El activista estadounidense detenido en Ibiza pasa a disposición de la Audiencia Nacional
El empresario y activista norteamericano es miembro de una de las grandes fortunas de los Estados Unidos y conocido por su activismo a favor de la causa palestina
PalmaEl activista estadounidense James 'Fergie' Cox Chambers, detenido en Ibiza, ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional, que será el tribunal encargado de decidir sobre el expediente de extradición. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares (TSJIB), el juzgado de guardia puso a James 'Fergie' Cox Chambers a disposición de la Audiencia Nacional por videoconferencia y, por el momento, no tendrá que ir a los juzgados de Ibiza presencialmente.
Chambers fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos en cumplimiento de una orden internacional de detención. Al día siguiente de su detención, la Audiencia Nacional denegó su solicitud de libertad bajo fianza y continúa en prisión.
James Cox 'Fergie' Chambers Jr. es miembro de una de las grandes fortunas de Estados Unidos y conocido por su activismo a favor de la causa palestina. Ahora mismo continúa detenido de manera provisional en Ibiza después de ser arrestado el sábado en cumplimiento de una orden internacional de detención.
Según han confirmado fuentes del caso a EFE, Chambers Jr. fue detenido en la isla, pero, por el momento, no han trascendido ni los delitos que se le atribuyen. Chambers forma parte de la familia propietaria del conglomerado empresarial Cox Enterprises, una de las fortunas más grandes de Estados Unidos, y en los últimos años ha destacado por su activismo político de izquierdas y su apoyo público a la causa palestina.
Podemos reclama que no sea extraditado
A raíz de la detención, Podem Illes Balears ha reclamado este lunes que España rechace una eventual extradición de Chambers a los Estados Unidos, al considerar que la petición respondería a una persecución política.
La coordinadora autonómica del partido, Lucía Muñoz, ha acusado a la administración de Donald Trump de intentar "extender más allá de sus fronteras la persecución contra quien denuncia el genocidio en Gaza y apoya la causa palestina".
Muñoz ha defendido que España "no puede ser cómplice" de esta situación y ha reclamado que cualquier decisión judicial se tome con todas las garantías de respeto a los derechos humanos, sin que pueda servir "para reprimir el activismo y la solidaridad internacional".
"La solidaridad no es un delito", ha afirmado la dirigente de Podem, quien ha advertido que cada vez son más frecuentes los intentos de asociar la defensa de Palestina con la actividad criminal.
La formación también ha alertado que una eventual extradición podría establecer "un precedente gravísimo" para los derechos y las libertades democráticas.
Por ahora, Chambers continúa bajo arresto provisional mientras se tramita el procedimiento judicial derivado de la orden internacional de detención. Los detalles sobre las acusaciones que motivan su detención aún no se han hecho públicos.
Los familiares denuncian "persecución política"
La familia de Chambers ha denunciado este lunes que la petición de extradición responde a una "persecución política" impulsada por la administración de Donald Trump a raíz del activismo del empresario en favor de la causa palestina. En un comunicado, asegura que la acusación más grave hace referencia a un presunto financiación de la resistencia palestina, una imputación que considera "fabricada" y basada en transferencias económicas que Chambers habría hecho a Túnez, donde residía y desarrollaba proyectos empresariales y de patrocinio deportivo.
Según la familia, tras vender su participación a Cox Enterprises en 2023, Chambers habría destinado buena parte de su patrimonio a iniciativas de solidaridad internacional, entre las cuales más de un millón de libras en proyectos humanitarios en Gaza. Su pareja, Stella Schnabel, sostiene que el empresario es perseguido "por utilizar su fortuna para dar apoyo a Palestina" y ha hecho un llamamiento a juristas, representantes políticos y entidades para que se movilicen, coincidiendo con la vista judicial prevista este jueves, en la que se revisará la prisión provisional. Las autoridades españolas continúan sin informar de los delitos concretos que fundamentan la petición de extradición y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tampoco ha hecho pública ninguna acusación formal.
