El PP y Vox suprimen de la Ley de costas el artículo que pretendía frenar la saturación del litoral
Los dos partidos eliminan en ponencia parlamentaria los principios que obligaban a tener en cuenta la capacidad de carga de la costa, la presión urbanística y la protección de los ecosistemas
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PalmaEl PP y Vox acordaron este miércoles, durante la ponencia de la Ley de costas en el Parlamento balear, suprimir íntegramente el artículo que establecía los principios para evitar la saturación del litoral y promover una gestión sostenible. Se trata del artículo 6, dedicado a la gestión integral de la costa, que fijaba criterios para orientar las decisiones de las administraciones y limitar determinados proyectos o actividades que pudieran comprometer la conservación de estos espacios. La supresión afecta a cuestiones como la capacidad de carga de las playas, la presión urbanística, la regresión de la costa, la prevención de los riesgos naturales y la protección de la posidonia.
El artículo tenía un carácter general, pero precisamente por eso resultaba relevante según fuentes consultadas por el ARA Balears. Establecía los principios que debían guiar la aplicación de la ley y que podían servir de fundamento para justificar restricciones a determinadas actividades o proyectos. No introducía prohibiciones automáticas, pero proporcionaba criterios ambientales y territoriales que las administraciones debían tener en consideración a la hora de ordenar y gestionar el litoral.
Su desaparición es especialmente significativa porque la norma impulsada por el Gobierno de Marga Prohens se presenta como una ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral. De hecho, cuando el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto el pasado junio, el Ejecutivo defendió que permitiría reforzar la protección de los ecosistemas costeros y garantizar una gestión sostenible de las playas y los usos de la costa. Ahora, el acuerdo entre el PP y Vox elimina uno de los artículos que formulaban de manera más explícita estos objetivos.
La supresión se enmarca en las negociaciones entre los dos partidos para aprobar una norma que ha suscitado controversia desde el inicio de su elaboración. Vox ha manifestado reiteradamente el rechazo a las políticas vinculadas a la agenda del desarrollo sostenible, un posicionamiento que contrasta con los criterios ambientales que recogía el artículo eliminado.
Evitar la saturación y la acumulación de construcciones
El contenido del artículo 6 permite entender el alcance de la decisión. El primer apartado establecía que la gestión integral del litoral debía tener en cuenta conjuntamente los sistemas hidrológicos, geomorfológicos, climáticos, ecológicos, socioeconómicos y culturales. La finalidad era no superar la capacidad de carga y de acogida de la costa y prevenir los efectos negativos de las catástrofes naturales y de la “saturación incontrolada”.
También incorporaba una referencia expresa a la preservación y restauración de las praderas de posidonia, uno de los ecosistemas esenciales para la conservación del litoral balear. Otro de los principios eliminados hacía referencia a la protección de la costa frente a la regresión del mar, tanto por causas naturales como humanas, con el objetivo de minimizar sus efectos sobre los ecosistemas y las actividades económicas.
Pero uno de los puntos de mayor trascendencia territorial era el que planteaba garantizar una ordenación equilibrada de la franja terrestre del litoral, evitando, en la medida de lo posible, la acumulación de volúmenes y densidades constructivas. Este principio podía servir de referencia para valorar el impacto de nuevas edificaciones o actividades económicas en zonas que ya sufren una elevada presión humana.
El artículo también establecía la necesidad de elaborar estrategias y planes de uso del suelo que tuvieran en cuenta los impactos ambientales y socioeconómicos, además de evaluar preventivamente los riesgos asociados a las infraestructuras y actividades humanas. Finalmente, incorporaba la obligación de prevenir los daños al medio costero y restaurarlos cuando fuera necesario.
La desaparición de este conjunto de principios no significa que queden automáticamente sin efecto las protecciones establecidas por otras leyes estatales, autonómicas o europeas, pero sí elimina del proyecto de ley balear una formulación expresa de los criterios generales que debían condicionar la gestión del litoral.
