El Gobierno destina 1,3 millones a externalizar informes hídricos bajo el pretexto de acelerar la construcción de vivienda

El Gobierno ha sacado a licitación por 1,3 millones de euros un contrato para externalizar la redacción y tramitación de informes de la Dirección General de Recursos Hídricos con el objetivo de agilizar expedientes, especialmente los vinculados a proyectos de construcción de vivienda. La decisión llega en un momento de fuerte presión del sector promotor, que denuncia desde hace meses retrasos en los informes hídricos y condicionan el otorgamiento de licencias y el inicio de obras en un contexto de demanda disparada de pisos.

La presidenta del Gobierno, Marga Prohens, defendió la medida en el Parlament hace una semana y aseguró que responde al compromiso del Ejecutivo de actuar contra los "cuellos de botella" de la Administración. "Nuestro programa de gobierno se comprometía a actuar sobre los cuellos de botella", recordó, además de reivindicar decisiones adoptadas al inicio de la legislatura con ese mismo objetivo.

En este sentido, Prohens citó la eliminación de la Comisión Balear de Medio Ambiente, que dejó los informes de evaluación ambiental en manos de técnicos y no de un órgano colegiado de carácter político. Según la presidenta, esta reforma ha permitido incrementar el ritmo de informes un 82% en el primer año y un 36% en el segundo. "Si es sí, es sí; si es no, es no, pero ahora de forma más ágil, más objetiva y más rigurosa", afirmó.

Ahora, el foco se sitúa en Recursos Hídricos, un departamento que, según el Gobierno, acumulaba retrasos de hasta tres años y medio cuando empezó la legislatura. El Ejecutivo sostiene que la actividad se ha duplicado en dos años y medio, en parte por el incremento de expedientes derivados de las medidas aprobadas para impulsar la vivienda asequible, como la reconversión de locales, las promociones a precio limitado y las nuevas promociones públicas.

Quejas de los promotores

La realidad es que los promotores han hecho llegar quejas al Govern porque, por un lado, se anuncian normativas y soluciones y, por otro, no logran hacer avanzar los proyectos de construcción. Los lamentos del sector de los promotores han llegado al Consolat de Mar, donde han decidido externalizar los informes. Fuentes del Govern se anticipan a las críticas por falta de control y aseguran que "todas las autorizaciones serán firmadas y revisadas por la Administración, como es de esperar".

La decisión, por tanto, no está exenta de debate. La externalización de informes en un ámbito tan sensible como el dominio público hidráulico –clave en un territorio con recursos limitados y sometido a una fuerte presión urbanística– es vista por algunos sectores como un arma de doble filo. Aunque puede contribuir a acortar plazos y desbloquear proyectos, también plantea interrogantes sobre el control público, la uniformidad de criterios y la capacidad de supervisión de la Administración sobre los trabajos encargados a empresas externas.

Declaraciones responsables

El Govern asegura que ha ampliado recursos, modificado la estructura interna –con la creación de un servicio específico de gestión del dominio público hidráulico y otro de planificación, obras y mantenimiento–, establecido diferentes colas de tramitación según tipología de expediente y reforzado los equipos con soporte de Tragsa. También ha impulsado la administración electrónica y la tramitación mediante declaraciones responsables en aquellos casos en los que la normativa lo permite.

Según Prohens, estas medidas han permitido reducir la cola de expedientes con más de un 50%. Sin embargo, el Gobierno considera que no son suficientes para absorber el volumen actual y prevé que la externalización permita dar un nuevo impulso a la tramitación.

La externalización anunciada por el Gobierno se inscribe así en una estrategia más amplia de reforma administrativa orientada a reducir plazos y facilitar la actividad económica, especialmente en materia de vivienda. La cuestión de fondo es hasta qué punto esta agilización podrá compatibilizarse con el mantenimiento de garantías en la gestión de un recurso estratégico como el agua, hoy en día en situación límite en las Islas.