El Consell no reducirá la capacidad de crecimiento turístico ni la presión en el suelo rústico

PalmaLlorenç Galmés admite que Mallorca "ha llegado al límite y no puede crecer más", pero no modificará los principales instrumentos de planificación territorial y turística que tiene el Consell para frenar este crecimiento. Esta es la contradicción que GOB y Terraferida han señalado después de reunirse este jueves con el presidente insular en el palacio Real. Las entidades han salido con una conclusión clara: "La sensación es la misma que tuvimos con Marga Prohens".

El encuentro se ha convertido en un ping-pong entre las medidas de contención reivindicadas por el Consell y las demandas de cambios estructurales planteadas por los ecologistas. Sin acuerdos sobre ninguno de los cinco grandes asuntos abordados, GOB y Terraferida consideran que la institución no está dispuesta a modificar con suficiente profundidad los instrumentos de ordenación que podrían permitir un cambio de rumbo en Mallorca.

La reunión se enmarca en la ronda de contactos del GOB y Terraferida con los presidentes de las principales instituciones de las Islas Baleares. En representación de las entidades han asistido el presidente del GOB, Joan Moranta; la vicepresidenta, Tonina Siquier, y la representante de Terraferida, Maria Orts. Por parte del Consell, Galmés ha estado acompañado por el consejero de Presidencia, Toni Fuster, y el consejero de Turismo, Guillem Ginard.

Las organizaciones han querido trasladar a Galmés el clamor social que este verano ha salido a la calle para pedir límites al modelo de crecimiento territorial y turístico de Mallorca, y también su "preocupación y disconformidad" con algunas de las principales políticas impulsadas por la institución insular durante este mandato. GOB y Terraferida consideran que el Consell tiene "competencias decisivas sobre algunas de las cuestiones que más condicionan el futuro de la isla", como la ordenación territorial, la planificación turística, carreteras y la gestión de los residuos. "Son instrumentos fundamentales para decidir cuánta presión puede soportar Mallorca y qué modelo territorial queremos", han apuntado.

"No podemos hablar de contención si no utilizamos las herramientas y los instrumentos para hacerlo", ha sido la conclusión de las entidades ante la negativa de Galmés de modificar el PIAT o el Plan Territorial de Mallorca. Para el GOB y Terraferida "renunciar a revisar el principal instrumento insular de ordenación turística significa perder una oportunidad esencial para establecer límites reales a la presión turística y adaptar la planificación a la situación actual de Mallorca".

Decepcionados porque no se modificará el PIAT

El GOB y Terraferida han reprochado a Llorenç Galmés que haya renunciado a modificar el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) a pesar de haberlo anunciado a principios de mandato. "Se han limitado a decirnos que revisarlo llevaría mucho trabajo y tiempo y que lo que harán será intentar reducir las plazas sin tocar el PIAT", ha explicado Siquier. Las cifras expuestas en la reunión situarían la rebaja de 430.000 plazas turísticas a 413.000, lo que las organizaciones ecologistas consideran "claramente insuficiente".

El GOB y Terraferida han planteado que las plazas que vuelven a la bolsa de alojamientos turísticos se eliminen del mercado con el objetivo de que "poco a poco estas casas puedan volver a los circuitos de alquiler de larga estancia", mientras que el Consell aboga por continuar con la fórmula del uno por uno. "En un contexto de saturación turística y crisis residencial, las bajas deberían servir para reducir progresivamente el número total de plazas".

Por su parte, Galmés ha defendido la reducción del techo de plazas turísticas y las actuaciones contra la oferta ilegal como muestra de la política de contención del Consell.

Segundo Cinturón

El GOB y Terraferida también han mostrado a Galmés su oposición a las políticas de ampliación de la capacidad viaria de Mallorca en vez de actuar sobre las causas de la congestión. Ante las críticas de los ecologistas a destinar 350 millones de euros al tramo I del segundo cinturón de Palma, que han calificado "de error", Llorenç Galmés los ha invitado a ver el proyecto con detalle. "Nos ha hablado de la zona verde de un kilómetro que habrá encima del túnel soterrado y de la futura parada del tren de Migjorn", ha asegurado sorprendida Tonina Siquier. Los ecologistas han denunciado que se destine esta cantidad millonaria a una nueva carretera mientras el transporte público es deficitario y está saturado.

