Tribunales

Fallo judicial en Alcudiamar: anulado el uso hotelero del Botel

La sentencia establece que la concesión portuaria no permite alojamiento turístico y limita los usos al servicio de navegantes

El complejo Alcudiamar.
ARA Balears
Act. hace 25 min
2 min

PalmaEl Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha anulado el uso hotelero dentro de la concesión de Alcudiamar, en el puerto de Alcudia, al estimar parcialmente un recurso. La sentencia (238/2026) deja sin efecto la cláusula que permitía esta actividad.

La resolución es explícita y establece que se anula “la admisión del uso hotelero” prevista en la concesión. El tribunal fija que el régimen jurídico aplicable es el vigente en el momento del otorgamiento, el año 1988, que no preveía la explotación turística abierta al público.

Según la sentencia, el marco legal solo permitía el uso de habitaciones para navegantes dentro del dominio público portuario. Este tipo de alojamiento está vinculado a servicios para tripulaciones de embarcaciones y no es equiparable a un establecimiento hotelero o complejo turístico.

Con esta interpretación, el TSJIB rechaza la asimilación del conocido como “poblado marinero” a un hotel, una equiparación que había sustentado durante años la actividad del denominado 'Botel'.

La nulidad de la cláusula implica que la actividad turística desarrollada en la concesión queda sin cobertura legal dentro del título administrativo vigente. Se trata de un espacio de dominio público portuario, sometido a una regulación restrictiva que solo admite los usos expresamente autorizados.

La sentencia establece así un criterio sobre los límites de los usos en este tipo de espacios y pone freno a interpretaciones que permitían actividades turísticas intensivas en áreas destinadas, en origen, a funciones portuarias.

En este contexto, el GOB ha valorado positivamente la resolución y ha reclamado el cierre inmediato del establecimiento, al considerar que opera como complejo turístico sin licencia municipal adecuada. La entidad también denuncia la inacción de las administraciones durante años y advierte que no actuar ante una sentencia de este alcance podría vulnerar el principio de legalidad.

Según el GOB, la resolución supone un precedente relevante y confirma que la actividad del 'Botel' no es legal como establecimiento turístico, por lo que considera que debe cesar.

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