La ley Delgado hizo posibles buena parte de las plazas turísticas que el PP atribuye al Pacto

Palma“Con el tema del alquiler turístico, nadie ha sido más abierto que nosotros._Cuando llegué a la Conselleria, había 800 viviendas de hacía tres o cuatro años sin dar de alta. Se las dimos y ampliamos de 5.000 a 10.000 [viviendas]. 80.000 plazas turísticas en viviendas vacacionales que hoy están en oferta gracias a este Gobierno”. Quien dijo esto no fue ningún miembro del Pacte, sino el actual alcalde de Palma, Jaime Martínez, uno de los políticos con más trayectoria en las filas del PP y entonces conseller de Turismo del ejecutivo de José Ramón Bauzá –lo fue desde el 27 de diciembre de 2013 hasta mayo de 2015, y antes había sido director general de Turismo. Se encuentran en el Diari de sessions del ple del Parlament del 3 de febrero de 2015.

“No ha habido un gobierno que haya hecho más por el alquiler turístico. La ley de turismo (...) es absolutamente aperturista con este tema. (...) De la manera en que está regulando el (...) alquiler turístico, solo en dos años se ha duplicado el número de viviendas vacacionales registradas en las conselleries”, añadió en referencia a la ley Delgado (2012), una norma que creó los mecanismos para uno de los mayores incrementos de plazas turísticas en la historia de las Baleares. Los efectos jurídicos de esta norma se prolongaron mucho más allá de la legislatura de Bauzá.

Más de diez años después, los populares han pasado de sacar pecho por el aumento de plazas a sostener que el Pacte es responsable de crear 115.262 plazas, como se ha podido ver en los anuncios que el PP ha colocado en diferentes lugares de Palma coincidiendo con la manifestación antisaturación del 26 de julio. La cuestión es más compleja de lo que sugieren estos mensajes. Cronológicamente, muchas de estas plazas afloraron y se autorizaron en tiempos del Pacte. Pero jurídicamente y administrativamente, buena parte provenía del marco jurídico que estableció el PP en 2012. Esta es la historia que intentaremos explicar.

Las excepciones

Con la ley Delgado, algunos hoteles podían crear plazas sin la bolsaLa regla general (artículo 88) era que para crear nuevas plazas se debían dar de baja plazas existentes. Pero la misma ley preveía excepciones (artículo 89). Los establecimientos de turismo rural, determinados alojamientos turísticos, los hoteles de interior, determinados hoteles de cinco estrellas, los albergues y algunos hoteles de ciudad de cuatro estrellas o más podían crear nuevas plazas sin tener que adquirir otras en la bolsa.

Una reforma importante

La norma del PP permitía crecer en plazas y altura en algunos casosLa disposición adicional cuarta de la ley Delgado creó un régimen extraordinario para que los hoteles que se modernizaran pudieran ampliar las instalaciones con importantes ventajas urbanísticas. La norma permitía ampliar edificios, crecer en altura e incrementar el número de plazas sin tener que comprarlas en la bolsa. En determinados casos, estas facilidades prevalecían sobre las limitaciones del planeamiento urbanístico municipal.

Alquiler turístico

Una regulación considerada permisiva en lo que respecta a las viviendas unifamiliaresLa ley Delgado creó un capítulo específico para las estancias turísticas en viviendas y permitió comercializar estancias de corta duración solo en viviendas unifamiliares a través del propietario, plataformas o empresas. Una declaración responsable (DRIAT) bastaba para iniciar la actividad, sin tener que esperar una autorización administrativa. La ley tampoco preveía ningún sistema de zonificación para limitar la actividad según el territorio. Además, el gobierno Bauzà no desarrolló el reglamento respecto de este tema hasta mayo de 2015, cuando la legislatura estaba a punto de acabar.

El Pacto introdujo las viviendas plurifamiliares con limitacionesLa ley Delgado solo permitió el alquiler turístico en chalets y fue la ley turística de Biel Barceló, ya con el Pacte en el Govern, la que abrió la puerta a los plurifamiliares en el año 2017. Pero no lo hizo de manera automática. La norma estableció que los consells insulares debían elaborar una zonificación y, en el caso de Palma, el Ayuntamiento podía decidirlo. De hecho, Cort prohibió el alquiler turístico en pisos. También era necesaria la autorización de la comunidad de propietarios. Además, las plazas se debían comprar en la bolsa y tenían una vigencia de cinco años. Según fuentes del Pacte, la apertura del alquiler turístico a las viviendas plurifamiliares representó aproximadamente 9.000 plazas.

