El Tribunal Constitucional censura Prohens por eliminar el catalán como requisito en la sanidad vía decreto ley

PalmaEl Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales diversos artículos del Decreto ley 5/2024 que el Gobierno aprobó en diciembre de 2024 para enmendar el error del PP en la votación parlamentaria de la Ley de simplificación administrativa, cuando aprobó sin querer un paquete de enmiendas de Vox. Concretamente, el punto que consolida la eliminación del requisito de catalán para acceder a un puesto de trabajo en la sanidad pública. Con todo, el alto tribunal no entra en el fondo de la cuestión, sino que se limita a censurar que el Ejecutivo utilizara un decreto ley, una vía de urgencia, como fórmula para eliminarlo, en lugar de una ley. Esto no quiere decir que la medida deje de estar en vigor, porque el PP ya la introdujo en otra ley de vivienda, la cual también está impugnada y pendiente de recurso.

La sentencia estima el recurso interpuesto por más de 50 diputados del Congreso (el PSOE, Sumar y el grupo mixto) y concluye que el Gobierno vulneró los límites del artículo 86 de la Constitución, que exige una "extraordinaria y urgente necesidad" para dictar decretos ley, un supuesto que el tribunal no aprecia en este caso. En el recurso, estos partidos consideraban que "no se aprecia la extraordinaria y urgente necesidad que justificaría el uso del decreto ley" para eliminar el requisito de catalán a los sanitarios. Además, consideran que "el déficit de profesionales sanitarios" argumentado por el Gobierno "no tiene nada que ver con las exigencias de conocimiento de la lengua catalana en los procesos selectivos". Como ejemplo de ello, exponen que "en el último proceso de estabilización de personal sanitario, la mayoría de las categorías profesionales tuvo más candidatos capacitados lingüísticamente que plazas ofertadas".

El embrollo del PP para eliminar el catalán de la sanidad

Los grupos de izquierdas, junto con la Obra Cultural Balear (OCB), han impugnado esta decisión en diversas ocasiones. El PP, por su parte, ha intentado blindar esta decisión (una de las primeras medidas de la presidenta Marga Prohens) a fuerza de trasladarla en diferentes textos legales. Así, se incluyó en la Ley de simplificación administrativa que se votó en noviembre del 2024. Pero durante aquella votación, la bancada popular cometió un error del cual aún sufre las consecuencias. La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, confundió el sentido del voto y acabaron votando a favor de un paquete de 34 enmiendas de Vox que planteaba cuestiones graves, como eliminar el catalán como lengua vehicular en las escuelas y como requisito para los funcionarios, que los inmigrantes no reciban ayudas, y que se pueda construir en áreas naturales especialmente protegidas. Estas enmiendas, además, también anulaban el artículo del Gobierno que se refería estrictamente al catalán como requisito en el ámbito sanitario. Después de detectar el error, Durán pidió repetir la votación, pero Vox se negó. Es por eso que el Gobierno se vio forzado a aprobar un decreto ley para rectificar lo que acababan de votar y dejar sin efecto estas enmiendas. Aun así, el Constitucional ha eliminado algunos artículos.

Un pronunciamiento doctrinal

Aunque los artículos hayan sido anulados, esto no tiene efectos prácticos. El Gobierno blindó la eliminación del requisito de catalán en la sanidad y la introdujo, también, en el articulado de la Ley de proyectos residenciales. Aun así, el tribunal ha mantenido el examen del recurso para fijar doctrina sobre los límites formales del decreto ley. Sea como sea, esta eliminación también está pendiente de recurso del TC. "Es en este punto en que se tendrá que pronunciar sobre el fondo de la cuestión", expone el presidente de la OCB, Toni Llabrés. Por ahora, pues, hay un empate: el TC rechazó el primer recurso de la OCB sobre la eliminación del requisito para los sanitarios y le ha dado la razón en el segundo, pero siempre basándose en cuestiones técnicas. En el próximo pronunciamiento, el alto tribunal tendrá que aclarar cómo se posiciona ante el hecho de que los sanitarios puedan obtener plaza fija en Baleares sin conocer una de las dos lenguas oficiales, dejando de lado los aspectos formales que ha abordado hasta ahora.

"Llegaremos hasta el final y emplearemos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para salvaguardar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, especialmente en el ámbito sanitario, donde se producen tantas vulneraciones", insiste Llabrés. El PSIB también ha aplaudido el pronunciamiento. La vicepresidenta segunda del Parlament y diputada, Mercedes Garrido, ha valorado positivamente la sentencia y ha asegurado que deja claro que el Govern "no es capaz de justificar la urgencia por la cual estos artículos fueron incorporados al decreto ley".