El sobrecoste en el transporte de mercancías amenaza igualmente al sector de la construcción, que urge al gobierno de Pedro Sánchez a aprobar una revisión extraordinaria de precios en la obra pública que garantice poder acabar las escuelas, carreteras, hospitales y otras obras en concurso que promueve la Administración. En caso contrario, la directora de la Asociación de Constructores de las Baleares, Sandra Vergés, reclama al Ejecutivo de Marga Prohens que “dicte medidas compensatorias inmediatas, como ya lo hizo Francina Armengol durante la guerra de Ucrania”. Vergés dice a elARABalears que todo el sector está “a la expectativa”, pero avisa de que “cuanto más se alargue el conflicto, el impacto será mayor”.La primera gran consecuencia ha sido el encarecimiento de hasta un 40% del precio del betún, derivado directo del petróleo y que tiene una incidencia muy grande sobre todas las obras de asfaltado. Estas, de hecho, “deberían detenerse de manera inmediata”, dice Vergés, a la espera de que la administración estatal o autonómica tome medidas. Lo mismo puede pasar, apunta, con todas las obras que impliquen instalar conducciones de plástico o derivados.En cuanto a la obra pública aún no licitada, la cabeza visible de la patronal avisa de que “muchas licitaciones pueden quedar desiertas y se tendrán que revisar, ya que los cálculos de costes y materiales hechos meses atrás ya han quedado obsoletos”.En cuanto a la obra privada, su continuidad dependerá de las cláusulas preestablecidas o las condiciones que se renegocien con los promotores. Ahora bien, añade, “siempre existe la opción de detenerlas temporalmente para ver cómo evoluciona el conflicto y si se resuelve con rapidez”. En caso contrario, advierte, “los efectos pueden ser especialmente graves”.
La guerra ahoga el transporte de mercancías
El encarecimiento del combustible y de las navieras provoca un doble agravio al sector, que urge al Govern balear a compensar las medidas "insuficientes" del Estado.
PalmaLa bajada del IVA del 21 al 10% de la luz y del combustible anunciada hace una semana por el presidente Pedro Sánchez para compensar con 5.000 millones de euros los efectos de la guerra a 20 millones de hogares y tres millones de empresas en España no ha contentado a gran parte de los agentes económicos de las Islas. Aparte del incierto efecto que la tensión internacional tendrá esta temporada sobre la actividad turística, el conflicto bélico en Oriente Próximo ha golpeado duramente el transporte de mercancías, la construcción, el campo, los autónomos y otros sectores estratégicos de Baleares.
La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) urge la adopción de medidas inmediatas a favor del transporte, especialmente afectado por el repunte del precio del gasoil y por la incidencia que tiene sobre el sector primario. Según las pymes, las medidas del gobierno estatal tienen un efecto positivo para los consumidores, pero no así para los empresarios. El vicepresidente de la patronal, Rafel Matas, concluye que los 25 céntimos de descuento comprometidos por el Estado no bastan para hacer frente a una subida que ha sido hasta ahora de 50 céntimos por litro.
La patronal balear del transporte de mercancías ha sido, de hecho, la que con más contundencia ha respondido por ahora a las 80 medidas urgentes dictadas por Sánchez, hasta el punto que amenaza con parar. El presidente Ezequiel Horrach dice que las ayudas son “insuficientes” y, después de reunir a los principales transportistas de las Islas, mantiene la amenaza de una parada al inicio de la temporada turística. Horrach avisa que el impacto de la guerra para las empresas de Baleares es doble, ya que se ha de añadir al encarecimiento de los carburantes la subida que también les han aplicado las navieras.
Mascaró Morera pierde 360.000 euros
Con 330 trabajadores y delegaciones operativas en Menorca, Mallorca, Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, Málaga y Vitoria, la principal empresa logística de las Baleares, Mascaró Morera, hace cuentas. La guerra les está suponiendo un sobrecoste mensual de poco más de 360.000 euros, que las ayudas del Estado solo compensarán en una pequeña parte. Además de la drástica subida del precio del carburante, tiene que convivir con el encarecimiento de las tarifas que han comenzado a aplicar las navieras en los trayectos entre islas y con la Península. Trasmed les cobra ocho euros más por metro lineal de carga en sus barcos y Baleària, seis euros y medio.
Bernat Moll, director general y responsable de la empresa en Mallorca, hace cálculos y estima que cada trayecto les cuesta 55 euros más por camión con Baleària y alrededor de 70 o 75 con Trasmed. Como cada día sus chóferes hacen de 50 a 60 embarques en los puertos de las Islas y Barcelona y los camiones tienen una longitud de 16 metros y medio, el sobrecoste resultante sube hasta los 150.000 euros.
