regulación y limitación de vehículos que pueda ser aplicable durante esta temporada". Para hacerlo posible, los menorquinistas piden que se establezca un límite máximo de vehículos que puedan acceder o circular por las carreteras de la isla en temporada alta y que se ponga en marcha una campaña informativa que permita su correcta aplicación". También pretenden que una comisión participada por los grupos políticos y los agentes socioeconómicos de la isla, incluidas las compañeros esta restricción. De momento, la propuesta ya ha sido dictaminada en comisión con la abstención del PP.