Los ecologistas podrían aceptar algunas "mejoras puntuales" en alguna de las rotondas del trazado, pero no el proyecto presentado, que consideran que "solo traerá más tráfico y más urbanización del territorio". En este sentido, advierten que la construcción de nuevas carreteras y la ampliación de las que ya existen “también son una decisión territorial”, ya que acaban condicionando futuros crecimientos de los núcleos urbanos. “En una isla con un territorio limitado, movilidad y ordenación territorial se tienen que planificar conjuntamente”, han dicho.

Ante estas críticas, Galmés ha reivindicado la futura regulación de la afluencia de vehículos y la apuesta del Consell por la movilidad sostenible mediante el Plan de viales cívicos y el Plan de aparcamientos disuasorios.

'No' a blindar el suelo rústico

Uno de los puntos en los que más patente se ha hecho la falta de entendimiento ha sido el relativo a la necesidad de un cambio profundo para impedir que el suelo rústico continúe funcionando como una reserva para nuevos usos residenciales y turísticos. Las entidades reclaman una moratoria inmediata de nuevas viviendas y piscinas privadas en el campo y avanzar hacia la prohibición de las viviendas unifamiliares aisladas.

La vicepresidenta del GOB, Tonina Siquier, ha explicado que las entidades han pedido la derogación del artículo del Plan Territorial que permite construir viviendas en parcelas de 14.000 metros cuadrados y una moratoria para las piscinas de los proyectos nuevos. “El desacuerdo en materia de suelo rústico es total”, ha asegurado.

La campaña Foravila fora grues, impulsada por Terraferida, ha documentado la artificialización de 546 hectáreas de suelo agrario y forestal entre 2021 y 2024. Además, entre 2015 y 2024 se construyeron 10.680 piscinas nuevas en Mallorca, cerca de un tercio de las cuales en suelo rústico. Ante las dudas expresadas sobre los datos, Terraferida se ha ofrecido a presentar al Consell el estudio completo y la institución ha aceptado abordarlo. “Nos encantaría volver al Consell y mostrarles específicamente estos datos, porque es la Administración que tiene las competencias más directas y puede actuar más rápidamente para blindar el suelo rústico”, ha remarcado Siquier.

Las entidades defienden que la revisión del Plan Territorial Insular y el desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial deben reducir la capacidad de construir en el campo y reforzar su función agraria y ecológica. Advierten que la suma de miles de pequeñas actuaciones está transformando Mallorca “casa a casa, piscina a piscina y carretera a carretera” y reclaman priorizar la rehabilitación y la reutilización de lo que ya está construido.

El presidente del Consell ha contrapuesto a estas demandas la decisión de eliminar 10.000 hectáreas de suelo rústico de las zonas aptas para instalar parques fotovoltaicos, una medida que la institución presenta como un paso en la protección del territorio.

"Tirme es un monstruo ingobernable"

GOB y Terraferida han expresado también al presidente del Consell el rechazo al traslado de los residuos de Ibiza a Son Reus autorizado este verano. Consideran que incinerarlos en Mallorca no resuelve el problema, sino que lo desplaza y consolida un modelo basado en la quema.

Tonina Siquier, vicepresidenta del GOB, ha recordado que la entidad ya se oponía a la incineración en los años noventa. “Tirme es un monstruo ingobernable que cada vez necesita más residuos para funcionar”, ha advertido. Siquier considera que, si Ibiza debe exportar los residuos, es porque no tiene resuelta su gestión, una situación vinculada también a la elevada actividad turística.

Las entidades reclaman priorizar la reducción, la reutilización y el reciclaje: “La mejor política de residuos no es encontrar más para quemar, sino generar menos”.

Reclaman una respuesta al clamor del 26-J

Ante todos los puntos expuestos, GOB y Terraferida han reclamado al presidente del Consell medidas concretas para reducir la presión turística, urbanística y automovilística de Mallorca. Las entidades consideran contradictorio hablar de contención mientras se mantienen plazas turísticas, se permite construir en suelo rústico y se proyectan infraestructuras como el segundo cinturón.

Con todo, Tonina Siquier ha valorado positivamente la futura limitación de la entrada de vehículos, aunque considera que “llega tarde”. “La saturación continuará si no ponemos límites a la construcción, y esto perjudica la calidad de vida de los mallorquines”, ha advertido.

Según Siquier, el presidente ha reconocido que las generaciones futuras tendrán muy difícil continuar viviendo en Mallorca, pero las entidades no ven esta preocupación traducida en políticas efectivas.

El presidente del Consell de Mallorca ha valorado positivamente el encuentro y ha señalado que “a diferencia de gobiernos anteriores que eran muros infranqueables, ahora tenemos las puertas abiertas a todo el mundo, porque creemos en el diálogo y la escucha activa”.