Una ley marcada por la protección de los chiringuitos
La modificación tiene una dimensión especial si se tiene en cuenta el trasfondo político de la Ley de costas. Una de las principales motivaciones del Ejecutivo de Prohens ha sido buscar fórmulas para proteger determinadas construcciones y actividades existentes en la costa, algunas de las cuales se encuentran en una situación jurídica complicada porque ocupan el dominio público marítimo-terrestre.
Tal como ha explicado el ARA Balears en diferentes reportajes, la norma pretende dar cobertura a construcciones tradicionales del litoral, como los varaderos y las casetas de orilla, pero el debate también afecta a los chiringuitos, restaurantes y otras instalaciones situadas en espacios especialmente protegidos. Una de las vías que ha explorado el Gobierno es el reconocimiento del valor patrimonial, cultural o etnológico de determinadas construcciones. El objetivo es disponer de nuevos instrumentos para defender su conservación, incluso en casos en los que la normativa estatal de costas plantea dificultades para mantenerlas.
Este planteamiento ha generado interrogantes sobre hasta qué punto el reconocimiento patrimonial puede acabar beneficiando actividades comerciales que no disponen de las autorizaciones necesarias o que ocupan espacios de dominio público. La controversia es especialmente significativa en el caso de los establecimientos de restauración de primera línea de mar, porque la protección patrimonial de una construcción y el derecho a explotar en ella una actividad económica son cuestiones jurídicamente diferentes.
El Estado conserva las competencias sobre el dominio público
El Gobierno balear asumió en julio de 2023 nuevas funciones de gestión y ordenación del litoral, pero este traspaso no supuso la cesión de la titularidad del dominio público marítimo-terrestre, que continúa siendo estatal.
Por tanto, una declaración de valor patrimonial aprobada por la administración autonómica no garantiza, por sí sola, que una construcción pueda continuar ocupando este dominio público si incumple la legislación estatal. La normativa básica de costas y las competencias que conserva el Estado continúan condicionando las autorizaciones, las concesiones y la posibilidad de mantener determinadas instalaciones. Este conflicto competencial ya ha aparecido en otras comunidades autónomas. El ARA Balears ha informado del precedente valenciano, donde el Estado ha recurrido ante el Tribunal Constitucional una normativa con mecanismos de protección de construcciones costeras similares a los que se quieren impulsar en las Islas.
La voluntad de preservar elementos tradicionales del paisaje litoral convive, por tanto, con un debate jurídico sobre los límites de las competencias autonómicas y con otro de carácter ambiental: qué usos se pueden mantener en la costa y bajo qué condiciones.
Las advertencias de los ecologistas
La preocupación por la falta de garantías ambientales ha estado presente durante la tramitación de la ley. Entidades como el GOB y la fundación Marilles han cuestionado diferentes aspectos de la propuesta y han advertido de la necesidad de evitar que la nueva normativa facilite una mayor ocupación de la costa.
Entre las cuestiones planteadas está la necesidad de establecer criterios de capacidad de carga, limitar las actividades en espacios saturados y garantizar que la conservación de los ecosistemas sea una prioridad efectiva en las decisiones administrativas. Precisamente, el artículo que el PP y Vox han suprimido recogía algunos de estos principios, aunque con una formulación general que habría requerido instrumentos concretos para aplicarlos.
El proyecto de ley también regula la distribución de competencias entre el Govern, los consejos insulares y los ayuntamientos, la clasificación de las playas según su grado de protección, las actividades económicas y los servicios de temporada, además de determinadas limitaciones a la navegación. El pasado 10 de noviembre, el PP y Vox ya impidieron que prosperara la enmienda a la totalidad presentada por el PSIB, que cuestionaba la orientación del proyecto y reclamaba que se devolviera al Govern.
El acuerdo alcanzado ahora en ponencia vuelve a poner de manifiesto las tensiones entre los objetivos ambientales que el Govern anunció al presentar la ley y las modificaciones que se introducen durante la tramitación parlamentaria. La trascendencia jurídica definitiva de la supresión dependerá del contenido del resto del articulado y de cómo quede la norma cuando se apruebe. Pero el cambio tiene un significado claro: la futura Ley de costas de las Baleares pierde el artículo que establecía expresamente la necesidad de respetar la capacidad de carga del litoral, evitar su saturación y limitar los impactos de las actividades humanas sobre la costa.