El GOB denuncia que los coches continúan aparcando en Cala Llombards a pesar de una sentencia que avala su prohibición

PalmaLos coches continúan aparcando en la playa de Cala Llombards, en Santanyí, a pesar de que la Demarcación de Costas ya determinó que este uso no está autorizado y que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) haya avalado ahora esta posición. El GOB denuncia que, cuatro años después de iniciar las actuaciones para reclamar el cierre del aparcamiento, la situación sobre el terreno continúa sin cambios.

La entidad ecologista señala directamente tanto al Ayuntamiento de Santanyí como a la Demarcación de Costas. Por un lado, el Consistorio mantiene la señalización que ordena y facilita el aparcamiento; por otro, Costas no ha adoptado, según el GOB, las medidas necesarias para impedir que los vehículos estacionen en un espacio de playa donde la normativa lo prohíbe expresamente.

La cuestión se remonta, como mínimo, a 2018, cuando el GOB denunció la degradación de la zona dunar de Cala Llombards. Aquel febrero, la entidad alertó de la destrucción con maquinaria de unos 300 metros cuadrados de formación dunar situada en el lado norte de la playa. Se trataba de un espacio con hábitat natural de dunas blancas, protegido por la directiva de Hábitats, donde crecen especies como el grama de playa y el lirio de mar. La delimitación posterior de una zona de protección permitió recuperar parcialmente la vegetación, pero el mantenimiento del aparcamiento ha continuado dificultando, según el GOB, la recuperación completa del sistema dunar.

Costas determinó que los coches no pueden aparcar allí

En mayo de 2022, el GOB volvió a denunciar la situación ante Costas, el Ayuntamiento de Santanyí, la Consejería de Medio Ambiente y la Agencia de Defensa del Territorio. La entidad reclamaba que se determinase la legalidad del aparcamiento y que, en caso de ser ilegal, se clausurase el acceso a los vehículos y se restaurase la zona afectada.

La inspección posterior del Servicio de Vigilancia de Costas concluyó que el aparcamiento se encuentra dentro de una superficie catalogada como playa. De acuerdo con el expediente administrativo, esta consideración implica que tanto la circulación como el estacionamiento de vehículos están prohibidos en aplicación del artículo 72.2 del reglamento general de Costas. Costas también constató que no había ninguna autorización vigente para ocupar el dominio público marítimo-terrestre como aparcamiento ni para mantener la señalización y los otros elementos asociados a este uso.

Por ello, en septiembre de 2022 la Demarcación de Costas requirió al Ayuntamiento que clausurase el aparcamiento y retirase las instalaciones y la señalización. El plazo que se le dio inicialmente era de un mes. Ante la negativa municipal, en octubre Costas formuló un nuevo requerimiento, esta vez con un plazo improrrogable de diez días. En aquel escrito, además, Costas anunciaba que instalaría carteles para informar de la prohibición de estacionar en la playa.

El TSJIB da la razón a Costas

El Ayuntamiento de Santanyí recurrió contra las actuaciones de Costas y defendió ante los tribunales que disponía de una autorización concedida en 2018 para señalizar y delimitar las vías de acceso y salida de la playa.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears ha rechazado ahora este argumento. En una sentencia del 8 de mayo de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que la autorización municipal a la que hacía referencia el Consistorio expiró el 13 de marzo de 2022. A partir de aquella fecha, por tanto, el Ayuntamiento ya no disponía de autorización para ordenar y delimitar el tráfico en este espacio del dominio público marítimo-terrestre. El TSJIB ha desestimado así el recurso municipal contra el requerimiento de Costas y ha impuesto también al Ayuntamiento las costas judiciales, con un máximo de 3.000 euros.

Cuatro años después, los coches continúan en la playa

Para el GOB, el problema es que la resolución judicial no ha tenido, de momento, ningún efecto visible sobre el terreno. La entidad recuerda que Costas ya había constatado en 2022 que el aparcamiento no disponía de autorización y había ordenado retirar la señalización. En 2024, ante la persistencia de la situación, el GOB volvió a reclamar públicamente su clausura.

Ahora, con el pronunciamiento del TSJIB, considera que ya no hay margen para mantener la actual situación. La entidad reclama al Ayuntamiento de Santanyí que retire inmediatamente las instalaciones y las señales que permiten y ordenan el estacionamiento y que cumpla el requerimiento de Costas, ahora avalado judicialmente.

Al mismo tiempo, exige a la Demarcación de Costas que haga uso de sus competencias e impida efectivamente el acceso y el estacionamiento de vehículos en la zona de playa, además de señalizar claramente la prohibición y actuar ante los incumplimientos. El GOB considera "injustificable" que, después de cuatro años de denuncias, expedientes administrativos y recursos judiciales, los vehículos aún aparquen en el mismo espacio. La entidad defiende que la recuperación de la zona dunar y la protección del dominio público "no necesitan más expedientes ni más años de espera", sino que las administraciones hagan cumplir la normativa que ellas mismas han determinado.