El GOB lleva el traslado de residuos de Ibiza a los tribunales: “El concepto de prueba piloto es un fraude”
Los ecologistas y los vecinos señalan numerosos presuntos incumplimientos de la normativa
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PalmaEl GOB ha señalado este viernes numerosos presuntos incumplimientos legislativos en el expediente de traslado de residuos a Ibiza. Representantes de la organización ecologista han admitido que se han sorprendido de la cantidad de presuntas irregularidades que, según dicen, han detectado sus abogados. Entre ellas, una posible justificación falsa del contrato como prueba piloto: “El concepto de prueba piloto debe permitir parar, y no lo hace”, ha dicho la portavoz del GOB Aina Llauger. Junto con las asociaciones de vecinos de Son Sardina y La Garriga, la entidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el contrato y han exigido la paralización inmediata del expediente.
Según han explicado en una rueda de prensa, los portavoces de las tres entidades critican que la administración presente el traslado como prueba piloto, pero no quede claro que existan mecanismos reales para detenerla si los resultados no son satisfactorios. “El concepto de prueba piloto es un fraude”, ha añadido el portavoz de los vecinos de La Garriga, Joan Mateos. Los demandantes también cuestionan que la administración se pueda escudar en posibles indemnizaciones a la empresa adjudicataria para mantener el traslado. Además, consideran que la administración puede haber vulnerado la normativa de contratación pública porque el contrato no se ha dividido en lotes, a pesar de que incluye diferentes prestaciones que se podrían haber licitado de manera separada. Mateos ha destacado que se ha adjudicado un contrato global a una empresa que “solo ejecuta el 4% del trabajo específico”, mientras que el resto corresponde al transporte de residuos en camiones. Concretamente, el Consell de Ibiza y el Consell de Mallorca adjudicaron un contrato a la UTE GIREF por un valor estimado de 22 millones de euros. También denuncian la vulneración del principio de libre concurrencia y competencia, porque el contrato se ha adjudicado a una única empresa, sin competencia efectiva.
Según los demandantes, el contrato también habría incumplido la normativa europea, porque no se comunicó ni publicitó adecuadamente. En este sentido, plantean que se solicite una aclaración prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además, señalan que la administración habría creado las condiciones para que solo una empresa pudiera resultar adjudicataria. En el mismo sentido, denuncian que se modificó la normativa para facilitar el traslado de residuos cuando las gestiones administrativas ya habían comenzado a través de la ley ómnibus, con una urgencia que no estaba justificada, porque la planta de tratamiento de Ca na Putxa (Ibiza) no termina su vida útil hasta el 2029. Además, consideran que la modificación legislativa aprobada por el Gobierno balear invade competencias reguladas por la normativa estatal de contratación pública, y reclaman que el juzgado plantee una cuestión de inconstitucionalidad al respecto. Finalmente, advierten de una posible vulneración de la jerarquía de gestión de residuos y del principio de proximidad por el hecho de trasladarlos desde Ibiza hacia Mallorca en lugar de buscar una manera de procesar los residuos en Ibiza.
El Govern no se plantea cambios: “No va tan mal”
Preguntado sobre la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente primero, Antoni Costa, ha expresado “respeto” por el recurso. “El Gobierno y el Consejo también están en todo su derecho de hacer que este expediente se tramite por la vía ordinaria y nada más”, ha dicho. “El transporte de residuos desde Ibiza no ha provocado nada de lo que se dijo que provocaría”, ha explicado. “Al principio salió en los medios, pero después no: no debe ir tan mal, digo yo”, ha afirmado.