Las cifras

115.000 plazas que mezclan dos cuestiones diferentesLlegamos aquí al punto capital de la cuestión: ¿qué miden estas 115.000 plazas? Una cosa es el momento en que una plaza aparece en las estadísticas oficiales. Otra, muy diferente, es cuándo nace el derecho jurídico que permite su creación. El PP remarca que las 115.000 plazas se autorizaron de 2015 a 2023 y asegura que 93.000 fueron consecuencia de la ley Barceló, una interpretación que contrasta con las declaraciones que Jaime Martínez hizo en el Parlament en 2015, cuando reivindicaba el carácter aperturista de la ley Delgado.

Según diversos exresponsables del Pacto consultados por el ARA Balears de manera separada y que coinciden en las cifras, muchas de las plazas que se contabilizaron durante aquellos años derivaban de procedimientos iniciados bajo el marco jurídico de la ley Delgado. Detallan que, al acabar la legislatura de Bauzá, ya había 46.607 plazas de alquiler turístico autorizadas y en funcionamiento en viviendas unifamiliares que no aparecían correctamente en las estadísticas oficiales. Y añaden que había 11.630 plazas hoteleras no contabilizadas, muchas de ellas, de modernización de establecimientos. También había, según las mismas fuentes, aproximadamente 5.000 plazas que, a pesar de que se dieron de alta en la legislatura 2015-2019, venían de permisos anteriores.

Finalmente, especifican que sí que se dieron de alta aproximadamente 45.000 plazas de alquiler turístico en viviendas unifamiliares antes de que se aprobara la ley Barceló (a pesar de que gobernaba el Pacte, continuaba en vigor la ley Delgado). Este cálculo sitúa en 108.237 las plazas que, según estas fuentes, ya existían, derivaban de la normativa del PP o provenían de procedimientos iniciados antes de la reforma de 2017. A esto hay que añadir las 9.000 plazas de alquiler turístico en pisos.

“El anuncio de la tramitación del anteproyecto de la ley turística [del Pacto] produjo una avalancha de plazas. Todo el mundo se puso a pedir”, señala la geógrafa especializada en ordenación del territorio, Margalida Mestre, que considera que esto se podría haber evitado haciendo una moratoria de plazas antes de hacer pública la elaboración de la nueva norma. Como la ley Barceló aún no se había aprobado, esta avalancha fue de plazas de alquiler turístico en viviendas unifamiliares. “La ley Delgado introdujo la declaración responsable como manera de agilizar, estableció los mecanismos para acelerar. Y se aceleró cuando el Pacto dijo que pondría orden. Hubo una aberración en cuestión de meses”, añade la experta.

Por su parte, el catedrático de Geografía Macià Blàzquez lamenta que la ley Barceló fuera un paso más allá con la tipología de alquiler turístico e incluyera los pisos. “Nunca se ha cerrado el grifo, siempre ha habido un colador. Todo el mundo ha pecado”, remarca sobre los gobiernos del PP y del Pacto. También califica de “bomba” la disposición de la ley del PP que permitió que los hoteles aumentaran en volumen, alturas y plazas. Y recuerda que el actual Gobierno del PP “ha quitado la fecha de caducidad [del alquiler turístico en pisos] y ha desvinculado el alquiler turístico de la propiedad”. Esto quiere decir que las plazas no están adscritas a las viviendas, sino a las personas, que las pueden vender o ligarlas a otras viviendas. “Profundiza en el rentismo”, afirma.

La diputada del PP Salomé Cabrera recuerda que la ley Delgado se aprobó en un contexto de “crisis económica muy dura” y subraya que era necesario “incentivar la mejora de los establecimientos y fomentar la inversión y la reconversión”. E insiste en que el verdadero efecto llamada se produjo con la introducción del alquiler turístico en pisos por parte del Pacto. Además, señala que las zonificaciones de los consejos y la posibilidad de limitar de Cort se establecieron “después del caos” de las solicitudes de alquiler turístico en plurifamiliares. Pero Cabrera omite que las limitaciones y zonificaciones formaban parte del diseño original de la norma.

“La ley de 2017 dio un plazo a los Consells y al Ayuntamiento de Palma para zonificar y decir qué se puede hacer y qué no”, explica el exconseller de Turismo durante parte de la primera legislatura del Pacto, Biel Barceló. El exresponsable remarca que la ley de 2017 también introdujo una fórmula de decrecimiento que el PP ha eliminado: las plazas que se dieron de alta sin recurrir a la bolsa se debían eliminar si se daban de baja. Por su parte, el exconseller de Turismo la legislatura 2019-2023, Iago Negueruela, destaca que, a pesar de que se mantuvo la posibilidad de reformar hoteles, el Pacto eliminó el aumento de plazas y el incremento en altura. “Lo que se hizo fue aplicar la legislación [la ley Delgado] con las solicitudes que se habían hecho y modificarla tan pronto como se pudo”, sentencia.