Cort pide a la justicia que prohíba la nueva acampada por la vivienda

PalmaEl Ayuntamiento ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares por autorizar la nueva acampada por la vivienda instalada en la plaza de España y ha pedido a la justicia que la prohíba de manera cautelar. En una rueda de prensa, el portavoz adjunto en Cort, Llorenç Bauzá, ha acusado a la administración estatal de legitimar una ocupación indefinida del espacio público y omitir la audiencia al Consistorio en la tramitación de las comunicaciones de los promotores.

“La Delegación nos ha dejado solos y totalmente desamparados”, ha afirmado el concejal de Seguridad Ciudadana en su intervención, en la que ha denunciado la falta de colaboración para que la Policía Nacional actúe junto con la Policía Local en la nueva acampada en la céntrica plaza de la ciudad.

Según el balance municipal, este jueves había 24 tiendas de campaña en la plaza de España y se levantaron seis actas. “El problema es la ocupación indebida del espacio y el incumplimiento del marco que nos ampara”, ha remarcado.

En su intervención, Bauzá ha recordado que la primera acampada, iniciada el 28 de septiembre, excedió las condiciones y el plazo comunicados a la Delegación del gobierno español. El Consistorio retiró las tiendas y otros elementos el 4 de noviembre, aplicando las ordenanzas municipales, pero la plaza se volvió a ocupar el día 11, después de la manifestación que llevó a la calle a unas 45.000 personas.

Bauzá ha precisado que el recurso interpuesto este viernes hace referencia a la comunicación que la Delegación trasladó al Ayuntamiento aquel mismo día, atribuida al promotor de la primera concentración, para instalar en la plaza un número indefinido de tiendas.

Los servicios jurídicos municipales consideran que no se justificó la urgencia ni se dio audiencia al Ayuntamiento. El Consistorio ya había requerido el 10 de noviembre a la Administración General del Estado que cesara las actuaciones que cuestiona en relación con las comunicaciones anteriores, ha incidido Bauzá.

Cort defiende que los promotores incurren en un presunto fraude de ley al usar el derecho de reunión para eludir las ordenanzas y ocupar el dominio público municipal. “El derecho de reunión y manifestación es plenamente respetado por este Ayuntamiento, pero no se puede convertir en un instrumento para justificar ocupaciones indefinidas del espacio público”, ha declarado Bauzá.