Ecologistas reclaman a la Sindicatura que actúe ante las tarifas de Tirme

PalmaLa plataforma No a la importación de residuos ha presentado una queja ante la Sindicatura de Cuentas de Baleares por las tarifas de Tirme y ha reclamado que el Consell de Mallorca aplique las recomendaciones de un informe de control financiero sobre la concesionaria del tratamiento de residuos. La entidad ha tramitado la queja a través de la Asociación de Vecinos de Son Sardina tras la publicación del informe definitivo del Servicio de Control Financiero del Consell sobre la revisión de la tarifa del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

El documento refleja que Tirme obtuvo unos beneficios de 32,6 millones de euros en 2024 y advierte de desequilibrios estructurales e indicios de rentabilidad excesiva en la concesión, ha detallado la plataforma en un comunicado.

Según la organización, el informe también cuestiona las distribuciones elevadas de dividendos y determinadas operaciones intragrupo, y también unos incrementos tarifarios que superan los costes reales del servicio y la aplicación del IPC a la inversión en infraestructuras.

Además, ha destacado que el Consell ha aportado 103,5 millones de euros extraordinarios desde finales de 2023 para contener y regularizar las tarifas, unas aportaciones que quedan “seriamente cuestionadas” por las conclusiones del documento.

La plataforma ha pedido que la Sindicatura inste a la institución insular a revisar el contrato y promover una nueva licitación, así como a encargar una auditoría independiente sobre los activos de la concesionaria, sus créditos y las operaciones intragrupo.

También ha reclamado limitar temporalmente los dividendos, los préstamos intragrupo y otras salidas de recursos, aplicar la limitación del IPC a las amortizaciones y supervisar el proceso para garantizar su transparencia y legalidad.

La presidenta de la asociación vecinal y portavoz de la plataforma, Agustina Fernández Periago, ha expresado su “perplejidad e indignación” por una situación que considera perjudicial para la ciudadanía y ha advertido del riesgo de deterioro del servicio y de una mayor presión tarifaria si no se actúa. “No queremos que esto quede en un informe cerrado en un cajón”, ha afirmado.