El encarecimiento provocado por el gasoil es aún superior y roza los 210.000 euros mensuales. “Tenemos 350 camiones rodando y cada uno gasta, como mínimo, 25 euros más en gasolina”, apunta. Además, se han de tener en cuenta los 150 remolques frigoríficos, “que también consumen más que antes”.
“Todo junto es un coste inasumible. Da pena”, admite Bernat Moll. Y quien lo paga, al final, es el consumidor. “Como el 99% de las empresas del sector, hemos tenido que repercutir este sobrecoste sobre los clientes porque, si no lo hacemos así, nos hundimos todos”, lo justifica. Semanalmente Mascaró Morera pasa a sus clientes las nuevas tarifas, calculadas a partir del consumo medio de gasoil que se haya producido la semana anterior.
Ante este panorama, Bernat Moll constata que las medidas tomadas por el Estado “son del todo insuficientes. Quizá a los particulares les compensa más, porque se baja el IVA, pero no es el caso de las empresas. Con la rebaja del IVA mejoramos nuestra tesorería actual, pero esta contabilidad no es real. La reducción no es nada en comparación con los sobrecostos que hemos de afrontar”.
Moll, que espera que las medidas complementarias que prepara el Govern balear “ayuden” y permitan anular el paro anunciado por el sector, ve “normal que todo el mundo suba precios: las navieras nos lo suben a nosotros porque se ha encarecido el combustible, nosotros los subimos a los distribuidores, estos los repercuten sobre las tiendas y quien siempre acaba pagándolo todo es el ciudadano”.
El campo soporta subidas de hasta el 40%
La guerra ha cogido al sector primario en plena movilización y con tractoradas para protestar contra los recortes de Europa a la Política Agraria Común (PAC). Un panorama que ahora se agrava por el encarecimiento del petróleo y de los costes del transporte, además de los fertilizantes y otros productos que se emplean en el campo, que ya han subido hasta un 40%.
La situación también llega en mal momento para los pescadores, en lucha igualmente contra las restricciones a su actividad que les impone la Unión Europea. Desde hace un mes, el agravio, sin embargo, es aún más importante para el medio millar de pescadores profesionales de las Islas y las 260 barcas que salen a la mar. El presidente de la Cofradía de Ciutadella, Xavier Marquès, pone cifras. "El coste del combustible ha pasado de 0,70 a 1,20 euros el litro, y los 20 céntimos que nos promete el Estado solo nos cubren una parte del agravio. La pérdida es de 30 céntimos por litro", explica.
Según sus cálculos, una embarcación consume aproximadamente 8.000 litros de gasoil al mes, lo que sube el sobrecoste hasta los 2.400 euros. A pesar de todo, los pescadores de Ciutadella mantienen, por ahora, el precio del pescado, pero algunas empresas que les suministran las redes y otros materiales sí que lo han subido. De momento, dice Marquès, les salen las cuentas. "Si no fuera así, no saldríamos".
Prohens promete medidas
Las medidas del Gobierno llegarán antes de Semana Santa, previa consulta a los colectivos más afectados. “Reflejará vuestras peticiones”, ha prometido la presidenta Marga Prohens a los transportistas. Su intención –ha avanzado– es complementarles en este sentido las medidas “insuficientes” que ha tomado el Estado. Sobre todo, ha incidido, intentará compensar el efecto de la insularidad, “que hace que las consecuencias aquí aún sean más complejas” que en la Península.
Los consejos insulares también se han movido. En Menorca, el equipo de gobierno ya ha mantenido tres reuniones con diferentes sectores para tomar medidas urgentes que permitan paliar los efectos en las familias y en el tejido productivo de la isla. En este sentido, el Consell ha anunciado que llevará a pleno una propuesta para pedir al Estado que los ayuntamientos puedan usar los remanentes de tesorería que acumulan para dar apoyo a los afectados. El equipo de Adolfo Vilafranca también pide incentivos fiscales y bajadas de impuestos para aliviar la situación y quiere que la UE flexibilice igualmente las ayudas de minimis para quitar trabas a las empresas.
“Es imprescindible que las administraciones trabajemos de manera coordinada y compensemos el aumento de costes que afectan a la economía menorquina, ya condicionada por la doble insularidad”, dice la consejera Maria Antònia Taltavull. Solo así –entiende– se puede garantizar la competitividad de las empresas isleñas en esta crisis.
