La Moncloa veta la cogestión de los aeropuertos porque reduciría “los ingresos de Aena”

PalmaEl gobierno español veta la cogestión aeroportuaria alegando que podría perjudicar económicamente a Aena. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes envió este viernes un texto a la Mesa del Congreso en el que se niega a permitir que la propuesta de ley para que las Islas puedan decidir sobre sus aeropuertos se tramite. Argumenta que esto provocaría una caída de los “ingresos aeronáuticos de Aena”. Con el escrito, el ejecutivo de Pedro Sánchez dice ‘no’ a la iniciativa que permitiría a las Islas intervenir en la gestión de las llegadas en un contexto de masificación turística.

En el documento, el Ministerio expone, a partir de los datos de 2026, estimaciones de la magnitud de las pérdidas económicas si se diera opción a las Islas de formar parte de la gestión de sus aeropuertos, lo cual, según Presidencia, les permitiría decidir sobre los precios de los billetes y el número de pasajeros. En un primer escenario, se basa en las tarifas aeroportuarias y expone que Aena, gestor de la red, podría dejar de ingresar 32,9 millones de euros, hecho que provocaría que los dividendos que recibe el Estado (propietario del 51% de las acciones) disminuyeran en más de 8,3 millones de euros. En un segundo escenario, que calcula a partir del tráfico de pasajeros, considera que la empresa dejaría de ingresar 32,5 millones de euros. Esta cifra es la suma de una “disminución de los ingresos aeronáuticos” de 20,5 millones y de 11,9 millones de los ingresos comerciales. En este caso, el recorte en los dividendos del Estado sería de 5,1 millones de euros. En ambos supuestos, el Ministerio considera que los cambios en la gestión de las infraestructuras afectarían negativamente al patrimonio de Aena y a su valor en bolsa.

En paralelo, el Ministerio apunta que la proposición de ley que impulsó MÉS per Mallorca puede vulnerar competencias exclusivas del Estado y poner en riesgo la estabilidad financiera y operativa de la red aeroportuaria. “Separarse de los criterios que deben regir en la planificación de las inversiones para la optimización del sistema aeroportuario en conjunto generaría ineficiencias, duplicidades y gastos adicionales”, expone en el texto. Además, defiende que el modelo centralizado garantiza la “solidaridad” entre territorios y la conectividad.

Por todo ello, ejerce un “veto gubernamental” sobre la proposición de ley. Dado que afecta a competencias estatales, la iniciativa debe tramitarse en el Congreso. Pero como no dispone de la conformidad gubernamental, no puede continuar su proceso parlamentario. Así, queda suspendida de facto cualquier posibilidad de debate o votación en el Congreso, salvo que la Mesa de la Cámara, basándose en criterios técnicos y jurídicos, decida levantar este veto.

MÉS reclama a Armengol que actúe

Es por eso que MÉS per Mallorca ha reclamado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que mueva ficha. Según el Artículo 134.6 de la Constitución, toda proposición o enmienda que implique un aumento de créditos o una disminución de ingresos presupuestarios requiere la conformidad del gobierno español para tramitarse. Con todo, los ecosoberanistas creen que el gobierno español se agarra a esta potestad para bloquear la iniciativa de manera extemporánea. “Se inventan un perjuicio económico para justificar una decisión política”, criticó el diputado de MÉS per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal. En el mismo sentido, el diputado autonómico del partido, Ferran Rosa, considera que el Estado no puede vetar proposiciones de ley que tengan impacto sobre presupuestos “futuros o intangibles”. El hecho de que impida la tramitación de la iniciativa de acuerdo con una estimación sobre su impacto económico en 2026, cuando seguramente, se aprobaría más adelante, “ya se extralimita y vulnera derechos políticos”, considera. En el mismo sentido, critica que el gobierno de España atribuya posibles reducciones de ingresos “al hecho de que el Govern, consejos insulares y ayuntamientos puedan opinar sobre el techo de vuelos”.

Durante la tramitación de la norma en el Parlament, el PP votó a favor, como también Més per Menorca, mientras que el PSIB y Unides Podem se abstuvieron alegando que podía colisionar con competencias del Estado, y solo Vox votó en contra. La propuesta se enmarca en el debate sobre la masificación turística: los ecosoberanistas defendieron que, si se quiere limitar el número de llegadas, la Comunidad debe poder decidir sobre los vuelos que llegan a las Islas. Entre enero y julio de 2026, el aeropuerto de Palma recibió 19,6 millones de pasajeros, según los datos de Aena. Tras el veto de la Moncloa, la decisión queda en manos de la Mesa del Congreso. “Armengol tendrá que decidir si defiende el derecho de las Islas a debatir sobre sus aeropuertos”, dijo el coordinador general de MÉS, Lluís Apesteguia.

El Govern evitó valorar el texto del Ministerio. En rueda de prensa, la vicepresidenta segunda, Antònia Estarellas, dijo desconocer “los detalles”. Con todo, defendió la cogestión. “Nosotros apostamos por esta ley y esperamos que salga adelante”, dijo.